Fraudes millonarios con los derechos humanos

Alarmados ante la exorbitante cantidad de reclamos nacidos al amparo de las llamadas leyes reparatorias para víctimas de la dictadura militar, así como frente a las denuncias por fraudes en su otorgamiento, el Ministerio de Justicia de la Nación ha ordenado detener el pago de indemnizaciones a personas que denunciaron ser víctimas del terrorismo de Estado, perseguir la devolución de las sumas cobradas indebidamente y encarar una amplia auditoría que abarcará tanto los pagos efectuados como los criterios adoptados y las pruebas exigidas actualmente por los funcionarios estatales para la concesión de los millonarios beneficios establecidos en aquellas normas, inexplicablemente vigentes todavía. Al cierre de 2021, se reportaron 7996 casos de indemnizaciones percibidas por familiares de desaparecidos y 14.400 casos de exiliados.

Más allá del descubrimiento de una banda que recaudaba dinero para la formulación de casos falsos, las denuncias judiciales que hoy se tramitan en los juzgados a cargo de Daniel Rafecas y Ariel Lijo demuestran que el Estado viene pagando indemnizaciones millonarias a personas que nunca estuvieron detenidas o desaparecidas; a familiares de terroristas abatidos por las fuerzas legales en ataques a cuarteles militares o policiales; a exguerrilleros condenados por asesinatos, atentados o secuestros, y a personas detenidas entonces por delitos comunes, entre muchos otros casos escandalosos.

A estos inexplicables hechos se suma el descubrimiento del pago a extranjeros por detenciones sufridas en el exterior que, no obstante, indemnizó el Estado argentino, o el recientemente descubierto de dos delincuentes comunes uruguayos condenados por el secuestro extorsivo de un gerente de una empresa multinacional, a quienes el Estado argentino les pagó una indemnización de 180 millones de pesos. Uno de ellos vive actualmente en Europa.

La cantidad de casos revela tanto la presencia de una enorme organización criminal en el armado de reclamos fraudulentos o manifiestamente indebidos, como la existencia de funcionarios que autorizaron pagos en los cuales una mínima indagación bibliográfica, judicial o documental hubiera llevado a una decisión contraria al otorgamiento del beneficio. La auditoría que llevará a cabo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hoy a cargo del exjuez de instrucción Alberto Baños, se extenderá no solo a las pruebas sobre la base de las cuales se abonaron estos episodios escandalosos, sino también acerca de las exigidas para el pago de indemnizaciones a personas por el exilio supuestamente forzado de sus padres. Se trata de personas que, como afirmó el ministro Mariano Cúneo Libarona a modo de ejemplo, exhiben como agravio para recibir una recompensa millonaria del Estado argentino, el haber nacido en París.

Los cientos de casos fraudulentos ya abonados y los miles de dudosos reclamos pendientes son fruto de la vigencia de las denominadas leyes reparatorias a casi medio siglo de los hechos. Eso permite la permanente presentación de supuestas nuevas víctimas que guardaron inexplicable silencio durante décadas. Su aceptación y consiguiente reparación da cuenta de una sospechosa ingenuidad en el comportamiento de los funcionarios, al tiempo que la vigencia de estos beneficios otorgados sine die constituye un absurdo legislativo. La auditoría en marcha promete el descubrimiento de otra caja de Pandora que, por la cantidad de indemnizaciones indebidas y la cuantía de sus montos, podría representar uno de los fraudes más grandes sufridos por el Estado argentino en su historia.