El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko
Durante casi tres décadas, el gobierno de Alexander Lukashenko ha sido denunciado por violaciones a los derechos humanos y represión. Presidente de Bielorrusia desde 1994 y reelegido en 2020 en elecciones que fueron calificadas de fraudulentas, ha sido apodado “el último dictador de Europa”. Aliado esencial de su vecino Vladimir Putin, está convencido, como la mayoría de los autócratas, de que puede violar impunemente todas las reglas que rigen las relaciones internacionales.
En vísperas de las elecciones de 2020, en las que obtuvo la reelección, varios dirigentes opositores fueron encarcelados. El resultado electoral permitió la consolidación de la dictadura, junto con el mensaje de que cada vez se respetarían menos las libertades en Bielorrusia.
Con ese espíritu autoritario, Lukashenko ha declarado ilegales a todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) opositoras, a las que acusó de recibir financiación extranjera y de preparar un golpe de Estado en el país. “No hay perdón para los traidores”, ha sido su principio rector.
No conforme con eliminar a las ONG, el mandatario se centró en los funcionarios y afirmó que Bielorrusia necesita más que nunca ser un país monolítico, con dirigentes que cumplan bien sus funciones, advirtiendo que hay muchos que asumen posiciones antigubernamentales.
En los últimos días se produjeron otros acontecimientos que dan cuenta de su irracionalidad y su intolerancia hacia quienes piensan distinto. Un tribunal de Minsk, la capital de Bielorrusia, condenó al Nobel de la Paz Alés Bialiatski a diez años de prisión, tras considerarlo culpable, junto a otros activistas de derechos humanos, como Valentin Stefanovitch y Vladimir Labkovitch, del financiamiento de acciones colectivas que atentan contra el orden público.
Bialiatski fue el cuarto en la historia de los Nobel en recibir el premio en prisión.
Otro tribunal condenó en ausencia a 15 años de prisión a la principal opositora, Svetlana Tijanovskaya, exiliada en Lituania a causa de la represión ejercida por el régimen, tras postularse a la presidencia en 2020. Durante el proceso, calificado de “farsa”, Tijanovskaya enfrentó una decena de acusaciones, incluyendo cargos por conspiración para tomar el poder de forma inconstitucional.
A pesar del aluvión de sanciones occidentales que siguieron a la fraudulenta victoria de Alexander Lukashenko en las elecciones presidenciales de hace tres años, el dictador de Bielorrusia sigue reprimiendo la disidencia política, y ya hay más de 1400 presos políticos.
