El asedio al procurador general

La embestida contra el doctor Casal por parte de quienes actúan preocupados por su independencia constituye una agresión a los principios republicanos

Otra de las arteras maniobras con las cuales el oficialismo busca fulminar a los organismos de control es apartar a Eduardo Casal como procurador general de la Nación. El prolongado y constante asedio sobre Casal constituye un nuevo avasallamiento a la independencia del Ministerio Público, que una y otra vez repite el partido gobernante.

En una reciente nota de opinión publicada en LA NACIÓN, Rogelio Alaniz recordaba una famosa frase de Juan Domingo Perón, dicha al comenzar su primer gobierno y antes de promover el juicio político a la Corte Suprema: "Pongo el espíritu de justicia por encima del Poder Judicial". Se trataba de la antesala de la remoción de los jueces del máximo tribunal y también del entonces procurador general Juan Álvarez. Muchos años después, pero fiel a la misma doctrina, Carlos Menem logró desalojar a Andrés D’Alessio de la Procuración General. Poco le importaron la trayectoria y el desempeño de este como miembro del tribunal que había juzgado a las juntas militares. Sin preámbulos, le exigió la renuncia.

La ampliación de la Corte Suprema de cinco a nueve integrantes y el pedido de renuncia al procurador pusieron en evidencia la intención del gobierno de Menem de someter a la Justicia. Para rescatarla de su desprestigio, en el Pacto de Olivos se acordó que sería reforzada la independencia de la Procuración General. La reforma constitucional de 1994 dedicó un nuevo capítulo al Ministerio Publico y a su titular, el procurador general, garantizando su independencia y autonomía funcional.

Los debates de la Convención Constituyente pusieron de manifiesto la importancia de resguardar al Ministerio Publico y al jefe de los fiscales de los intentos de avasallamiento de los poderes políticos. Se trata de un órgano que ostenta una posición constitucional de máxima relevancia y jerarquía, ya que entre sus funciones figura enfrentar la corrupción.Una misión alejada de los desvelos del actual oficialismo, que ha puesto en marcha un plan de impunidad para la multiprocesada vicepresidenta Cristina Kirchner.

El ADN del oficialismo se expresa en un recurrente intento de buscar personas leales que no pongan límites ni vigilen sus acciones

Más allá de que la reforma constitucional de 1994 tuvo como uno de sus propósitos reparar el daño provocado con la ampliación de la Corte y la presión contra D’Alessio, en 2012 un nuevo escándalo, signado por el caso Ciccone, determinó que Esteban Righi fuera forzado a renunciar como procurador general. En una conferencia de prensa convocada en el Senado de la Nación, el entonces vicepresidente Amado Boudou lo denunció públicamente por tráfico de influencias. El denunciado se transformó en denunciante. La renuncia de Righi fue inmediatamente aceptada y ese destrato no fue reparado. Años después, Boudou fue condenado por un tribunal oral federal y la Cámara de Casación confirmó esa decisión. Más allá de la situación de Boudou, es necesario destacar la presión política que pesa sobre quien, entre sus funciones, tiene la de indagar hechos de corrupción. Debe investigar los ilícitos del poder y este no se resigna. Para combatir la impunidad es imprescindible fortalecer el papel institucional que la Constitución asignó a los fiscales.

Ambos casos tuvieron un triste antecedente: en 1995, el procurador general de Santa Cruz Eduardo Sosa fue inconstitucionalmente separado de su cargo por el poder político, dominado por Néstor Kirchner. Y nunca fue restituido en esa función, pese a las órdenes del máximo tribunal de la Nación.

Hoy el perseguido es Eduardo Casal, quien llegó al cargo luego de desempeñarse como procurador ante la Corte Suprema desde 1992. Por imperio de la ley, la renuncia de Alejandra Gils Carbó determinó que fuera nombrado en forma interina en el cargo. ¿Qué quiere decir que su nombramiento es interino? Significa que será reemplazado cuando el Senado nombre un nuevo procurador general. Mientras tanto, lo amparan las mismas garantías debido a que se debe preservar su independencia.

Como no cuenta aún con los dos tercios necesarios en el Senado para nombrar a su candidato, Daniel Rafecas, el oficialismo ha optado por una segunda opción: obtener la renuncia de Casal. Con esa finalidad, ha organizado un hostigamiento sistemático contra él. Apunta a que su cargo sea ocupado por Víctor Abramovich, quien cuenta con el aval de Cristina Kirchner.El ADN del oficialismo expresa un recurrente intento de buscar personas leales que no pongan límites ni vigilen sus acciones.

El procurador general solamente puede ser removido si se lo encuentra responsable luego de la eventual actuación del tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público

Con antecedentes intachables, Casal se desempeñó como fiscal ante la Corte durante 25 años. Los cuestionamientos desde el peronismo aparecieron cuando debió asumir como jefe de los fiscales. Por esa posición fue convocado y tratado duramente en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, que evalúa promoverle varios pedidos de juicio político.

Solamente puede ser removido si se lo encuentra responsable luego de la eventual actuación del tribunal de enjuiciamiento del Ministerio Público.

Para llevar a cabo con éxito su plan, el oficialismo optó por colocar figuras políticas en aquel tribunal, lo que permite anticipar la suerte de Casal. A fines de agosto, el presidente Alberto Fernández nombró representante del Poder Ejecutivo ante el tribunal de enjuiciamiento a Héctor Recalde, una de las voces más duras del kirchnerismo. El Senado designó velozmente, y en una suerte de operación de pinzas, a César Grau, como titular, y a Heliana Magalí Gualtieri, como suplente, en el tribunal de enjuiciamiento, lo cual fue observado como parte de la estrategia tendiente a contar con los votos necesarios para desplazar al procurador general.

Quienes promueven la salida del procurador solo buscan la subordinación política de jueces y fiscales para garantizar la impunidad de exfuncionarios kirchneristas y amigos del poder

Una interpretación razonable de la Constitución, fundada en los valores que se pretendió concretar mediante la incorporación del Ministerio Público como órgano extrapoder, para resguardar su independencia, determina que Casal no pueda ser juzgado según el cargo que desempeñó, sino por su actual posición. El interinato supone el pleno ejercicio del cargo hasta que resulte reemplazado por quien obtenga la aprobación del Senado.

Por lo pronto, el asedio del que es objeto Casal por parte de quienes actúan preocupados por su idoneidad, honestidad e independencia violenta los principios republicanos y la Constitución misma. Solo busca la subordinación política de jueces y fiscales para garantizar la impunidad de exfuncionarios kirchneristas y amigos del poder.