Guiño de EE.UU. a Venezuela: Joe Biden busca ahora una “solución negociada”

WASHINGTON.- En un giro en la política exterior de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden expresó públicamente su respaldo a una “solución integral y negociada” a la crisis de Venezuela que derive en unas elecciones libres y justas, una señal a la postura que han abonado varios países de la región, entre ellos, la Argentina, y de la Unión Europa (UE) que buscan construir una salida ordenada del chavismo con el gobierno de Nicolás Maduro. La declaración se conoció un día después de que el chavismo presentará un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), que a su vez fue visto como un guiño a Washington.

“Estados Unidos apoya una solución integral y negociada a la crisis en Venezuela que aborde todos los aspectos de las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas. Depende de los venezolanos decidir si el nuevo Consejo Nacional Electoral contribuye a este fin”, dijo en un mensaje en Twitter la subsecretaria interna del Departamento del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung.

“Seguimos presionando por cambios fundamentales para elecciones libres y justas incluyendo: levantar prohibiciones a partidos políticos, liberar sin condiciones a presos políticos, invitar a observadores electorales internacionales creíbles y un calendario electoral público”, enumeró.

El mensaje de Chung ofreció la primera postura pública formal por parte del gobierno de Biden en su política hacia Venezuela. Durante el gobierno de Donald Trump, la Casa Blanca había dejado la puerta abierta a negociar la salida de Maduro, pero siempre como broche final a partir de una férrea política de sanciones –que incluyó un embargo petrolero–, y con Maduro afuera del poder. Ahora el gobierno de Biden parece haber puesto al costado esa condición, aunque mantuvo la lista de exigencias políticas para garantizar que las elecciones sean justas.

La movida del gobierno de Biden extiende en los hechos un ramo de olivo al régimen de Maduro, y arroja el respaldo de Washington, otra vez, a intentar una negociación fructífera con el chavismo. La última vez que el Departamento de Estado se involucró en una negociación con Maduro fue a través de Thomas Shannon, quien, paradójicamente, ahora trabaja como lobista del presidente encargado, Juan Guaidó. Shannon también tiene entre susclientes al gobierno de Lenín Moreno de Ecuador, el de Alberto Fernández, de la Argentina, y el de Nayib Bukele, de El Salvador.

El giro de la Casa Blanca alinea al gobierno de Biden con México y la Argentina y la postura del Grupo de Puebla y el Grupo de Contacto, que han favorecido las negociaciones con Maduro. La nueva política de Estados Unidos brinda además una oportunidad a Alberto Fernández para posicionarse como un interlocutor entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores, justo cuando la Casa Rosada busca el respaldo de Washington en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El nuevo consejo electoral venezolano

El chavismo había festejado ayer la puesta en marcha del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), que considera una nueva victoria revolucionaria. “Fue un acuerdo político, como debe ser, dialogado y negociado con todos los sectores de la oposición”, se jactó el propio Nicolás Maduro, quien definió al nuevo ente electoral como un “organismo fuerte” del que sigue manteniendo un control total.

Se trataba de la primera prueba del algodón para saber hasta dónde está dispuesto a ceder el “presidente pueblo” de cara a unas negociaciones que tengan el visto bueno de Washington. Y pese al rechazo expedito de la oposición mayoritaria, el chavismo ha cumplido con el “primer paso”, tal y como ratificó el número dos de la Unión Europea, Josep Borrell.

El nuevo ente electoral, impuesto por el Parlamento surgido del fraude electoral del año pasado y no de la Asamblea Nacional (AN) legítima, como marca la Constitución, está conformado por tres militantes revolucionarios y dos opositores cercanos al excandidato presidencial Henrique Capriles, en un evidente guiño a Estados Unidos. La intención del club de países que apuestan por un nuevo ciclo negociador, con Noruega a la cabeza, es que Washington se suba al mismo carro.

El exministro Pedro Calzadilla es el elegido por Maduro para presidir el nuevo CNE, aunque oficialmente fuera presentado por una “sociedad civil” inexistente. Súmate, ONG especializada en procesos electorales, impugnó de inmediato el nombramiento de este historiador por su militancia revolucionaria. Calzadilla incluso forma parte de la denominada Red en Defensa de la Humanidad, un club de intelectuales orgánicos del chavismo.

Los otros dos designados por el Palacio de Miraflores son Tania D´Amelio, que representa la continuación de anteriores CNEs, fiel 100% a los mandatos del gobierno y una “pieza del régimen”, aseguran a este periódico fuentes conocedoras del reparto de cargos. Y, como tercero, se impuso a Alexis Corredor, un talibán revolucionario que formó parte de la Constituyente de 2017, aquella que ejerció como si se tratara del Comité de Salud Pública de la Revolución Francesa.

Los dos opositores son Roberto Picón, antiguo preso político y uno de los mayores expertos electorales del antichavismo, y Enrique Márquez, quien fuera un peso pesado del partido socialcristiano Un Nuevo Tiempo, alejado ahora de su dirección. Ambos están directamente vinculados con Vicente Díaz, hombre de Capriles y antiguo rector del CNE.

“Es una imposición del régimen sin garantías que busca blanquearlos y dividir”, dijo, contundente, Juan Guaidó. El presidente encargado ha desmentido categóricamente que hayan participado en el diseño del ente electoral, además de asegurar que sólo un acuerdo con “debido acompañamiento internacional” sería una solución real al naufragio venezolano.

La oposición teme que el chavismo use de nuevo tanto al CNE como las posibles negociaciones para dividir aún más a sus integrantes. Como era de esperar, Capriles sí saludó el “primer paso indispensable” realizado por el gobierno, términos parecidos a los usados por la vicepresidenta Delcy Rodríguez: “Un paso más para la apertura de espacios políticos de entendimiento mediante el diálogo efectivo”.