Cuando están en peligro las libertades

Hay una oficina que formalmente depende de la Corte Suprema de Justicia que se está convirtiendo en un servicio de inteligencia paralelo. Tiene un nombre estrafalario (Dajudeco) y es la dependencia encargada de escuchar las conversaciones telefónicas de las personas, siempre que tales interferencias hayan sido ordenadas por jueces. El gobierno de Macri transfirió esa oficina (que antes dependía de Alejandra Gils Carbó) a la Corte Suprema para garantizar su independencia y transparencia. Depende solo orgánicamente del máximo tribunal, porque en los hechos hace lo que quiere o lo que les sirve a sus jefes políticos. Jamás consulta nada con los jueces supremos, y nunca les remite copias de lo que hace. Acaba de avanzar gravemente sobre las libertades públicas garantizadas por la Constitución y de cuestionar principios tan sagrados como el de la división de poderes y la inmunidad parlamentaria.

El fiscal Franco Picardi es un funcionario judicial que llegó más allá de la simple pertenencia a la organización judicial prokirchnerista Justicia Legítima; es también muy amigo de La Cámpora. Recibe órdenes directas del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, que es el que conduce, junto con Carlos Zannini, una especie de Ministerio de la Venganza en las sombras. Picardi le requirió a esa oficina de escuchas telefónicas que hiciera una evaluación de las declaraciones públicas de funcionarios macristas durante toda la gestión de Macri, incluido el expresidente. También incorporó en la lista a personas que no fueron funcionarios de Macri, ni militan con el expresidente, como el extitular del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera. En la lista de investigados están también Elisa Carrió y Mario Negri, que eran diputados nacionales en esos años. La oficina de escuchas entregó un informe de 360 páginas con los resultados de ese ciberpatrullaje, que se agregó a la causa sobre la supuesta existencia de una “mesa judicial” para perseguir al kirchnerismo durante la administración de Macri. El informe incluye hasta la cantidad de likes o “me gusta” en los tuits en los que se criticaba a la exjefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó y a los jueces Ana María Figueroa, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, entre otros cercanos al kirchnerismo. Un vaho a la desaparecida Alemania oriental impregna todo ese informe. Los jueces y fiscales kirchneristas no tienen remedio.

Si se ignoran la libertad de expresión, la inmunidad parlamentaria y la división de poderes, se vulnera el Estado de Derecho

La causa está en poder de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien delegó la investigación en Picardi. La magistrada no tuvo conocimiento previo del requerimiento del fiscal a la oficina de escuchas, pero se enteró de que el informe había existido cuando fue agregado al expediente. No es la primera vez que Capuchetti tiene problemas con esta causa y con Picardi. El fiscal ya había pedido todo el listado de ingresos y egresos a la quinta presidencial de Olivos y a la Casa de Gobierno durante el gobierno de Macri. La decisión provocó entonces un enorme revuelo político porque nunca antes se había hurgado tanto en la agenda de un presidente de la Nación. La jueza le ordenó luego a Picardi que limitara su investigación a un tiempo razonable, y adujo que no podía negarle al fiscal ese pedido porque la agenda del Presidente es pública y está en manos de la ONG Poder Ciudadano. La jueza debería reflexionar, después de tantos desvaríos de ese fiscal, si sigue siendo sensata y prudente la decisión de delegarle a un funcionario judicial tan comprometido políticamente la investigación de una causa cargada de política.

La Dajudeco (en los tribunales aman los nombres largos y las siglas engorrosas) está a cargo de Juan Rodríguez Ponte, un exsecretario letrado del juez federal Ariel Lijo, quien, a su vez, es un referente importante del expresidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti en los tribunales de Comodoro Py. Por encima de Rodríguez Ponte está el juez de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra, otro amigo cercano de Lorenzetti y del kirchnerismo. Durante la gestión de Lorenzetti como titular de la Corte se integró esa oficina de escuchas, donde incorporó a muchos amigos y familiares de jueces y fiscales de los tribunales federales de Comodoro Py. En los tribunales se dice que nada de lo que ocurre en esa oficina de escuchas deja de llegar a los oídos y a los ojos de Lorenzetti. En oficinas de la Corte se dedujo que la inclusión de Carrió en esa lista corresponde seguramente al deseo de Lorenzetti, a quien Carrió le viene pidiendo el juicio político desde hace mucho tiempo. Carrió nunca fue vinculada a la “mesa judicial” del gobierno de Macri, de la que, además, fue muy crítica. Sin embargo, otras voces no creen en la versión de que Lorenzetti haya incluido a Carrió, porque también está en la lista Ernesto Sanz, un dirigente radical de excelente vínculo con el expresidente de la Corte. Sin embargo, en la reunión del jueves pasado de la Corte, cuando el tribunal trataba una presentación de Carrió sobre esta persecución, Lorenzetti se opuso a que los jueces supremos intervengan en el conflicto creado por la oficina de escuchas. “Esa dependencia cumplió el pedido de un magistrado judicial”, argumentó Lorenzetti. Los tres jueces restantes (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda) no tuvieron en cuenta su opinión y decidieron pedirle a esa oficina un informe “circunstanciado” (es decir, pormenorizado) de por qué dispuso el ciberpatrullaje y en qué razones jurídicas se respaldó. De paso, la Corte aclaró implícitamente que no estaba enterada del ciberpatrullaje de la oficina bajo su dependencia. También le recordó a esa oficina que la Corte dictó en 2019 una acordada (se refería entonces a la difusión de conversaciones telefónicas privadas de Cristina Kirchner) en la que subrayó la importancia de preservar el derecho a la privacidad. Podría haber agregado que la jurisprudencia de la Corte indica también que los funcionarios públicos (incluidos los judiciales) deben tolerar las críticas, por más injustas que sean o parezcan. Si la crítica les resulta intolerable, los funcionarios tienen siempre la puerta abierta para regresar a casa. La patria no los considera imprescindibles.

“Si lo hubiera hecho el servicio de inteligencia, ya estarían todos procesados”, aseguró un fiscal que disiente claramente de Picardi. Por el contrario, la oficina de escuchas corrió en auxilio de Picardi en lugar de, al menos, pedirle una opinión a la jueza Capuchetti antes de fisgonear en la vida de las personas. El jefe de la oficina, Rodríguez Ponte, aspiró al juzgado que finalmente recayó en Capuchetti (antes fue el juzgado de Norberto Oyarbide) y ahora está propuesto para ser juez federal de Lomas de Zamora. El kirchnerismo exige siempre una prueba de amor antes de hacer favores.

El primer derecho que se violó es el de la libertad de expresión. Es la primera libertad garantizada por la Constitución, porque sin esa libertad no podrían existir las otras libertades. Es el caso de Lipera, por ejemplo, que opinó como ciudadano, no como funcionario que nunca fue. El caso de Carrió y Negri es directamente desopilante. Eran legisladores (Negri lo es) y tenían inmunidad parlamentaria para hablar. Los fueros están para que los legisladores hablen libremente (no para que roben libremente). Es además una clara injerencia del Poder Judicial en el ámbito de otro poder del Estado, el Legislativo. Si se ignora la libertad de expresión, se viola la inmunidad parlamentaria y se ignora la división de poderes, lo que el kirchnerismo y sus secuaces judiciales están haciendo es vulnerar el Estado de Derecho. Libertades esenciales oscilan muy cerca del abismo.