Las reglas de la democracia

La decisión del ministro del Interior británico, Jack Straw, de rechazar la extradición de Augusto Pinochet disponiendo su libertad, podrá ser pasible de condenas o elogios basados sobre razones políticas, pero es impecable a la luz de los principios jurídicos que sustentan a las modernas democracias constitucionales.

La decisión está avalada por la Convención Europea de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a los cuales adhirieron, entre otras naciones, el Reino Unido, España, Bélgica, Francia y Suiza. Establecen que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.

Condiciones que configuran

Ella sólo puede resultar de un debido proceso legal en el cual se tornen efectivas todas las condiciones que configuren la defensa en juicio. Entre ellas, que el acusado se encuentre en condiciones físicas y mentales aptas para sobrellevar el proceso.

De no ser así, el juzgamiento es improcedente y, como se presume la inocencia, corresponde decretar la libertad.

Straw consideró que Pinochet padece un avanzado estado de senilidad que le impediría afrontar el proceso mediante un consciente ejercicio de su derecho de defensa. Tal decisión no es un acto de gracia, sino el cumplimiento de un deber humanitario establecido por la legislación para todos. Tanto para los demócratas honestos como para aquellos que proclaman la libertad y demandan la muerte para quienes no piensan igual que ellos.

En una democracia hay una sola ley aplicable a todos, cualquiera que sea su ideología política.

Al margen de la controversia que suscitó el desconocimiento de los principios de territorialidad e irretroactividad de las leyes penales, el caso Pinochet nos brinda una lección sobre cómo se convive en una democracia constitucional: respetando el mensaje de la ley por encima de cualquier interés político.