Recelo en los mercados y tensión con aliados: Lula da Silva ya se enfrenta a un desgaste antes de asumir

BRASILIA.- Cuando faltan menos de dos semanas de asumir la presidencia de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva enfrenta sus primeros desgastes, con un freno en nuevos nombramientos para conducir ministerios ante negociaciones empantanadas con aliados y el Legislativo y una polémica flexibilización de la principal ley para empresas estatales.

Las acciones ordinarias de la petrolera estatal Petrobras derraparon este miércoles casi 10% en la bolsa de San Pablo, horas después de que la cámara de Diputados flexibilizara en tiempo récord la Ley de Empresas Estatales.

La norma, aprobada en 2016 durante el gobierno del expresidente Michel Temer, surgió como un blindaje de las empresas del Estado contra interferencias políticas tras el escándalo de corrupción del Lava Jato.

La cámara baja redujo la noche del martes, en tiempo récord, el período de cuarentena exigido para políticos que ocuparon cargos de relevancia en estructuras partidarias o campañas de 36 meses para 30 días, un movimiento que dejó vía libre para que asuman los indicados por Lula en el Banco Nacional de Desarrollo Económicos y Social (Bndes) y Petrobras.

Tras confirmar al exalcalde de San Pablo y sociólogo de 59 años Fernando Haddad como futuro ministro de Hacienda, Lula indicó al exsenador Aloizio Mercadante, otro cuadro histórico y uno de los fundadores del PT, como jefe del Bndes.

Los papeles de las empresas estatales se desplomaron, ante el temor por un mayor riesgo de uso de recursos de las compañías para fines políticos, con el nombramiento de un “desarrollista” como Mercadante. En especial, inversores temieron el regreso a la adopción de una “política de campeones” en el Bndes, por la que en el pasado grandes empresas se beneficiaron de tasas de crédito subsidiadas, más baratas que las de mercado.

El senador Taso Jereissati, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y relator de la ley de estatales, calificó la movida de Diputados como un “retroceso histórico en la vida de las estatales brasileñas rumbo a República de las Bananas”.

Además, la flexibilización, ampliamente apoyada por la bancada del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara, elevó de 0,5% a 2% el límite de gasto de empresas estatales en publicidad de las empresas sin una justificación específica.

“Al apoyar la flexibilización de la Ley de Empresas Estatales, Lula debilita moral y políticamente, desde la primera hora, su gobierno. El centrão tendrá muchos más cargos para exigir en las negociaciones”, cuestionó esta semana el periódico Estado de S. Paulo en uno de sus editoriales.

En un acto con recicladores el jueves, en tono electoralista, Lula repitió que no se puede “cuidar de los pobres si se mira la política fiscal”, un día después de que Haddad intentara calmar a los inversores al asegurar que la “expansión de gastos públicos no será el motor que va a impulsar el crecimiento de la economía” en este momento.

El presidente electo, que volverá al poder tras haber gobernado Brasil entre 2003 y 2010, ha sido criticado por economistas por impulsar un aumento excesivo de los gastos para 2023 en el Congreso, mientras su flamante ministro de Hacienda intenta mostrar un compromiso de la nueva administración con la “sustentabilidad fiscal” del país.

“Responsabilidad social es parte de la responsabilidad fiscal”, aseguró Haddad.

Leandro Consentino, politólogo del Insper de San Pablo, dijo que el nombramiento del exalcalde paulista es “mucho más una indicación de un posible sucesor que la seguridad que el mercado desearía”, debido a sus convicciones “heterodoxas”.

El líder del PT debió postergar esta semana nuevos anuncios de ministros, atento al trámite en el Congreso de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que prevé autorizar gastos extraordinarios por más de 30 mil millones de dólares para financiar el Bolsa Familia los próximos dos años.

Según reportes de la prensa brasileña, para aprobar la PEC, el presidente de la Cámara, Arthur Lira, reivindica el control de ministerios como Salud y Desarrollo Regional, además de puestos en empresas públicas.

“Lula sabe que deberá distribuir ministerios para grupos que, en el momento de cuestionamientos fuertes, necesita que mantengan su apoyo. Quiere contemplar aliados, pero mantener alianzas duraderas, al contrario de Dilma”, dijo a LA NACION Paulo Calmon, politólogo y profesor de la Universidad de Brasilia.

El gobierno entrante del PT todavía debe definir quiénes conducirán ministerios clave como Planificación y Comercio Exterior, hoy bajo la órbita del Economía, conducido por Paulo Guedes, y otros de alto perfil como Desarrollo Social -responsable por el Bolsa Familia-, Salud -uno de los mayores presupuestos- y Medioambiente.

Cuestionamientos

Además de Haddad, Lula confirmó la semana pasada al diplomático Mauro Vieira para Itamaraty; José Múcio en Defensa; Rui Costa para la Jefatura de Gabinete; y Flavio Dino en Justicia. Esta semana oficializó a la cantora Margareth Menezes para Cultura.

Uno de los principales cuestionamientos fue que, en su mayoría se trata de figuras del PT, exministros o aliados históricos del partido, y hombre blancos -con excepción de Menezes-, contrariando al menos en los primeros nombramientos la promesa de “diversidad” en el gabinete.

“Lula está contrariando buena parte de lo que dijo en campaña. El “frente amplio” para vencer a Bolsonaro se convirtió en PT, la responsabilidad fiscal no combina con el cuidado de los pobres y la paridad de género (en ministerios) está ausente”, cuestionó Consentino.

“Si Lula promueve una estafa electoral, inclusive fortalecerá al bolsonarismo”, agregó.

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