El sindicalismo y la necesaria reforma laboral

La nueva conducción de la CGT surgida este año, cuya principal novedad es la incorporación del cuestionado dirigente camionero Pablo Moyano a su triunvirato gobernante, no solo exhibe la incapacidad del sindicalismo argentino para renovar sus cuadros dirigenciales. Además, da cuenta de las mismas limitaciones que ha venido exponiendo en décadas el gremialismo argentino para ofrecer vías de solución a una inflexibilidad de las normas laborales que prolonga el estancamiento económico y la falta de generación de nuevos empleos.

Con el nuevo consejo directivo cegetista se empezó a aplicar un cupo femenino que si bien aumentó la participación de mujeres no las incluye en el triunvirato gobernante, integrado por Héctor Daer y Carlos Acuña, además de Pablo Moyano.

Una de las primeras demandas de la conducción de la central obrera fue un urgente llamado a una mesa de diálogo con empresarios y el Gobierno. Pero su lamentable propósito no sería otro que frenar cualquier atisbo de reforma laboral.

Tanto el sindicalismo como el empresariado deberían ser artífices de un diálogo que posibilite la planificación de objetivos y políticas de Estado de largo plazo tendientes al desarrollo nacional y al crecimiento sustentable. Lejos de eso, la mayoría de los líderes sindicales parecen más preocupados por no perder viejos privilegios, en tanto el actual gobierno prioriza el apoyo de los aparatos sindicales con fines netamente políticos, como se vio en la movilización pública a la Plaza de Mayo llevada a cabo pocos días después de la derrota electoral de la coalición gobernante y pensada para apuntalar al presidente Alberto Fernández frente a los fuertes embates internos contra su gestión.

Tanto el sindicalismo como el empresariado deberían ser artífices de un diálogo que posibilite la planificación de objetivos y políticas de Estado de largo plazo tendientes a la generación de empleo

De acuerdo con los flamantes datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la tasa de desempleo alcanzó al 8,2% en el tercer trimestre de 2021, mientras que la subocupación registró niveles del 12,2%. La informalidad laboral, según estimaciones privadas, castiga a cuatro de cada diez trabajadores, por lo que se calcula que unos siete millones de personas trabajan en negro, mientras que apenas hay seis millones de asalariados formales en el sector privado de la economía.

Nada de esto, sin embargo, aparece en la agenda de prioridades de la dirigencia de la CGT, más inquieta por lograr concesiones oficiales a cambio de apoyo político. La más reciente pasó por el decreto presidencial que limitó el alcance del sistema de libre elección de prestadoras de salud por parte de los trabajadores. En consecuencia, quienes se incorporen a un nuevo empleo serán cautivos durante al menos un año de la obra social de su actividad de origen, mientras que el resto de los empleados en relación de dependencia solo podrán optar una vez al año por cambiarse de prestadora médica, quedando atrás los traspasos ilimitados que permitía la legislación. Una vez más, quienes paradójicamente dicen representarlos terminan coartando la libertad de los trabajadores en beneficio propio.

En los últimos días, trascendió también que el Gobierno prorrogaría la prohibición de despidos y la doble indemnización, cuando lo que debería hacerse es avanzar hacia el reemplazo del actual sistema de indemnización por despido por un fondo de garantía indemnizatorio, similar al que funciona en el gremio de la construcción, que asegure a los empleados que pierdan su trabajo seguir cobrando su sueldo hasta que consigan otro puesto laboral, y cuyo pago concluya cuando se alcancen los meses que equivalgan a los años trabajados.

La informalidad laboral, según estimaciones privadas, castiga a cuatro de cada diez trabajadores, por lo que se calcula que unos siete millones de personas trabajan en negro, mientras que apenas hay seis millones de asalariados formales en el sector privado

No se trata de dictar más normas que, bajo la supuesta intención de proteger al trabajador, prohíban despidos, alentando la vil industria del juicio, mandando a la quiebra a muchas medianas y pequeñas empresas o hipotecando su capacidad patrimonial. De lo que se debe tratar es de incentivar la contratación de nuevos trabajadores, brindando seguridad jurídica y previsibilidad en materia económica en beneficio de ambas partes.

De la misma manera, es imprescindible discutir en forma urgente una reducción de los costos laborales no salariales. Tal necesidad surge de un muy simple indicador: por cada 1000 pesos de salario, un trabajador percibe en promedio alrededor de 750 pesos, mientras que su empleador termina abonando unos 1500 pesos. Está claro que tanto el trabajador como el empleador pierden en esta ecuación, incentivando la ya elevadísima informalidad laboral de nuestro país.

La realidad que vive hoy la Argentina impone un debate serio y profundo sobre reformas laborales que permitan cambiar este preocupante escenario, con el aporte de todos los sectores, en el Congreso de la Nación.

Para que esto sea posible, hace falta una dirigencia sindical que encarne la defensa de los intereses reales de los trabajadores, que piense más allá de sus mezquinas ventajas, mezcladas habitualmente con espurios y millonarios negocios, muchos asociados a la prestación de servicios por parte de obras sociales de las que algunos popes del gremialismo se creen y comportan como sus dueños.

Por cada 1000 pesos de salario, un trabajador percibe en promedio alrededor de 750 pesos, mientras que su empleador abona unos 1500 pesos

Este siglo XXI nos está demostrando que las economías pueden crecer sin empleo, en virtud de la velocidad de los avances tecnológicos, de la robotización y de la inteligencia artificial. Frente a esta situación, no hay dudas de que la mejor defensa de todo trabajador pasará por su capacitación permanente y por su aptitud para adaptarse a los cambios.

No basta con la tibia condena social que castiga a gran parte de la vetusta dirigencia sindical argentina, tan acostumbrada a los favores del poder. El peso de la Justicia debe caer sobre quienes incurren en turbios manejos de fondos de sus representados. Y, a su vez, debe promoverse también una auténtica renovación de sus cuadros.

Educar al trabajador, formarlo para jerarquizar cada vez más su labor, contribuirá también a romper esa nefasta dependencia que beneficia al tramposo que manipula el reclamo de sus bases sin otro interés que el propio, obstaculizando las reformas que probablemente mejorarán en primer lugar a los trabajadores y luego también las condiciones del mercado, favoreciendo el despegue que tanto necesitamos.