Primarias cerradas

Así como las elecciones libres y la democratización de los partidos políticos son dos pilares de la república, el desarrollo de un sistema de primarias abiertas y obligatorias pierde casi todo sentido y constituye un auténtico despropósito nacional si los candidatos a cargos electivos terminan siendo designados a dedo y entre cuatro paredes por los líderes partidarios.

Felizmente, en esta ocasión, las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), convocadas para el próximo 12 de septiembre, ofrecerán, al menos en forma parcial, una competencia interna que le permitirá a la ciudadanía ser protagonista del proceso de selección de candidatos.

El propósito de las PASO es, precisamente, alentar la participación activa de los ciudadanos y mejorar los canales de representación política para que quienes accedan a cargos electivos sientan un real compromiso con quienes los votaron y no exclusivamente con las cúpulas partidarias que digitaron sus postulaciones o con un puñado de afiliados y militantes.

En los próximos comicios primarios, Juntos por el Cambio, hasta hoy la principal fuerza opositora en el Congreso de la Nación, presentará distintas listas de precandidatos a diputado nacional en 16 distritos del país, incluidas la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. En el más grande distrito del país, la ciudadanía podrá optar entre una lista encabezada por el actual vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, y otra liderada por el neurocientífico Facundo Manes. En el distrito metropolitano, se presentarán tres nóminas, encabezadas respectivamente por María Eugenia Vidal, Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein.

Pese a la saludable decisión de Juntos por el Cambio de dirimir lugares en las listas definitivas a través del voto ciudadano, resulta en este caso cuestionable que, una vez más, haya funcionarios que incumplan el mandato popular para ocupar un puesto ejecutivo con el fin de proyectarse a un cargo legislativo. El caso de Santilli es doblemente criticable, puesto que, además de abandonar la vicejefatura de gobierno porteña ha resuelto mudarse de distrito, al igual que lo hizo María Eugenia Vidal.

No será el de Santilli el único mal ejemplo. Once intendentes bonaerenses –ocho del Frente de Todos y tres de Juntos por el Cambio– se postularán a cargos en la Legislatura provincial, pese a que les quedan dos años de mandato al frente de sus comunas.

También resulta lamentable que en el oficialista Frente de Todos no haya competencia interna para la selección de candidatos a diputado nacional en la gran mayoría de las provincias del país. Solo en cinco de ellas se presentará más de una lista en las PASO. En la Capital y en el distrito bonaerense, habrá listas únicas, en cuya conformación ha prevalecido el poder real de la vicepresidenta Cristina Kirchner y, en mucha menor medida, el criterio del presidente Alberto Fernández.

En la integración de estas nóminas del oficialismo se advirtió escaso espíritu renovador y una tendencia a seleccionar a personas de la más estrecha confianza de quienes justamente digitaron las postulaciones. Así, quien encabezará la lista en la provincia de Buenos Aires, la concejala platense y secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, es esposa de Enrique Albistur, íntimo amigo del primer mandatario.

En las negociaciones previas a la conformación definitiva de las listas del Frente de Todos, hubo también tentativas desde el kirchnerismo para “promover” a no pocos ministros del Poder Ejecutivo Nacional a cargos legislativos. El propósito no era otro que generar vacantes en el gabinete de Alberto Fernández que puedan ser llenadas con hombres afines a la vicepresidenta de la Nación y a agrupaciones como La Cámpora, que hoy ya manejan estratégicos órganos de la administración central, tales como el PAMI y la Anses, además de ocupar lugares claves en empresas como YPF y Aerolíneas Argentinas.

El cristinismo buscó persuadir al Presidente sobre la conveniencia de postular a Santiago Cafiero como diputado nacional, para desplazarlo de la Jefatura de Gabinete e impulsó otras salidas del elenco ministerial, que finalmente no se produjeron ante la resistencia del jefe del Estado. Sí se acordó que fuera candidato a diputado, en el puesto 12 de la lista bonaerense, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, cuyo reemplazo será probablemente objeto de una dura disputa.

El caso de Santilli es doblemente criticable, puesto que, además de abandonar la vicejefatura porteña, ha resuelto mudarse de distrito

El sectarismo que la fuerza gobernante viene mostrando en los últimos tiempos de su gestión se ha trasladado, de este modo, al campo de la política partidaria a la hora de integrar las listas de candidatos para las próximas elecciones. Se trata de nóminas abiertas a los amigos y cerradas a los sectores independientes que podrían enriquecer la coalición oficialista.

No se advierte en la integración de las listas del Frente de Todos voluntad alguna de dejar atrás el error de gobernar de espaldas a quienes no los votaron, que representan nada menos que la mitad del electorado.

Parecería consolidarse así en el olvido aquel mensaje transmitido por Alberto Fernández en la campaña proselitista de 2019, cuando no solo aseguró que volverían mejores, sino que, entre sus objetivos centrales, estaba el de poner fin a las grietas en la sociedad argentina.

Con la conformación de listas de candidatos a dedo y sin competencia interna, el oficialismo perdió una nueva oportunidad para tender puentes hacia los sectores independientes y moderados de la sociedad. Algo perfectamente comprensible si se tiene en cuenta que la líder de la coalición gobernante necesita estar rodeada en el Congreso de militantes de su máxima confianza para avanzar en un proyecto cuyo pilar central no es otro que la consagración de la impunidad frente a los escándalos de corrupción que la tuvieron como protagonista.

Increíblemente, la política argentina continúa girando alrededor de los problemas judiciales de la vicepresidenta, al tiempo que no pocos funcionarios de altísimo rango parecen dispuestos a privilegiar los intereses personales de su jefa política a la búsqueda del interés general y de genuina justicia.

Por eso para Cristina Kirchner, la posibilidad de disensos internos debe estar clausurada y las primarias abiertas deben seguir siendo cerradas.