Manipulaciones oportunistas en la Justicia

La creación de un tribunal intermedio derivará en mayor burocracia y dispendio económico; existen formas mucho mas eficientes de descongestionar la Corte

El presidente Alberto Fernández ha reiterado su decisión de impulsar reformas en el Poder Judicial de la Nación. Es previsible que se inspire en las sugerencias de la comisión de juristas nombrada por él mismo y habitualmente conocida como Comisión Beraldi, porque la integra el penalista Carlos Beraldi, quien defiende a Cristina Fernández de Kirchneren algunas de las muchas causas en las que se la investiga.

A la previsible idea de aumentar otra vez el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia(sería el décimo cambio en setenta y cinco años, lo que demuestra que eso no soluciona nada) y de modificar la manera de designar y remover a quien ocupe la Procuración General de la Nación, cabeza del cuerpo de fiscales, se añade ahora la de agregar un tribunal intermedio por debajo de la Corte Suprema para que supuestamente "filtre" el flujo de casos que llegan al máximo tribunal por razones de arbitrariedad.

Un caso de arbitrariedad ocurre cuando, si bien no existe de manera directa una "cuestión federal" que permita la intervención de la Corte por vía del recurso extraordinario, la sentencia dictada por la máxima instancia en su jurisdicción de origen no cumple con los mínimos requisitos para ser considerada una sentencia, porque incurre en contradicciones, no analiza pruebas, es autocontradictoria o tiene un fundamento solo aparente. La Corte ha entendido que en esos casos se afecta la garantía constitucional de la defensa en juicio y que eso habilita su intervención. La causa de la arbitrariedad ha sido una creación de la propia Corte, no de la ley.

Resulta desafortunada la idea de crear un tribunal intermedio que se ocupe de esos casos, incluso si se prescindiera de sospechar que responde a finalidades poco confesables. En primer término, porque la atribución para administrar justicia con aplicación de las leyes nacionales ha sido reservada en la Constitución nacional a las provincias, no al Poder Judicial de la Nación, salvo que se encuentre habilitada en la misma Constitución la competencia muy excepcional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En segundo término, y tal como fue expuesto en el informe de la comisión de juristas independientes convocada por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) para analizar los mismos temas que la llamada Comisión Beraldi, la creación de un tribunal intermedio significará mayor burocracia judicial y mayor dispendio económico, porque siempre quedará habilitada una vía posterior para llegar a la Corte Suprema: simplemente todo durará aún más.

Estos expertos independientes han señalado que existen otras reformas más eficientes para descongestionar la Corte, como la de eliminar su competencia como tercera instancia cuando litiga el Estado nacional y completar la transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de tribunales nacionales que no tienen competencia en materia federal, entre otras.

Cualquiera sea la opinión que se tenga sobre los aspectos técnico-procesales del funcionamiento de los tribunales, es indiscutible que se trata de un sistema que, como tal, solo puede ser abordado de manera integral en sus aspectos institucionales, funcionales y humanos, y no con parches que se limiten a crear instancias, aumentando el tramiterío y el dispendio de recursos, y alargando aún más los plazos que duran los juicios.

Los conflictos no necesariamente tienen que ver con la realidad, pero siempre ocurren en nivel de la percepción. Precisamente, la sociedad percibe irritada que estas reformas solo buscan controlar las instancias decisivas de procesos en los que se juzga a funcionarios por hechos cometidos durante el mandato de la expresidenta de la Nación. No se percibe creatividad alguna en las propuestas: se trata del consabido recurso de ubicar más jueces para estar en condiciones de designarlos en las instancias políticas. Esas picardías podrán eventualmente mejorar la situación de tal o cual procesado, pero difícilmente restablezcan la confianza de los ciudadanos en sus tribunales. Una auténtica reforma de la Justicia será aquella que garantice su independencia y operatividad, poniéndola al servicio de los ciudadanos y ganándose su respeto.