Fondos fiduciarios: cajas oscuras de la democracia

Javier Milei ganó las elecciones –y las ganó de manera contundente– aupado en la sed de cambio que muestra la sociedad. Tras tantos años de desenfrenado populismo, un amplio porcentaje de argentinos dijo basta al despilfarro, a la demagogia y, también, a una dirigencia política, sindical y empresarial que vive de los privilegios, las prebendas y los acomodos. Esa sería la “casta”, al decir del ahora presidente libertario.

El primer abanico de reformas que impulsó Milei muestra, sin embargo, una laguna inquietante. Ni en el decreto de necesidad y urgencia ni en el proyecto de ley ómnibus que remitió al Congreso con una larguísima lista de derogaciones normativas se avanza de manera clara, concreta y decisiva contra los fondos fiduciarios, con 30 años ya de existencia, que engloban cerca de 2 puntos porcentuales del producto bruto interno. En otras palabras, cerca de 10.000 millones de dólares. La verdadera y, al menos por ahora, intocable “caja” de la política. Se trata de una partida importante si se tiene en cuenta que las aspiraciones del equipo económico incluyen un ajuste de 5 puntos.

Tenemos claro, por supuesto, que Milei lleva un mes al frente del país y muchas son las urgencias con que lidia cada día. Tenemos claro también que, en el proyecto de ley ómnibus, el Presidente se reservó para sí la potestad discrecional de eliminar los fondos fiduciarios, pero también de disponer de los existentes y de crear otros nuevos. Una potestad que, a todas luces, resulta inquietante.

Si el Congreso sanciona el proyecto de ley así como está redactado, Milei se quedaría con el control absoluto de la más oscura y millonaria caja de la democracia. Podría utilizar esos fondos a discreción, ya sea para atender emergencias económicas en distintos puntos del país, afrontar dramas sociales excepcionales o, como ocurrió durante el kirchnerismo, subordinar a gobernadores e intendentes.

Ante ese panorama, es necesario reparar en el verdadero alcance de esos fondos fiduciarios.

Según la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación y la Oficina de Control del Presupuesto del Congreso, hay en la actualidad 29 fondos nacionales activos que, en conjunto, concentran un presupuesto anual que se mide en billones de pesos, sin contar los provinciales ni los municipales. El 58% de los recursos que reciben proviene del Tesoro nacional; 18%, de impuestos directos, y el 17%, de rentas a la propiedad.

Creados en su mayoría para financiar obras públicas específicas o subsidiar energía y transporte, el listado de fideicomisos abarca rubros por demás variopintos y muchas veces yuxtapuestos. Desde fondos más conocidos, como el Procrear, para la construcción de viviendas familiares o de infraestructura hídrica, hasta los de Integración Socio-Urbana, Manejo del Fuego, Estabilizador del Trigo Argentino, Desarrollo Provincial y Recuperación de la Actividad Ovina y de Llamas, entre otros.

Los controles reales sobre ellos son, sin embargo, entre escasos e inexistentes. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN) solo revisaron las cuentas de 12 de esos fondos, algunos una sola vez y hace más de 10 años, en tanto que los responsables de esos fideicomisos retacean, incluso a la Secretaría de Hacienda, información que debería ser pública, pero que no figura en el sistema digital del Estado con la excusa de que, al saltear la burocracia, se ganaría en eficiencia y rapidez.

Algo similar ocurre con los bancos que actúan o actuaron como fiduciarios de esos fondos. En particular, el Banco de la Nación Argentina (BNA), el Banco Argentino de Desarrollo (BICE) y la empresa vinculada BICE Fideicomisos SA, que tampoco aportan mayores datos –más bien, todo lo contrario– sobre la operatoria. En ciertos casos, detallan los estados contables, pero hasta 2019; en muchos otros, ni eso.

Esa opacidad informativa quedó expuesta en un reporte sobre el panorama actual de los fondos fiduciarios que la Oficina de Presupuesto del Congreso difundió en enero de 2023: “No todos los fiduciarios reportan el detalle de las transferencias que realizan a los beneficiarios, sean estos públicos o privados”, alertó.

Así las cosas, si el Congreso le otorga a Milei las potestades que reclama, el Presidente estará ante una oportunidad histórica de terminar con una de las cajas más portentosas y oscuras de la democracia. No dudamos de que muchos de esos fondos fiduciarios paliaron necesidades perentorias en numerosas ocasiones, pero en otras llevaron a enriquecimientos ilícitos, al financiamiento de campañas electorales y a mucho más, sobre todo porque en varios de esos fondos las partidas fueron subejecutadas y el destino de las diferencias es igualmente desconocido.

Este es, en suma, un buen momento para transparentar las cuentas públicas y sanear las finanzas del país, tal como prometió Milei durante la campaña electoral.