Pruebas Aprender: retrasarlas es otro aplazo

La Argentina parece sufrir un rechazo de base a la hora de evaluar el desempeño del sistema educativo. Paradójicamente, mientras los alumnos son sometidos periódicamente a pruebas que determinan su capacidad de adquirir conocimientos, suelen surgir escollos cada vez que es preciso medir los resultados de las escuelas y sus docentes. El más reciente, claro está, es la pandemia, que se ha transformado en la excusa perfecta para retrasar una vez más las pruebas Aprender.

Esta herramienta, implementada por el Ministerio de Educación de la Nación, busca obtener y generar información oportuna y de calidad para conocer los logros alcanzados y los desafíos pendientes en torno a los aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, la última edición de estas pruebas fue en 2019, y sus resultados fueron preocupantes.

En aquel momento los alumnos exhibieron magros resultados en matemática, dado que, al egresar del secundario, más del 70% estaban por debajo del nivel esperado para dicha materia.

Estas pruebas muestran también la correlación entre el nivel socioeconómico y el aprendizaje, ya que el 64% de los estudiantes que están debajo del nivel básico esperado pertenecen a las clases sociales más vulnerables, cuando en los segmentos más acomodados esa proporción es del 24%.

Esta diferencia se replica entre las escuelas de gestión pública estatal y las privadas, entre las que hay 26 puntos de diferencia en los logros, a favor de las segundas. Más aún, en 2019 solo el 43% de jóvenes de los hogares con menores ingresos terminó la escuela, mientras que en los niveles socioeconómicos altos lo logró el 91%.

Mientras este panorama era el que se vivía antes de la pandemia, todo hace suponer que hoy estamos todavía peor, con un gran número de alumnos que han abandonado el sistema escolar y otros que prácticamente no tuvieron contacto con sus maestros durante todo 2020.

Lamentablemente el año pasado, en medio de la virtualidad, estas pruebas, que correspondían al nivel primario, no se realizaron. Todo hacía suponer que en 2021 sí podríamos contar con ellas, por eso sorprendió el anuncio de su suspensión.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, ya aclaró que se harán en abril de 2022 para el nivel primario, cuando los alumnos hayan regresado de manera presencial a las aulas de todo el país, y lo mismo se repetirá en octubre para el secundario. Sin embargo, esto no calmó el malestar ni tampoco despejó la incertidumbre.

El temor de que la brecha entre los estudiantes del nivel socioeconómico más bajo y los de los más altos se acrecentara durante la pandemia está latente.

Esta suspensión no hace más que dejar en claro que el Estado hoy sigue sin estar en condiciones de asegurarles a niños y adolescentes la continuidad pedagógica en el modelo de clases virtuales. De lo contrario, no debiera haber problema alguno en poder desarrollar la evaluación.

A esto se suma que la falta de continuidad en las políticas públicas le resta seriedad y tira por la borda el trabajo que hasta acá se venía haciendo, cortando los períodos de comparación y dejando un hueco que es más profundo de lo que se ve a simple vista.

A nivel internacional ya hay estudios que evidencian las consecuencias educativas de la pandemia, y por eso es preciso que la Argentina no deje pasar la oportunidad de conocer su situación lo antes posible. Necesitamos tener los datos para tomar las decisiones que nos lleven a recomponer lo perdido. Es un deber del Estado, pero también una obligación moral que la sociedad tiene con quienes hoy son estudiantes, por cuanto garantizarles su educación es un derecho esencial.

Abocarnos a superar las diferencias educativas y devolverles a niños y adolescentes el lugar que merecen en las escuelas es una de las maneras que tenemos para poder pensar la pospandemia con cambios que nos conviertan en un país mejor.