Bolivia: promulgan la ley para convocar a elecciones sin Evo Morales como candidato
LA NACION
La presidenta interina, Jeanine Áñez, sostiene el documento acordado con el MAS para convocar a eleccionesDAVID MERCADO - Reuters
LA PAZ.- El conflicto que se desató en Bolivia tras las elecciones del 20 de octubre empieza a delinear un nuevo camino: la presidenta interina, Jeanine Áñez,promulgó la ley para llamar a nuevos comicios, de los que no podrá participar Evo Morales, a la vez que las protestas, que ya llevan más de un mes y dejaron 32 muertos, comienzan a desactivarse.
Áñez firmó la norma que permitirá el llamado a nuevas elecciones generales tras su aprobación unánime en el Congreso, anteanoche. "Llegamos a este día con la satisfacción del deber cumplido porque este es el principal objeto de mi gobierno: nuevas elecciones en el menor tiempo posible", dijo la mandataria.
La nueva "ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales" anula los comicios de octubre, suspende a todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral y da 20 días a la Asamblea Legislativa para designar nuevos vocales y crear un reglamento para que cada departamento del país haga lo mismo.
Vamos a recuperar la democracia con democracia. Estoy muy orgullosa de esta ley, pero sobre todo estoy muy orgullosa de todos los bolivianos, que jamás se rindieron, y jamás se cansaron, estamos cumpliendo nuestra misión, para ello llega también el tiempo de la reconciliación. pic.twitter.com/jMPlTLhI56&— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) November 24, 2019
Los nuevos vocales electorales deben asumir al día siguiente de ser designados por los legisladores, y en un período de no más de dos días deben convocar a elecciones generales en un plazo máximo de 120 días y presentar un calendario electoral.
Es decir que las elecciones podrían ser convocadas hasta mediados de abril próximo y que en caso de necesitarse un ballottage presidencial este debería ser convocado a no más de 45 días de la primera vuelta.
En los comicios se elegirán el presidente y los 166 miembros de la Asamblea Legislativa.
Evo fue excluido a partir de un artículo de la Constitución que prohíbe la reelección después de dos mandatos consecutivos.
En este escenario, el gobierno provisional de Áñez avanza en la negociación de un acuerdo para pacificar las protestas, que ya dejaron 32 muertos desde las pasadas elecciones, 17 de ellos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en los últimos diez días. En gran parte, las manifestaciones comenzaron a desactivarse en distintos puntos de Bolivia.
Negociación
Áñez comenzó anteayer una negociación con distintos sectores que se mantenían en conflicto para escuchar sus demandas, principalmente en relación con la liberación de detenidos y el repliegue de los militares.
El gobierno interino y más de una docena de líderes sociales y sindicales llegaron el domingo a un principio de acuerdo para pacificar el país. Ese pacto incluye el repliegue de las fuerzas de seguridad de lugares no estratégicos y la derogación de una polémica ley que había dado vía libre al uso de la fuerza. En tanto, el suministro de alimentos y combustibles, afectado por los bloqueos en las calles, se normalizó en gran parte en La Paz.
El proyecto de ley para la pacificación del país y para reafirmar el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano fue discutido hasta la madrugada de ayer entre Áñez y las organizaciones sociales y sindicales, y se prevé que ambas cámaras del Congreso lo aprueben en las próximas horas para que el Poder Ejecutivo lo promulgue.
La ley establece varios puntos importantes del acuerdo: en primer lugar, fija la protección a los dirigentes sindicales. También permite indemnizaciones para las familias de las personas muertas en el conflicto y el pago de gastos médicos de los heridos, la liberación de los detenidos e investigación de las muertes, además de entrega de salvoconductos a exautoridades y dirigentes que lo soliciten.
Sin embargo, en puntos de conflicto como El Alto, donde las protestas se mantenían con fuerza, se decidió sostener la presencia militar para resguardar la planta de YPFB en Senkata.
