Las cloacas de la política y el espionaje ilegal

Para el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, integrante del Consejo de la Magistratura, exdirector de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y expresidente de la Comisión de Justicia de la Cámara baja afecto a las injurias y calumnias, el Poder Judicial ha sido una constante obsesión que comparte con un amplio espectro de dirigentes llamados a construir sin disimulo la impunidad de su jefa. Cuantas más herramientas se pongan al servicio de deslegitimar a los jueces que puedan inquietar a Cristina Kirchner, mejor para Tailhade.

Este legislador ha sido siempre reconocido por su estilo violento, patoteril y pendenciero, además de por su condición de denunciante serial. Así, atacó en su momento al fiscal Carlos Stornelli, a quien acusó de ser sicario del macrismo por imputar a Leopoldo Moreau, quien supo estar al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, tras haber pedido copia de un expediente a una jueza de San Nicolás en una causa penal que se seguía contra dos dirigentes del gremio de camioneros. Una intromisión claramente inadmisible que, lejos de criticar, Tailhade defiende con ahínco.

Continuó con otro artero ataque al juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, quien con buen tino había afirmado que no es posible que detrás de cada necesidad haya siempre un derecho. Para Tailhade, tal afirmación constituyó una provocación al peronismo. Del mismo modo, en referencia a la ley de ética pública, el legislador arremetió contra las prerrogativas de los miembros del Poder Judicial y cuestionó su supuesto enriquecimiento ante el empobrecimiento general y su ausencia de vocación de servicio, algo que bien podría endilgársele a no pocos dirigentes y funcionarios kirchneristas cuyos patrimonios crecieron exponencialmente, empezando por su jefa política. La paja y la viga.

En otros episodios de su extensa saga, incluyó a muchos de sus adversarios políticos y a todos los jueces y fiscales que debieron intervenir en causas judiciales que involucran a dirigentes como Cristina Kirchner o Amado Boudou, asociándolos invariablemente con “un escandaloso lawfare”. Jueces como Pablo Bertuzzi y fiscales como Gerardo Pollicita sufrieron sus injustas descalificaciones en redes sociales y en el canal de YouTube de Tailhade.

Pero lo cierto es que, así como al mejor cazador se le escapa una liebre, a partir de las revelaciones surgidas de los chats del expolicía Ariel Zanchetta, Tailhade quedó imputado por espionaje ilegal.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien –¡oh, casualidad!– está al frente de la megacausa que analiza el espionaje a jueces de la Corte Suprema y otros magistrados federales, aceptó incorporar a ella la denuncia que formuló el exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro contra Tailhade por espionaje ilegal a su teléfono.

De acuerdo con un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), el legislador kirchnerista aparecía hablando de los chats de Lago Escondido con el agente inorgánico Zanchetta, actualmente preso, situación que convirtió a Tailhade en imputado en la causa.

Zanchetta está detenido, acusado de haber realizado actividades de inteligencia ilegal contra dirigentes políticos, al igual que un hacker misionero, Ezequiel Nuñes Pinheiro. Los diálogos registrados entre Zanchetta y Tailhade comprometen a este último, quien se habría valido de las maniobras ilegales del espía inorgánico para atacar a jueces en el Consejo de la Magistratura. D’Alessandro denunció haber sido víctima de un robo de identidad ante la empresa de telefonía para duplicar su chip y así acceder a sus conversaciones privadas, y afirmó que Tailhade había anticipado en un reportaje radial que se iban a conocer nuevas filtraciones de su celular. Se trata de sobradas razones para que la Cámara de Diputados analice la expulsión de Tailhade del cuerpo.

Más recientemente, nuevas pericias iniciadas en la fiscalía de Eduardo Taiano, que investiga el asesinato de Alberto Nisman, determinaron que Zanchetta había comenzado a recibir instrucciones directas de agentes de la ex-SIDE desde al menos cuatro meses antes del hallazgo del cuerpo del fiscal de la causa AMIA.

La obtención de información confidencial en abierta violación de la intimidad de las personas, valiéndose de recursos del Estado, ha sido lamentablemente una práctica recurrente del kirchnerismo. El afán por el “armado de causas”, por los “aprietes” a jueces y por los “carpetazos” ha sido una tradición en este sector político, a la que no ha sido ajena la propia Cristina Kirchner.

Las acciones de inteligencia ilegal contra magistrados, políticos, empresarios y periodistas exigen una ejemplarizadora labor judicial para empezar a terminar, de una vez por todas, con las cloacas de la política y garantizar el derecho a la intimidad de cualquier persona, algo que el juez Martínez de Giorgi difícilmente esté en condiciones de brindar pues sus estrechísimas vinculaciones con los espías viene de larga data.