Dilemas de la oposición republicana

El inesperado triunfo de Javier Milei, con votos de una amplia mayoría, ha descolocado a las agrupaciones de centro creando dilemas de difícil resolución. Los tres partidos que conforman Juntos por el Cambio pusieron el pecho durante toda la “década ganada” a los avances del kirchnerismo cuando pretendía “ir por todo”. Denunciaron la corrupción y también se opusieron a la ley de medios, a la “democratización de la Justicia”, a la expropiación de Vicentin y de Ciccone, a la intervención de empresas mediante una ley de mercado de capitales, al pacto con Irán y a la impunidad por el asesinato del fiscal Alberto Nisman, a la reforma del Consejo de la Magistratura y a tantos intentos de demoler la división de poderes, remover a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia o al procurador general y eliminar la libertad de prensa. No les corresponde, por tanto, recibir el calificativo de “casta”, pues, sin el esfuerzo denodado de esas tres fuerzas, la Argentina sería hoy como Venezuela.

Ahora el Gobierno pretende introducir reformas profundas en distintas materias, con énfasis en lo económico para reducir el gasto, detener la inflación y eliminar la pobreza mediante un programa que, para generar confianza, requiere del apoyo político que logre en el Congreso. Y allí se plantea el dilema que da título a esta columna editorial pues, así como JXC supo enfrentarse al kirchnerismo cuando se afectaban principios republicanos, sus miembros socialdemócratas (UCR y la Coalición Cívica) y el peronismo federal acompañaron muchas de las medidas de intervención estatal y mayor gasto público que ahora el DNU y la ley ómnibus de Milei pretenden revertir.

Por más que se critique la forma en que el Presidente ha planteado su estrategia legislativa, la realidad es que nunca, en los últimos 20 años, ningún espacio político se ha atrevido a atacar frontalmente el escandaloso déficit fiscal y su secuela de inflación y pobreza

La Libertad Avanza carece de mayorías suficientes para lograr los cambios que prometió en su campaña y sabe que en el recinto legislativo no solamente enfrenta a la izquierda cerril y al kirchnerismo, sino también a fuerzas que prometen apoyo crítico, pero cuyas convicciones no comparten el ideario libertario. Adam Smith les da alergia y el mote “neoliberal”, un paro cardíaco. En una incómoda estrategia para diferenciarse de marxistas y camporistas, optan por plantear objeciones formales que, mal manejadas, podrían conducir al fracaso del programa.

Al aceptar el debate legislativo para dar sustentabilidad a su proyecto, los dirigentes de LLA no pueden olvidar que casi todas las leyes económicas sancionadas durante los períodos 2003-2015 y 2019-2023 fueron apoyadas por muchos de quienes ahora deberían actuar como aliados y votar reformas revirtiendo lo que antes respaldaron.

En esa larga lista está la derogación de la ley de flexibilidad laboral o “ley Banelco” del gobierno de la Alianza, exigida por Hugo Moyano (2004); la estatización de las AFJP acompañando a Amado Boudou en su maniobra para financiar el gasto público desfondando el sistema jubilatorio (2008); la ratificación del traspaso de Aerolíneas Argentinas al Estado (2008) mediante el pago de “un peso” al grupo Marsans (que luego fueron US$ 320 millones por fallo del Ciadi); la xenófoba ley de tierras, que priorizaba a los Lázaro Báez sobre inversores genuinos como el filántropo Douglas Tompkins que donó miles de hectáreas para parques nacionales; la ley de medicina prepaga (2011), que destruyó el sistema privado de salud al tratarlo como servicio público remachándolo luego con un centenar de leyes y sentencias judiciales fijando prestaciones obligatorias sin compensación alguna y la torpe expropiación de YPF (2012) cuando muchos diputados (con ausencias significativas) apoyaron a Axel Kicillof en su “viveza” adolescente que ahora implica más de US$ 16.000 millones de deuda externa al erario público.

