San Luis: el daño como legado

Las condiciones en que Alberto Rodríguez Saá entregó el gobierno el pasado 10 de diciembre a su sucesor, Claudio Poggi (Juntos por el Cambio), no sorprenden, aunque preocupan. Con índices de pobreza elevados, arcas vacías, obras públicas comprometidas, nombramientos y compulsivos pases a planta permanente de empleados estatales con injustificables aumentos de sueldo, entre otras artimañas de último momento, los siniestros 40 años de gobierno de los hermanos Rodríguez Saá han dejado para los puntanos un legado nefasto. El perjuicio para el actual gobierno provincial será difícil de remontar.

Un destacado artículo de Diego Cabot, publicado en LA NACION, relata las imperdonables acciones que derivaron en el lamentable estado en que se halla hoy la provincia. Atrás quedaron las épocas de obras faraónicas, algunas más que cuestionables. Estadios de fútbol y de ajedrez, autódromos, autopistas con acceso a wifi gratuito provisto por el gobierno provincial y hasta una réplica del Cabildo de Buenos Aires, además de uno de los edificios públicos más lujosos del país, como el Hospital Ramón Carrillo, son hoy parte de la herencia de una administración que no dudó en malversar el dinero de los contribuyentes. La propia Casa de Gobierno, de diseño piramidal con profusión de cristales, constituye un monumento a la soberbia en una provincia donde las urgencias pasaron a ultimísimo plano.

A poco de asumir, Poggi denunció un escenario de “descalabro financiero, uso irresponsable de los fondos públicos y exceso de gastos” que condujo a que, por primera vez en 40 años, no se pudiera pagar la totalidad de los sueldos de los empleados públicos correspondientes a diciembre de 2023 y al mes actual.

Despilfarros en obras públicas y asignación discrecional de dinero del presupuesto estatal llevaron a que la provincia pasara de tener un indicador de pobreza del 17,9% en el primer semestre de 2018 –cuando a nivel nacional era de 27,3%– al índice correspondiente al primer semestre 2023 por encima del 47%, superior al 40,1% del registro nacional.

Razones como la referida, entre tantas otras que desnudan una nefasta gestión, llevaron al gobernador Poggi a afirmar que “la plata que le falta a San Luis para cumplir con sus compromisos en tiempo y forma, en particular los salariales, se la llevaron la corrupción y los aprovechadores del Estado”, y enumeró varios hechos graves detectados a poco de andar en su mandato: faltaban vehículos de gran porte que fueron encontrados en un galpón al servicio de un exsenador y su familia; se hallaron gastos por 40 millones de pesos en combustible, realizados entre enero y noviembre de 2023, consumidos por esos y otros dos vehículos “pagados por el Estado”; debió anular la decisión del gobernador saliente de asignarse una custodia de diez efectivos de la policía de la provincia, incluidos tres comisarios generales y cinco vehículos –tres autos y dos camionetas 4x4–, para su uso cuando faltaban pocos días para abandonar el poder, y se dejó sin efecto un llamado a licitación por decreto del 1º de diciembre pasado, nueve días antes del recambio gubernamental, para la reimpresión en papel del Boletín Oficial de la provincia para todo 2024, por 491 millones de pesos. “Una licitación direccionada para un único proveedor”, sostuvo Poggi, quien anunció que el Boletín Oficial pasará a ser digital y gratuito. Según el gobernador, la suma de todos esos actos ilícitos implicó 1440 millones de pesos de saqueo al Estado.

La situación puede entenderse también observando el plan provincial de inclusión social, que pasó de 5280 beneficiarios en 2017 a 79.280 en la actualidad. Por su parte, el déficit de 2023 trepó a 125.000 millones de pesos, contra los 4172 millones de 2020. El número de empleados estatales pasó de 20.317 en 2015 a 33.757 en 2023.

Con una osadía y un descaro descomunales, a cuatro días de haber entregado el poder, Alberto Rodríguez Saá hijo, exministro de Obras Públicas; Sergio Freixes, exsenador y exministro de Producción –condenado a seis años de prisión por obligar a funcionarios judiciales a firmar renuncias en blanco para ser designados jueces o fiscales–, y su secretaria, Sofía Aguilera, se autoproclamaron “lonkos del pueblo ranquel”. Según denunció Poggi, mediante una asamblea ratificada por la Dirección de Personas Jurídicas, se hicieron nombrar caciques, “responsables de la dirección y administración de la comunidad ranquel, sus riquezas y sus tierras”.

Con esa maniobra, buscaron apropiarse de un territorio de 66.000 hectáreas para explotación ganadera que el Estado provincial había entregado hacía años al pueblo ranquel. Según una denuncia penal, este predio ya venía siendo administrado por estas personas desde 2017 y solo en 2023 pasaron por las cuentas de la administración 280 millones de pesos, sin contar el subsidio que el gobierno saliente entregó a la administración del predio –favores de un padre omnímodo– por un total de 50 millones de pesos. La contracara la plantea una tristísima realidad: desde 2021, siete de cada 10 menores de edad puntanos son pobres.

La provincia que se jactó de ser un modelo hoy está fundida y confiamos en que las denuncias impulsadas por la administración que encabeza Poggi prosperen para que, en el mediano plazo, puedan aplicarse las condenas que correspondan. La voluntad política es componente fundamental de la transparencia y la actuación de una Justicia independiente es clave en la lucha contra la corrupción.