Críticas y apoyos a la amnistía que quiere López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Hay que elegir entre justicia y verdad para pacificar un país? Lucía Díaz, una madre "buscadora" que con su grupo ha encontrado más de 300 cadáveres en fosas clandestinas, no querría tener que optar nunca entre castigar a los responsables de un crimen o saber el destino de un desaparecido. "Sería una decisión terrible", dice.

Por eso vive hoy días de zozobra, entre el miedo y la esperanza. Después de doce años de violencia, con más de 200.000 asesinatos y 35.000 desaparecidos, el proceso de consultas que acaba de iniciar en México el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para elaborar una ley de amnistía que pacifique el país provoca tanta incertidumbre como expectativa. Algunos creen que las heridas son demasiado profundas como para poder hablar de perdón. Otros consideran que la amnistía es necesaria para lograr la paz.

"Nosotras, las madres, nos inclinaríamos más por negociar, tratar con los criminales para que nos den información que nos pueda llevar hasta nuestros hijos, en lugar de simplemente meter a la gente a la cárcel", explica Lucía, que es madre de Guillermo Lagunes, desaparecido en 2013.

Los futuros titulares de las secretarías de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Seguridad, Alfonso Durazo, han dejado en claro que explorarán los instrumentos legales disponibles teniendo como eje los derechos de las víctimas para evitar la impunidad.

La idea, a falta de precisiones, suma también detractores.

"Hay muchas víctimas directas e indirectas que han quedado desamparadas. No creo que esa ley de amnistía pueda representar un acto de justicia para la gente que ha sufrido secuestros, que tiene algún ejecutado", afirma Manuel Olivares, miembro de un centro de derechos humanos del estado de Guerrero, en el sur de México.

En el vecino estado de Michoacán, donde muchos civiles hartos de la violencia optaron por alzarse en armas y tomar la justicia en sus manos, no los convence hablar de arrepentidos. La experiencia les dice que exmiembros del cartel de los Caballeros Templarios, "perdonados" por las autoridades, se reorganizaron en nuevas bandas.

"Si la amnistía fuera para las personas que luchamos por algo bueno, estaría bien", comenta Héctor Zepeda, un civil que actúa como comandante de las autodefensas en una localidad de Michoacán. Zepeda sabe que las autoridades quieren detenerlo, como a sus compañeros, porque, aunque antes eran aliados, ahora solo son gente armada en situación irregular.

Entre los que se muestran optimistas por la propuesta del futuro gobierno está Juan Carlos Trujillo. Dos de sus hermanos desaparecieron en Guerrero y otros dos en Veracruz. "Después de diez años de búsqueda me di cuenta de que lo que desapareció en este país fue la justicia; así que optamos por intentar acceder a la verdad", dijo. No obstante, advirtió que desde la perspectiva de las familias esto "no significa perdón y olvido", sino comprender a quienes fueron utilizados por las estructuras criminales.

Las expectativas generadas por la propuesta son altas y la palabra que más se repite es "verdad".

"Me preocupa que sigan poniendo por delante la ley de amnistía, que es la última parte del asunto", asegura Javier Sicilia, un poeta al que se le acabaron los versos en 2011 tras el asesinato de su hijo. "Sin verdad, ¿qué vamos a amnistiar, si ni siquiera tenemos a los criminales, si ni siquiera sabemos qué pasó?"

El escritor pidió al futuro gobierno que no utilice el tema de la paz "como un show". Le reclama que ponga a trabajar a las instituciones en un proyecto real y con presupuesto.

Para académicos como Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia especializado en crimen organizado, la clave es la "Justicia transicional"; vale decir, los instrumentos extraordinarios que se usan para juzgar los crímenes de lesa humanidad en guerras o dictaduras, o para superar violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Según Buscaglia, en México, este tipo de justicia debería tener dos pilares: la creación de comisiones de la verdad, que deberían surgir de la sociedad civil, y la instalación de tribunales internacionales para procesar los crímenes de mayor impacto, que deberían ponerse en marcha por decisión de López Obrador.

En otros países, ese tipo de comisiones lograron esclarecer casos inescrutables para la Justicia. Es en ese marco donde se debe hablar de amnistía, reparación o beneficios a cambio de confesiones, apunta el académico.