La oposición republicana debe comparar la actual situación con la de las últimas dos décadas y preguntarse si, cuando acompañó al gobierno en medidas económicas que hundieron al país, tuvo iguales pruritos institucionales como los que ahora le quitan el sueño al discutir los proyectos libertarios

Tampoco olvidan la actitud de Elisa Carrió durante la gestión de Mauricio Macri cuando se aumentaron tarifas para reducir la emisión monetaria, al decir: “no comparto ajustes brutales de agua, gas y transporte en medio de tan alta inflación” (2016). La entonces diputada, como alternativa para combatirla, impulsó la inútil ley de góndolas (2020) mientras legisladores de su espacio apoyaron la creación del aún más inoperante Observatorio de Precios (2022). No olvidan tampoco que el actual presidente del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau, fue autor de la malograda resolución 125 (2008), que motivó el malhadado conflicto con el campo. Hasta la pésima ley de alquileres que hizo retraer la oferta de inmuebles durante tres años fue impulsada por Juntos por el Cambio. Entretanto, el gasto público continuó creciendo con la moratoria previsional de 2014 apoyada por Cambiemos, que se opuso con sensatez a su renovación en 2023, pero el daño ya estaba hecho. Si la seguridad social absorbe casi el 70% del gasto público, es difícil concebir una estabilización que no contemple la canilla abierta por aquellas irresponsables moratorias.

En la actual coyuntura, al descartarse la emisión monetaria para financiar el gasto público, se pone de manifiesto el drama que implica seleccionar prioridades presupuestarias. La mentalidad argentina está acostumbrada a contar con la inflación para superar esa restricción y lograr que dos más dos sean cinco, cargando la diferencia a cuenta de mayor pobreza. Pero, sin emisión, las alternativas están sobre la mesa y no bajo el mantel: sin posibilidad de recurrir a la Casa de Moneda, cada espacio político debe sincerar sus convicciones y expresar sus prioridades.

En el umbral de una hiperinflación creada por el terceto saliente, es esencial cambiar las expectativas y generar confianza en el corto plazo

Durante los debates en comisiones del Congreso, representantes de distintos sectores productivos y de diferentes regiones del país han expresado su preocupación por el daño que provocarán a sus actividades ciertos ajustes previstos en la ley ómnibus. Son planteos legítimos y, en muchos casos dramáticos. Pero, en la crisis actual, el déficit fiscal transforma cualquier puja distributiva en una sábana corta. Si bien el dinero es fungible, cualquier recorte debe ponderarse frente a la necesidad de financiar la educación, la salud o las jubilaciones.

Son dilemas difíciles para la oposición republicana, pues existe una creencia generalizada de que los precios relativos (aumentos de tarifas y transporte, básicamente) deben recién corregirse cuando la población tenga ingresos suficientes para abonarlos y no antes. Asimismo, que las jubilaciones no deben licuarse aun cuando “no haya plata” sin reconocer que se trata de un sistema desequilibrado, donde solo aporta un activo y medio por cada pasivo (cuando deberían ser cuatro) en razón de que la mitad ingresó por moratorias y no realizó aportes.

Por más que se critique la forma en que la LLA ha planteado su estrategia legislativa la realidad es que nunca, en los últimos 20 años, ningún espacio político se ha atrevido a encarar frontalmente el escandaloso déficit fiscal y su secuela de inflación y pobreza. Y ninguno propuso reformas profundas para atacar el costo argentino y mejorar la productividad del esfuerzo local, indispensable para competir en el mundo y financiar derechos. Ese es el planteo de la LLA, que votó la mayoría de la población y que ya no es intercambiable por otros partidos, otras plataformas u otros candidatos.

La oposición republicana debe comparar esta situación con los últimos 20 años y preguntarse si, cuando acompañó al gobierno en medidas económicas que hundieron al país, tuvo iguales pruritos institucionales como los que ahora le quitan el sueño al discutir los proyectos libertarios. En el umbral de una hiperinflación creada por el terceto saliente, es esencial cambiar las expectativas y generar confianza en el más breve plazo. Con tantos años de experiencia política, sus lideres deberían aprovechar que Milei está dispuesto a asumir todos los costos de esos ajustes y subirse a la ola de la transformación llevando al país a la costa de la normalidad, sin arriar sus banderas históricas. En ello están en juego sus propios futuros como partidos democráticos, pues si esta alternativa fracasa, el país se parecerá más a la tosquera de González Catán que a la Plaza del Congreso.