El desafío de privatizar medios públicos

En los países desarrollados –Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania y Japón, por nombrar solo unos pocos– se da una feliz convivencia entre medios de comunicación públicos y privados.

Ocurre que en esas y otras naciones, está bien clara la diferencia entre lo estatal y lo gubernamental, y entonces hasta se diría que aquellos en poder del Estado tienen una valiosa razón de ser. En efecto, hay infinidad de temas que pueden no ser de interés para desarrollar por empresas de comunicación privadas, ya sea por motivos editoriales, porque resulten poco rentables o porque no garanticen una alta audiencia.

Asuntos institucionales, educativos y científicos; elevados debates filosóficos o literarios, programas de apoyo escolar, repertorio de obras clásicas de la dramaturgia nacional y universal, miniseries y documentales históricos, conciertos u óperas desde el Teatro Colón y largas transmisiones de sesiones legislativas no son contenidos que suelan transitar con frecuencia por los medios en manos particulares. Es ahí donde los públicos pueden marcar la diferencia, complementarse, sin superponerse, con los medios privados para hacer un verdadero aporte a la cultura y a la imprescindible instrucción cívica y plural de la sociedad. Algo que ciertamente no siempre ocurre con señales de televisión abierta operadas por Contenidos Públicos SE, como Paka Paka o Encuentro.

Lamentablemente, eso no sucede en la Argentina donde, según las épocas, la performance de las empresas de comunicación estatales ha fluctuado entre resultados regulares y pésimos. En gobiernos como los de Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa y Mauricio Macri asistimos a diversos intentos de, al menos, apostar a algunos contenidos culturales de calidad y a un esfuerzo por apartarse de lo panfletario en materia política, como ha sucedido invariablemente durante las administraciones justicialistas de diversas coloraturas, desde las llamadas neoliberales (los diez años y medio que duró el menemismo) a las populistas (los más de 16 años que suman los cuatro gobiernos kirchneristas, el último por finalizar el próximo 10 de diciembre).

Durante las campañas electorales para los tres últimos comicios –las PASO, la primera vuelta y el balotaje–, los principales medios estatales (TV Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam) tomaron partido descarada y abiertamente por el candidato oficialista y aún ministro de Economía, Sergio Massa, con coberturas amplias y generosas acompañadas de presentaciones y análisis por demás favorables y militantes. Por el contrario, el ahora presidente electo Javier Milei tuvo ostensible menor presencia en esos medios y, cuando contó con ella, la abrumadora mayoría de las veces fue para mostrarlo de manera peyorativa o destacar sus aspectos más negativos. Por cierto, estos medios se convirtieron en verdaderas usinas de la campaña del miedo contra el líder libertario y, al mismo tiempo, en vehementes promotores del dispendioso “Plan platita” y reflejo de los más mínimos movimientos del candidato Massa en actos y giras. Hasta se llegó a utilizar la transmisión de los partidos de la selección nacional de fútbol, que aseguraban un altísimo rating, para colar sin disimulo a continuación entrevistas al dirigente más poderoso del Gobierno, al menos hasta que se abrieron las urnas el domingo 19 a la noche.

Consultado antes y después de los comicios, Milei ha demostrado siempre una misma y coherente línea de conducta en la materia: que esos medios deben pasar de la órbita del Estado al ámbito privado, ya que generan un millonario gasto sin cumplir siquiera con las metas que se esperan de este tipo de empresas públicas, al menos en países desarrollados.

“La TV Pública –dijo el mandatario electo– se convirtió en un mecanismo de propaganda. No adhiero a las prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto. Debe ser privatizada, igual que Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado lo va a estar. Télam, también.”

Habrá que ver si esto es tan fácil y concretable rápidamente con un Congreso claramente dividido. Son empresas con mucho personal (3455 empleados) fuertemente sindicalizado, con gremios no pocas veces enfrentados entre sí y bastante desfasados desde el punto de vista tecnológico, lo que no las hace demasiado apetecibles, en principio, para atraer a capitales privados. Su déficit operativo, solo en el primer semestre de este año, ascendió a 12.571.000.000 de pesos.

En el caso de Radio y TV Argentina, cuenta con 2400 empleados. Otro despropósito solventado con dineros de todos los ciudadanos es Radio Nacional. Tiene 1600 empleados para una radio AM y tres FM, con sueldos que arrancan en 500.000 pesos por una hora o dos diarias de trasmisión, mientras que se pagan montos extras inexplicables, según reveló una investigación de LN+.

Nada impide ir ordenando en el menor tiempo posible esas empresas tan costosas para el erario público, achicar sus staffs con planes de retiro y no rellenar las vacantes que se vayan generando por jubilaciones o por empleados que emigran hacia otros trabajos. Lo que sí se podrá hacer desde el minuto cero del 10 de diciembre es limpiar los contenidos panfletarios para presentar las noticias y los debates con mayor equilibrio, pluralidad y amplitud, archivando las banderas ideológicas del actual oficialismo sin reemplazarlas, desde ya, por las del nuevo gobierno.