Nicaragua: Ortega, contra todos

La Asamblea Nacional de Nicaragua, manejada por el sandinismo, aprobó por unanimidad la cancelación jurídica de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, institución apolítica e independiente que funcionaba desde 1931, y ha dado luz verde a una nueva legislación que confisca todos sus bienes. Pasará, así, a ser un ente adscripto al Ministerio de Salud, y su patrimonio, bienes y acciones serán absorbidas por el Estado.

La ira de la dictadura de Daniel Ortega contra la Cruz Roja se debe a que sus voluntarios atendieron a manifestantes opositores heridos en las protestas que el régimen consideró un intento de golpe de Estado promovido por los Estados Unidos. Su anulación interrumpe muchos proyectos humanitarios ligados a su tarea de mediadora.

En las masivas manifestaciones de 2018 contra la pareja presidencial, algunas filiales de la Cruz Roja actuaron de acuerdo con los objetivos para los cuales fueron creadas, atendiendo y confortando a los heridos, fruto de la brutal represión de las fuerzas policiales que responden al matrimonio Ortega-Murillo. Según la Asamblea Nacional de Nicaragua, la Asociación Cruz Roja Nicaragüense habría violado la neutralidad y, con ese argumento, determinó su clausura.

El régimen dictatorial imperante ha buscado hacer desaparecer cualquier vestigio de desacuerdo. Nicaragua se quedó sin figuras de oposición, voces críticas o medios independientes. El orteguismo arrasó con todos ellos. Los acosó, persiguió, encarceló, obligó a exiliarse y, ahora, no contento con semejante infamia, elevó su mezquindad a un nuevo nivel despojándolos de su nacionalidad.

Los ataques contra los derechos individuales y colectivos, los actos de represión cultural y la persecución política o religiosa, ejercidos directamente por los poderes del Estado, no pueden ser tolerados bajo ninguna circunstancia. Tampoco los atentados contra la autonomía universitaria, la libertad de expresión y de prensa o la labor de ONG a las que, sin argumentos, se les canceló su personería jurídica.

Desde inicios del año último, 15 universidades perdieron su personería, entre ellas, la Politécnica, bastión del movimiento estudiantil. Esas casas de estudio fueron uno de los focos de protestas en 2018 y por eso el régimen se ensañó con ellas. Además, más de 3200 ONG fueron decapitadas y una treintena solicitó su propia disolución.

No menos deleznable ha sido la inquina con la que el régimen ha emprendido su guerra contra la Iglesia Católica impidiendo manifestaciones religiosas, cerrando templos y organizaciones dedicadas al culto católico y encarcelando a sacerdotes y obispos.

Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU responsabilizó al matrimonio Ortega-Murillo por ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual durante sus 15 años en el poder. Fieles al estilo de otras tiranías socialistas latinoamericanas, se han volcado a aplastar cualquier conato de oposición y a destruir la división de poderes.