Desmantelar las instituciones para asegurar impunidad

La deserción de la Oficina Anticorrupción como querellante en causas penales solo puede entenderse como parte de un plan para proteger a los corruptos

Con argumentos disparatados que esconden la inconfesable finalidad de garantizar impunidad a dirigentes kirchneristas, la Oficina Anticorrupción (OA) resolvió que dejará de intervenir como querellante en las causas penales que investigan a funcionarios y exfuncionarios públicos.

Se trata de una decisión que no debería sorprender, por cuanto desde el principio de su gestión esa oficina dependiente del Poder Ejecutivo Nacional había dado señales de que desertaría de colaborar con la Justicia en cuestiones que involucraran a exfuncionarios de las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner en hechos de corrupción.

Ya en mayo pasado, el organismo que, desde la llegada de Alberto Fernández al poder, conduce Félix Crous dio un paso crucial en ese sentido al abandonar su papel de querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, en las cuales se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero de la familia Kirchner mediante la actividad hotelera.

Del mismo modo, la OA había dejado de ser acusadora en la causa que se le seguía por presunto enriquecimiento ilícito al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Dado que la OA había sido la única que oportunamente apeló el sobreseimiento del exfuncionario, el fallo quedó firme y se procedió a cerrar el caso.

Con la decisión adoptada, el organismo dejará de estar involucrado en 32 causas judiciales, de las cuales 28 comprometen a funcionarios de los sucesivos gobiernos kirchneristas y otras cuatro corresponden a la gestión de Carlos Menem. La vicepresidenta Cristina Kirchner figura como acusada en seis de las causas de las que desistirá la OA. Ricardo Jaime, Romina Picolotti, Amado Boudou, Arturo Puricelli, Julio De Vido, Aníbal Fernández, Carlos Liuzzi, Germán Nivello, Roberto Baratta, Juan Manuel Abal Medina y César Milani son solo algunos de los exfuncionarios procesados en las distintas causas en las que el organismo actuaba como querellante.

Crous, un exfiscal que es referente y fundador de la agrupación Justicia Legítima, disolvió el área de investigación de la OA, que impulsaba los litigios contra funcionarios a quienes se les imputaban delitos contra el Estado. Se trata de una decisión ilegal por el hecho de que la norma que creó este organismo le asignó, entre otras funciones, la de constituirse en parte querellante en los procesos en los que se encuentre afectado el patrimonio del Estado.

Además, la ley por la cual el 10 de diciembre de 1999 se creó la Oficina Anticorrupción le concedió, en forma concurrente con la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas –hoy transformada en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)–, la competencia de denunciar ante la Justicia los hechos que, como consecuencia de sus investigaciones, sean considerados delitos, y de poder asumir, en cualquier estado de la causa, el ejercicio directo de la acción pública, cuando los fiscales competentes tuvieran un criterio contrario a la prosecución de la acción.

El actual titular de la OA consideró "redundante" que el organismo oficie de acusador en las causas penales, al tiempo que alegó limitaciones presupuestarias para seguir desarrollando esa tarea que la ley vigente le encomienda. Su determinación de desmantelar el área que se encargaba de los litigios fue acordada con el presidente de la Nación.

Llama la atención que se esgriman razones de falta de personal para llevar a cabo el rol de querellante en las causas penales contra funcionarios públicos cuando en otros ámbitos del Estado existe una superpoblación de agentes y, sin ir más lejos, ha trascendido que la titular de la Defensoría del Público dispondrá próximamente de unos 140 nuevos empleados para el desarrollo del cuestionado Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales (Nodio).

Queda a la vista que, detrás de estas medidas, solo existe un plan sistemático de desmantelamiento institucional para asegurar la impunidad. Tanto haciendo la vista gorda frente a los posibles delitos contra el patrimonio del Estado por parte de funcionarios como ejerciendo presiones sobre jueces, fiscales, periodistas y medios de comunicación independientes.