Un Ministerio de Salud sin remedio

Sobre el cierre de otro año particularmente complicado, los ciudadanos fuimos sorprendidos por una nueva medida oficial artesanalmente diseñada para contrariarnos. La inoperancia de los funcionarios queda una vez más en evidencia cuando de buenas a primeras realizan tan rimbombantes como desafortunados anuncios, o silenciosamente los publican en el Boletín Oficial, sin medir su impacto ni, mucho menos, sus consecuencias.

El 27 de diciembre último, se anunció que las recetas digitales o electrónicas que fueron estrella en la pandemia perdían su vigencia. Fueron una solución prácticamente insustituible en tiempos de aislamiento, facilitando el vínculo médico-paciente que se había tornado forzosamente virtual para muchos, con el fin de reducir los contactos, los traslados y la presencia física en consultorios, hospitales y centros de salud. La orden para un estudio o para un medicamento llegaba al correo electrónico o al celular del paciente vía WhatsApp; se trataba de una simple foto que tenía el valor de una receta en papel y que evitaba demorar la implementación de las indicaciones de un profesional. Fueron claves para evitar la desatención o el agravamiento de numerosas patologías y hubiera sido deseable, por sus virtudes y fortalezas, que se mantuvieran.

La resolución 3622 del Ministerio de Salud anuló aquellas normas dictadas durante la emergencia sanitaria, cuya vigencia se había prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2022. Sin aviso previo. De aquí en más, además de la receta en papel expedida de puño y letra o digitalmente por un profesional en su lugar de atención, un software, debidamente registrado ante las autoridades sanitarias, reemplazará las fotos que vastamente circularon hasta aquí. Entre los beneficios, que no se discuten, se menciona la seguridad del sistema y su trazabilidad. Una solución alternativa hubiera sido disponer y proveer masivamente un software, capacitar al enorme número de personal que habrá de utilizarlo y comenzar una transición progresiva y ordenada para que la implementación definitiva fuera luego del período de vacaciones y antes del comienzo del invierno.

A las molestias para los ciudadanos, se suma la sorpresa de los propios médicos, muchos de los cuales ya están saliendo de vacaciones. La falta de reglamentación de una ley de 2020 sobre cómo certificar la firma digital del profesional complica el escenario. Aquella norma disponía que la prescripción y dispensación de medicamentos, al igual que toda otra prescripción, podían ser redactadas y firmadas a través de firmas manuscritas, electrónicas o digitales, en recetas electrónicas o digitales, en todo el territorio nacional. Del mismo modo, autorizaba la utilización de plataformas de teleasistencia en salud que reunieran los requisitos técnicos y legales. Afortunadamente, la flamante resolución que deroga la vigencia de las recetas digitales o electrónicas exime a los afiliados del PAMI, pues esta obra social que asiste a jubilados y pensionados cuenta con un sistema que, de por sí, valida la competencia del profesional firmante.

No deberíamos sorprendernos de que la cartera sanitaria siguiera improvisando. Basta revisar su nefasto desempeño de los últimos años, primero en la persona de Ginés González García y luego con la ministra Carla Vizzotti, dos personajes que han demostrado estar lejos de poder considerarse a la altura de las responsabilidades de un cargo que impacta, por definición, en la vida de muchos. Sin eufemismos, no tienen remedio.

Si bien los nuevos softwares están operativos para prepagas, empresas de medicina privada y obras sociales, los cambios demandarán el reacomodamiento de todo el sistema. De hecho la Cámara Argentina de Farmacias se enteró con el anuncio, no antes, y debió advertir a sus asociados sobre la prohibición de recibir recetas en los viejos formatos digitales hasta aquí vigentes.

Así como en su momento los cheques solo tenían validez cuando eran emitidos de puño y letra y ahora su operatoria se ha digitalizado, algo similar se plantea con las prescripciones médicas. La telemedicina continuará afianzándose como medio complementario y la prescripción de recetas virtuales debería ajustarse en función de un estándar definitivo, debidamente reglamentado, consensuado y regulado. Para campear las críticas que suscitó el anuncio, se dispuso que las recetas digitales como hasta acá las utilizamos sigan vigentes para tratamientos crónicos hasta el 28 de febrero de este año, como así también para estudios. Son precisamente los pacientes agudos los que quedan afuera, otra vergüenza sanitaria.

Hasta que se extienda el uso de las nuevas herramientas digitales para recetar, los pacientes deberán volver a los consultorios toda vez que necesiten alguna indicación médica. Confirmamos que improvisación es el nombre del peligroso y macabro juego que sigue imponiendo el Ministerio de Salud. Poco podemos esperar de una dependencia turbia y oscura que no resiste auditorías, apenas informes reservados. Las renuncias de sus cabezas deberían llegar sin demora de puño y letra. La ciudadanía no las aceptará en forma digital.