Sin libertades en Venezuela

En una nueva arremetida contra la prensa independiente, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, a través del Tribunal Supremo de Justicia, ordenó al diario El Nacional, miembro del Grupo de Diarios América (GDA), indemnizar a Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo, con el equivalente a 13,2 millones de dólares por “daño moral”. Con esta nueva medida, el chavismo reitera su ataque a la prensa que denuncia la inmoralidad y las atrocidades del régimen venezolano.

La exorbitante condena castigó la reproducción de una entrevista, publicada en 2015 por el diario ABC de España, a Leamsy Salazar, jefe de seguridad de quien en ese entonces era el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en la que revelaba sus vínculos con el narcotráfico. Los jueces supremos de la dictadura condenaron al periódico caraqueño por reproducir denuncias difundidas por numerosos diarios y agencias informativas del mundo.

La propia Justicia de los Estados Unidos tiene un proceso abierto contra Cabello. Más aún, la DEA, la agencia federal que combate el tráfico de drogas en ese país y que coordina investigaciones relacionadas con el narcotráfico en el exterior, lo tiene entre los más buscados y ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por su captura.

En un reciente informe, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que en Venezuela impera “una dictadura implacable que considera al periodismo independiente un enemigo permanente” y que “en la calle la intimidación a los periodistas es una constante”. En ese sentido, son incontables los casos de amenazas, robo de equipos, minisecuestros, agresiones físicas por parte de los distintos órganos represivos del Estado, así como de parte de colectivos, grupos paramilitares armados, protegidos y empleados por el gobierno.

Nada parece detener la decisión del régimen chavista de acabar con la libertad de expresión. Recientemente, Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, y el periodista Luis Díaz advirtieron sobre una nueva estocada. El régimen pretende incrementar el seguimiento de las redes sociales, principal canal al que acuden los venezolanos para informarse, expresarse y hacer denuncias. Para ello, buscan que los amanuenses que integran la Asamblea Nacional otorguen un marco legal a lo que ya viene sucediendo. Esta nueva pretensión va en línea con la aberrante “ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, aprobada en noviembre de 2017 por la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Esta norma establece duras penas de 20 años de cárcel, cierre de medios de comunicación y elevadas multas económicas a medios y empresas, entre otras sanciones.

La prensa es nuevamente castigada por no ponerse incondicionalmente al servicio de regímenes que, autodefinidos como “democráticos”, no admiten ser criticados. La censura en todas sus formas es la herramienta de silenciamiento a la que recurren para impedir que se denuncien hechos de corrupción y violaciones de los derechos humanos. El rol fundamental de la prensa libre en las sociedades democráticas debe impulsar a la comunidad internacional a seguir alzando la voz contra la autocracia venezolana.