Los reclamos no se detienen: en la foto, la movilización de septiembre pasado sobre el puente Rosario-Victoria en reclamo de una ley de humedales consensuadaMarcelo Manera - LA NACIÓN
El debate alrededor de la ley de humedales, que ya lleva varios años, nos deja con la sensación de estar escuchando monólogos que se superponen entre sí. Se trata de una discusión carente de vocación por comprender las posiciones del otro. En las últimas horas, los diputados de Juntos por el Cambio lograron un dictamen mayoritario, diferente del minoritario, respaldado por el Frente de Todos.
Su resultado final más probable será una ley que quede vaciada de todo contenido o simplemente ninguna ley. En cualquier caso, no habrá presupuestos mínimos de protección ambiental para estos ecosistemas tan beneficiosos para la sociedad.
La iniciativa auspiciada por diputados del oficialismo adolece de algunas herramientas de gestión básicas para un ordenamiento territorial efectivo. Los presupuestos mínimos allí prácticamente no existen. Por el contrario, recarga de palabras y consignas una propuesta sin dotar de propósito efectivo a la ley.
Del lado de la oposición a la ley de humedales ha ganado predicamento un discurso que nos retrotrae a muchos años, ya que pone en duda la cláusula constitucional ambiental. Esta herramienta constitucional, los “presupuestos mínimos”, es la que posibilita que, reconociendo la potestad de los recursos naturales en las provincias, la Nación pueda fijar pautas y criterios de la política ambiental nacional. Los constituyentes del 94 acordaron que el equilibrio entre el interés de la Nación por generar una política ambiental común para todos los argentinos y las jurisdicciones provinciales debía darse a través de un piso básico y uniforme de protección, a través de las leyes de presupuestos mínimos.
Las leyes ambientales son marcos de referencia para el desarrollo sostenible; deben ser el resultado de acuerdos para compatibilizar las actividades productivas y la preservación natural. Hacen a la seguridad jurídica de los inversores y establecen las prioridades que deben ser atendidas por las autoridades. Un debate fructífero, en el marco de la Constitución vigente, es posible. Es necesario que la Argentina tenga un régimen nacional para preservar los diferentes ambientes de humedales sobre la base de una herramienta virtuosa y equilibrada de ordenamiento territorial.
