En qué consiste el polémico proyecto de ley “antiinmigrante” HB-10 de Carolina del Norte y por qué piden frenarlo

Tal como ya sucedió en Florida con la ley SB1718 y en Texas con la ley SB-4, el estado de Carolina del Norte se encamina a tener su propia versión de una norma que se considera “antiinmigrante”, con el proyecto HB-10. El mismo que marcaría un antes y después en la forma en que las autoridades locales tratan los casos de personas indocumentadas que están involucradas en delitos graves. Si se aprueba, estas tendrían que ser reportadas directamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

El avance del proceso legislativo, que ahora está por llegar al pleno del Senado, está en el foco del debate público y ocasiona una ola de preocupación entre defensores de derechos humanos, que temen que la aplicación de la ley tenga un efecto negativo en la comunidad donde viven unos 488 mil migrantes, según una estimación reciente publicada por la organización Federation for American Immigration Reform (FAIR, por sus siglas en inglés).

La House Bill 10 (HB-10) fue discutida a inicios de esta semana por el Comité de asuntos Judiciales del Senado de Carolina del Norte y, posteriormente, aprobada por el Comité de Reglas y Operaciones de la misma institución. Ahora, se espera que en cualquier momento sea puesta a votación en el pleno del legislativo estatal. En caso de ser aprobada, pasaría al escritorio del gobernador del estado, Roy Cooper, que tendría un plazo de 10 días para firmar o vetar el proyecto.

El objetivo de esta ley es obligar a que los sheriffs de Carolina del Norte reporten a los agentes de ICE la detención de personas indocumentadas que sean acusadas de crímenes como robo con violencia, tráfico de drogas y violación sexual, de manera que se pueda agilizar su deportación. No obstante, algunos activistas alertan de que esta ley podría extenderse a quienes estén relacionados con delitos menores, como infracciones de tránsito.

Reacciones y opiniones sobre la iniciativa HB-10

Diversas organizaciones argumentan que el proyecto de ley que podría pasar a votación en el Senado en las próximas horas no solo pone en una situación vulnerable a los inmigrantes, sino que también atenta contra la autoridad local de los alguaciles o administradores de las cárceles y podría tener consecuencias negativas para el estado.

“El resultado de esta colaboración lo que genera es miedo y temor en la comunidad. Hace que las personas de nuestra comunidad tengan miedo para llamar a la policía cuando son víctimas de crimen y hace que no haya justicia para estas personas”, dijo Eloy Tupayachi, activista de la organización sin fines de lucro El Pueblo, en declaraciones para Univision.

Por su parte, Pilar Rocha-Goldberg, presidenta y consejera delegada de la organización de apoyo comunitario El Centro Hispano, expresó su rechazo a la propuesta de ley y la calificó como un “absurdo económico”, dado que Carolina del Norte depende en gran medida de la mano de obra inmigrante para el funcionamiento de sectores vitales como la construcción y la agricultura. “En lugar de implementar proyectos de ley innecesarios y restrictivos como la HB10, deberíamos priorizar las protecciones laborales y el acceso a permisos de trabajo”, enfatizó la activista a través de un boletín en su sitio web.

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