Aprender es un derecho

Hay una caricatura famosa del genial Quino que muestra a Mafalda pensativa con un libro en la mano leyendo esta frase: "De tanto ahorrar en educación nos hemos hecho millonarios en ignorancia". Hoy, en el Mes de la Educación, esta frase cobra absoluta vigencia en una Argentina nuevamente en crisis económica. Y la reflexión que origina nos interpela con una realidad que vemos venir y debemos evitar: ¿podemos hoy, como república, darnos el lujo de ahorrar en educación?

Analicemos la situación del sistema obligatorio, que en la Argentina va de los 4 años hasta el fin del secundario, para responder esta pregunta. Ya en 1853, la Constitución en su artículo 14 estableció que "Todos los habitantes gozan del derecho de enseñar y de aprender". La Declaración de los Derechos del Hombre elevó la protección de este derecho al considerarlo un derecho humano universal. En línea con esta jerarquía, la ley nacional de educación vigente (26.206 de 2006) estableció que "la educación es una prioridad nacional", que el Estado nacional y provincial son quienes tienen "la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad", y que es el Estado quien "garantiza el financiamiento del sistema educativo nacional".

En este escenario, suena incoherente (y hasta podría interpretarse como prueba de una voluntad dolosa) ahorrar en educación. Y mucho más cuando los resultados y las deudas educativas nos informan que no estamos consiguiendo los objetivos planteados. Digámoslo sin tapujos: en la Argentina hay una violación flagrante del derecho de aprender y son muy pocos los que gozan de este derecho en forma integral. Más del 50% de los alumnos que inician su educación obligatoria no la terminan y, dentro del grupo de quienes sí lo hacen, la mayoría no aprende lo que debiera. La injusticia educativa es mayúscula y esto configura una vergüenza nacional: los sectores más desfavorecidos no reciben los recursos que la ley manda y "la igualdad de oportunidades y de resultados educativos", que el artículo 80 de la ley establece, se desvanece e incumple. Si a este grave cuadro de situación le sumamos que se incumple la ley de 180 días de clase y la meta legal de la jornada extendida y que la infraestructura escolar presenta riesgos que deben atenderse con urgencia (la explosión ocurrida en Moreno ha sido una alerta gravísima), queda claro que no se puede pretender reducir la inversión en Educación. Hacerlo sería un atentado contra el futuro de la Nación.

¿Qué se puede hacer? Darle a la educación la prioridad que la norma exige y cumplir la ley. Para ello los ciudadanos debemos gritar y exigir. Estamos frente a la violación de un derecho humano y de un derecho constitucional. Debemos hacer de esta cuestión una cuestión de Estado. Así como otros temas originaron masivas marchas populares que salieron a defender derechos, la violación del derecho de aprender de niñas, niños y adolescentes debiera movilizar a la sociedad.

Que se discrimine a las clases más bajas dándoles peor educación que a las más pudientes es indignante. Debemos entenderlo. Los adolescentes que abandonan la escuela en las zonas más pobres del conurbano bonaerense muchas veces comienzan un círculo fatal: el abandono los conduce a una banda, la banda los lleva a la droga, a un arma, al delito, y esta sucesión de hechos los conduce a la cárcel y muchas veces a la muerte. No podemos quedarnos en silencio cómplice como si nada sucediera. Aprender es un derecho y está en todos nosotros defenderlo.

Presidente de Educar 2050