Un triunfo de la democracia

El juicio a las juntas representó, sin duda alguna, el hecho jurídico y político más trascendente de la historia argentina en materia de derechos humanos. Las audiencias públicas del enjuiciamiento a los responsables del terrorismo de Estado comenzaron el 22 de abril de 1985 y finalizaron el 14 de agosto de aquel año. Durante esas jornadas declararon más de 800 personas. Después de los testigos fue el turno de la fiscalía. El 18 de septiembre, Julio César Strassera, acompañado por Luis Moreno Ocampo, realizó el alegato en que solicitó la condena de los represores.

Cumplidos los plazos legales, el 9 de diciembre la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal hizo su parte. Los jueces León Arslanian, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio sentenciaron a los acusados: Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera fueron condenados a reclusión perpetua; Roberto Eduardo Viola recibió una pena de 17 años de prisión; Armando Lambruschini, 8 años, y Orlando Ramón Agosti, 4 años.

Así y todo, conviene empezar desde el principio. El 13 de diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín firmó los decretos 157 y 158. El primero dispuso el enjuiciamiento de los líderes guerrilleros pertenecientes al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y a Montoneros. El segundo estableció el procesamiento de los militares que encabezaron, de facto, el llamado Proceso de Reorganización Nacional desde el 24 de marzo de 1976 hasta la rendición de las tropas argentinas en la Guerra de Malvinas.

En paralelo, el 15 de diciembre de ese año, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. El organismo tenía por objetivo relevar, documentar y registrar casos de violación de los derechos humanos. Hay un dato sabido: el Partido Justicialista, principal fuerza de oposición, no integró la Conadep. Esa decisión estuvo en línea con la autoamnistía castrense defendida por el PJ y su candidato presidencial de 1983, Ítalo Luder. En este contexto, entonces, resultó central la tarea de Graciela Fernández Meijide, encargada de la Secretaría de Recepción de Denuncias y madre de Pablo, un estudiante de secundario de 17 años que fue secuestrado y permanece desaparecido desde el 23 de octubre de 1976.

Luego de varios meses de trabajo, el 20 de septiembre de 1984, con miles de personas en la Plaza de Mayo, el presidente de la Conadep, Ernesto Sabato, entregó el informe "Nunca más" a Alfonsín. Por los testimonios de familiares y sobrevivientes de la dictadura, la investigación permitió recopilar 8960 casos de personas desaparecidas. El documento oficial, publicado anualmente por Eudeba desde 1984 hasta hoy, fue utilizado por la querella en el juicio a los comandantes.

Pese a la trascendencia de los hechos, desde el discurso redentor se quiso trastocar la memoria. El 24 marzo de 2004, parado frente al edificio de la ex-ESMA, Néstor Kirchner sostuvo: "Como presidente de la Nación Argentina vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades". A esta falta de respeto para con la historia y la sociedad le siguieron la partidización de los organismos de derechos humanos y la construcción de un pasado personal tan idealizado como falaz.

Mirado retrospectivamente, el proceso penal llevado a cabo por la Justicia Civil patentizó la decisión política de un gobierno constitucional de restablecer la juridicidad y el Estado de Derecho. En su libro Los hombres del juicio, Pepe Eliaschev remarca: "No trepido en considerar el juicio a las juntas, resuelto y sostenido hasta el final por el presidente Raúl Alfonsín, como la mayor hazaña civil de la historia de nuestra nación". Desde esta certera afirmación, lo ocurrido hace 35 años resume los valores de una tarea ética que, con el tiempo, se trasformó en reserva moral de la democracia.

Licenciado en Comunicación Social (UNLP) Miembro del Club Político Argentino