Más violencia bajo el disfraz mapuche

La semana pasada un incendio quemó por completo la oficina de la Secretaría de Bosques del Chubut, ubicada junto a la planta de gas del Paraje Pedregoso, cerca de la localidad de El Hoyo, donde en 2018 la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) ya había atacado maquinarias de la empresa que llevaba adelante la construcción del gasoducto cordillerano. Este violento grupo se adjudicó el repudiable hecho y se encontraron banderas panfletarias que reivindicaban la lucha de la violenta organización.

La RAM es una agrupación liderada por Facundo Jones Huala, ahora prófugo de la Justicia chilena tras haber sido condenado a nueve años de prisión por ser el autor de los delitos de incendio y portación ilegal de arma de fuego ocurridos en Chile, en diciembre de 2016.

Un día después del incendio, docentes, alumnos y personal de la Universidad Nacional del Comahue izaron la bandera mapuche en distintas sedes que esa casa de estudios tiene en Río Negro y Neuquén y, a la hora de los discursos, afirmaron que no tenían que pedirle “permiso al papá Estado” puesto que se trata de “una nación preexistente al Estado nacional argentino”. Más allá del error histórico de asegurar que los mapuches son oriundos de nuestra Patagonia, donde habitaban los tehuelches, invadidos en el siglo XVIII por los araucanos (o mapuches), tal como afirman los más serios antropólogos e historiadores, no es admisible una provocación a la soberanía de la Argentina como el izado de la bandera mapuche con una pretendida posición separatista, que conlleva una reivindicación de un concepto jurídico distinto al de propiedad, raíz de nuestro derecho occidental.

Como hemos manifestado en estas páginas, la comunidad mapuche se encuentra en la mayoría de los casos integrada pacíficamente a nuestra sociedad, con su propia cultura y sus costumbres, y por ello no debe homologarse a los violentos que hacen uso de ese origen –aunque a menudo no lo posean– para la reivindicación de derechos territoriales donde nunca han estado, transformando su actuar en una verdadera extorsión para conseguir beneficios o reconocimientos de falsos derechos. Basta analizar el arraigo intempestivo de las comunidades en sitios como Vaca Muerta o, ahora con el comentado proyecto del hidrógeno verde, en la meseta de Somuncurá.

La superficialidad e ignominia con que nuestras autoridades abordan el tema es sorprendente y las consecuencias están a la vista: Villa Mascardi sigue tomada por delincuentes y allí la soberanía parece haberse dado por vencida. Hay varios propietarios que han sufrido en carne propia los desmanes de los encapuchados y, como respuesta del Estado, solo han recibido postergaciones y pasados varios años no pueden acceder a sus propiedades. Proteger a los delincuentes se ha transformado en una actitud políticamente correcta que se matiza con pretendidos fundamentos seudoprogresistas o con entreverados caminos procesales.

Proteger a los delincuentes se ha transformado en una actitud políticamente correcta que se matiza con fundamentos seudoprogresistas

Basta ver la violencia desatada en Chile para saber que se trata de un reclamo similar al de nuestro país, que escala en desmadres y que los gobernantes evitan abordar. Como señaló recientemente el periodista Tomas Mosciatti, de la cadena Bio Bio, en la fiscalía de su zona el 97% de las causas son cerradas sin culpables, y en la de la Araucanía, solo el 1,3% de las investigaciones termina en condena. Así, “matar, robar, usurpar en la Macrozona Sur es gratis”. Allí la pretensión de instaurar un “Estado plurinacional” a través del proyecto de la nueva Constitución pone en riesgo la soberanía de la República de Chile, ya que si una Nación es un grupo de personas que en un territorio tienen una cultura en común y principalmente desean tener un futuro común, la “plurinacionalidad” no es sino la expresión más clara de que una nueva “nación” desea tener un futuro distinto al de las otras. Nuestra Patagonia es una de las zonas más bellas de la Argentina, donde el turismo (ya afectado por el temor a ataques y cortes de rutas sin control) podría ser uno de los grandes motores de la recuperación económica y social. Mientras tanto, las autoridades nacionales y algunas provinciales evitan tomar decisiones de fondo, sin saber que cada vez que eluden resolver el tema contribuyen, ellas mismas, con sus acciones u omisiones, a que perdure la violencia y, con ella, a un mayor retroceso institucional del país.

En la Argentina, todos los ciudadanos son iguales, más allá de sus orígenes, sus creencias y su cultura, y son bienvenidos en la medida en que se respeten las instituciones y desarrollen su vida en armonía con los demás, de modo pacífico.

La RAM es responsable de otros atentados, entre los que se encuentran el sufrido por la sede de Vialidad Provincial de Río Negro en la ciudad de Bariloche y la quema de la Oficina de Turismo de El Bolsón.

En esta última acción, antes de iniciar intencionalmente el fuego, ataron a la cama al matrimonio que estaba custodiando el lugar. El reclamo por el avance del grupo extremista llegó también de la Asociación Vecinal de Villa Mascardi (el lugar más atacado por la RAM), cuyos miembros emitieron en su momento un comunicado en el que denunciaron “estar desamparados en manos del terrorismo de Estado”.

La indefensión ciudadana solo puede explicarse, y nunca justificarse, desde la complicidad de gobernantes dispuestos a renunciar a la soberanía y al imperio de las instituciones de la república en pos de oscuros beneficios.