Publicidad oficial, premios y castigos

Una documentada investigación del periodista José Crettaz, publicada en LA NACION, ha puesto en evidencia una grosera discriminación contra esta empresa en la distribución de publicidad oficial por parte del gobierno nacional en 2021. Esta discriminación no ha afectado solo a este medio, sino también a otros. Se ha hecho, además, con la lógica perversa de favorecer de forma harto escandalosa a los medios afines al oficialismo.

Podrían citarse, en ese sentido, ejemplos que no asombran por la consabida inconducta del kirchnerismo en esta como en tantas otras materias. Pero en esta nueva oportunidad vuelven a llamar la atención después de que el primer año de gestión de Alberto Fernández, como presidente nominal de la Argentina, marcó algún cambio en la buena dirección con respecto a la época de Néstor y Cristina Kirchner.

Entre otras afirmaciones que no se han cumplido, en referencia a la pauta oficial, el Presidente había anunciado: “Queremos que deje de servir a la propaganda del Estado… No queremos avisos pagos con dinero de todos para que elogien las bondades del gobierno de turno”.

Las citadas desproporciones en materia de distribución de la publicidad oficial son generadas por una facción política que, desde sus orígenes más remotos, siempre ha confundido los intereses del Estado con los del gobierno, sus miembros y amigos. La inversión por publicidad oficial en LA NACION durante el período mencionado fue de 159.189.333 pesos. En los medios de América, de José Luis Manzano y Daniel Vila, alcanzó 600.092.415 pesos; en el grupo Indalo, de Cristóbal López, 556.180.569, y en el Grupo Octubre, del sindicalista Víctor Santa María, 456.890.469 pesos.

Entre otras afirmaciones que no se han cumplido, el presidente Alberto Fernández había anunciado: “No queremos avisos pagos con dinero de todos para que elogien las bondades del gobierno de turno”

Durante la presidencia de Cristina Kirchner, los medios más castigados fueron Clarín, LA NACION y Perfil. Este último llegó entonces hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En fallo ejemplar, el más alto tribunal sentenció que el gobierno debía ajustarse al cumplimiento de pautas objetivas en la difusión publicitaria de los actos de Estado y, sobre todo, que resultaba inconstitucional dejar absolutamente al margen a una empresa periodística, como había ocurrido con Perfil.

La Secretaría de Medios y Comunicación Pública tiene, en principio, responsabilidades sobre la política de asignación de pautas publicitarias. Lo hace en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, cuya conducción se reserva una injerencia resolutiva final en la materia, junto con el Presidente. Por lo demás, en los organismos descentralizados y en empresas como YPF y Correos se hace sentir la voz de los comisariatos regidos por La Cámpora, también presentes en ministerios y secretarías, y en el PAMI y la Anses.

Como es natural, el informe publicado, de por sí vasto e irrefutable, no entró en los repliegues más ocultos de este delicado tema ligado al manejo de recursos públicos. Concierne a lo percibido por productores e intermediarios en la canalización pormenorizada de una suma que alcanza en total los 7563 millones de pesos, distribuidos entre 2432 medios de comunicación de todo el país. Sobran razones para suponer que, de salir a la luz pública los montos en juego en ese otro renglón, habría lugar para muchas más ingratas sorpresas.

Ha llegado el momento de que por vía legislativa se activen iniciativas de contralor que hagan justicia con estas y otras demasías del Poder Ejecutivo de la Nación.