Acuerdo en la Cumbre del Clima de París

El acuerdo alcanzado en la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático (COP21) no es perfecto: es esperanzador. Es el marco de una tarea que tenemos por delante si queremos que el planeta sea un lugar apto para la convivencia.

Han pasado seis años desde la frustrante cumbre de Copenhague y las cosas han ido mejor. La COP21 de Cambio Climático cerró con el consenso entre los 196 países de mantener la temperatura media del planeta muy por debajo de los dos grados respecto de los niveles preindustriales y el compromiso de doblegar esfuerzos para llegar a 1,5 grados para fin de siglo, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático, tal como lo recomiendan científicos y expertos. Se pretende, además, que todos los países alcancen un techo en sus emisiones de gases de efecto invernadero "lo antes posible", aunque no se fija un año concreto.

Lograr el ambicioso objetivo de no superar los dos grados -mucho más el de 1,5 grados- no es posible con los planes climáticos o contribuciones nacionales (INDC por sus siglas en ingles), que representan los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero (GEI), que las naciones han presentado hasta la fecha. Estos compromisos deben revisarse y ser mucho más ambiciosos: un informe reciente de la Secretaría de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático mostró que el efecto agregado de los planes nacionales de acción climática presentados hasta la Cumbre de París, que representan el 86% de las emisiones globales de GEI, nos estaría llevando a un aumento en la temperatura del planeta de 2,7 grados. Incluso muchos países condicionaron parte de estos compromisos al apoyo financiero internacional que pudieran recibir. Es por eso que el acuerdo establece que las contribuciones se revisarán cada cinco años, debiendo siempre ser más ambiciosas, de modo de avanzar hacia una descarbonización del planeta y lograr una "neutralidad" de emisiones a partir de la segunda mitad del siglo.

En materia de financiamiento, para que los países con menos recursos puedan adaptarse a los efectos del cambio climático, y para que puedan reducir también sus emisiones, se establece una ayuda internacional de los países con mayores capacidades y responsabilidades históricas de brindar apoyo a aquellos países que más sufren las consecuencias del cambio climático. En ese sentido, se estableció un piso anual de 100.000 millones de dólares desde 2020 hasta 2025, año en el que debería empezar un escalamiento del financiamiento, lo que implica que debe mejorarse en el futuro.

La propuesta presentada por la Argentina es insuficiente, pero puede mejorarse. No es sino el resultado de años de supeditar la ideología a los valores ambientales: en las negociaciones internacionales nuestro país ha formado parte del denominado Like Minded Group (grupo de países de pensamiento afín), liderado por Estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que desde siempre ha procurado evitar cláusulas vinculantes que condujeran a la reducción del consumo de combustibles fósiles, integrado por países tan diversos como Arabia Saudita, Bolivia, China, Cuba, Irak, Qatar, la República Democrática del Congo o Venezuela. Afortunadamente, luego del cambio de gobierno, existe la oportunidad de retomar una política en materia ambiental que nos lleve al liderazgo en las negociaciones internacionales.

Para cumplir con el acuerdo necesitamos avanzar de forma más decidida hacia las energías renovables, cuyos valores de instalación han disminuido notablemente en los últimos años. Nada sencillo, pero lo cierto es que nos queda muy poco tiempo para alcanzar el pico máximo de emisiones a partir del cual es necesario bajarlas, y de forma sostenida, para no sobrepasar el tope acordado de los dos grados.

Lo más importante es que existe un marco legal vinculante a nivel global y debe transformarse en políticas de Estado. Si algo ha quedado claro en esta cumbre es que el cambio climático no es un tema ambiental, sino de desarrollo sustentable.

Es por eso que el Gobierno debería establecer una coordinación interinstitucional efectiva y con los diferentes sectores y actores que tradicionalmente no acompañan estas medidas, de modo de promover las energías renovables, nuevas opciones de transporte en las ciudades, la gestión integral de residuos sólidos, una agricultura sostenible, una férrea protección de los bosques y de los mares, etc. Seguramente estos cambios implican transformar completamente la forma de planificar y diseñar ciudades y de generar energía. Se debe contar con un plan nacional de mitigación y adaptación al cambio climático, que además de efectivo, sea una prioridad de todo el país, considerando, además, que estamos en una zona vulnerable al cambio climático.

El mensaje del Acuerdo de París es claro: reducir el riesgo del planeta tiene que ver con un proyecto de civilización. Es imprescindible cambiar de rumbo, y hay que hacerlo rápido.