El derecho al aborto en la Argentina podría influir en la región

Por: Benjamin N. Gedan y Lucy Hale

En diciembre, la Argentina se convirtió en el país más grande de Latinoamérica en legalizar el aborto, un triunfo de las agrupaciones de derechos reproductivos que se movilizaron durante años contra poderosos opositores antiabortistas, incluidos la Iglesia Católica y los líderes evangélicos.

Después de la votación, los activistas de uno y otro bando evaluaron el efecto que podría tener en el hemisferio. ¿La decisión de la Argentina potenciaría a los grupos proaborto y provocaría una catarata de leyes similares en la región? ¿O terminaría por abroquelar y unificar a los grupos antiabortistas, frustrando así el avance legislativo en otros países?

Es demasiado pronto para saberlo. Y eso se debe a que la experiencia del aborto legal en la Argentina tendrá un impacto infinitamente mayor que la histórica aprobación de la ley en sí misma.

Los impulsores de la reforma sumaron aliados con la promesa de que la legalización haría que los abortos, que ya ocurren en las sombras, serían más seguros, y que de ninguna manera haría que se disparara el número de mujeres que buscan interrumpir su embarazo. También enfatizaron en el tema de la igualdad, con la consigna “las ricas abortan, las pobres mueren”. Ese fue el argumento esgrimido ante los legisladores en noviembre por el Presidente: “La legalización del aborto salva vidas de mujeres –dijo Fernández– y no aumenta el número de abortos”. Para reforzar ese argumento, la ley incluyó un amplio abanico de medidas de apoyo a las nuevas mamás durante los primeros años de vida de sus hijos.

Como evidencia, los defensores de la ley señalan los datos de Uruguay, donde el aborto se legalizó en 2012, sin que posteriormente se haya registrado un aumento de los casos. Por el contrario, el mayor efecto se sintió en el sistema de salud pública, porque contribuyó a que Uruguay retuviera el segundo índice de mortalidad materna del hemisferio occidental, después de Canadá. En Latinoamérica, los abortos en condiciones inseguras representan el 10% de las muertes maternas, según el Instituto Guttmacher, por lo general, por hemorragias o infecciones. En Uruguay, la tasa de interrupción voluntaria del embarazo se mantuvo estable después de su legalización, y la proporción de muertes maternas por procedimientos de aborto bajó. Si en la Argentina se repite el mismo patrón, será un argumento fuerte para persuadir a los moderados de Latinoamérica.

Sin embargo, la mera confirmación de la experiencia uruguaya en un territorio mucho más grande tal vez no alcance para catalizar una “ola verde” a nivel regional como la que las activistas predijeron en diciembre. En Uruguay, por ejemplo, acceder a un aborto sigue siendo complicado, ya que uno de cada tres médicos se niega a practicar el procedimiento aduciendo “objeciones de conciencia”, algo previsto en la ley uruguaya y ahora también una opción para los médicos argentinos.

Un índice de negativas médicas igual de alto en la Argentina se convertiría en un problema para las mujeres de lugares remotos o conservadores, para las que el aborto sería legal, pero inaccesible. El Gobierno se mostró satisfecho por los elogios internacionales que recibió el país tras la aprobación de la ley, pero Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica, reconoció en febrero que el acceso al aborto en la Argentina sería muy dispar en la vastedad del territorio y que la nueva ley seguramente tendrá que sortear una serie de planteos legales, donde intervienen los jueces provinciales. Tal como se esperaba, los opositores al aborto están plantando los primeros obstáculos: ya hay amparos presentados ante varios tribunales provinciales, y los hospitales de las regiones conservadoras reportan hasta un 90% de objetores de conciencia.

La opinión pública de la Argentina también moldeará la percepción internacional sobre la legalización del aborto. Un reciente análisis de las encuestas de AmericasBarometer y Latinobarómetro muestran que el creciente debate público sobre temas sociales delicados profundiza la polarización. Si la legalización del aborto no aplaca la discusión, sino que la fomenta, como ocurrió en Estados Unidos, eso podría hacer que el entusiasmo reformista no trascienda las fronteras de la Argentina.

En la previa a la votación de diciembre, los grupos proaborto de la Argentina trabajaron incansablemente para ampliar su base de apoyo, incluyendo a través de investigaciones que desafiaban el supuesto de que los abortos eran cosa de adolescentes, y que las mujeres con hijos rara vez se lo practicaban. Y esos esfuerzos dieron fruto. Durante su campaña presidencial, Fernández prometió legalizar el aborto y la ley aprobada en diciembre fue similar a la ley que no logró pasar dos años antes.

Históricamente, la Argentina ha sido la pionera de las causas progresistas en Latinoamérica. En 2010, fue el primer país de la región en legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo, y la Ley de identidad de género de 2012 es de las más fuertes del mundo en la protección de los derechos de las personas transgénero. No contentas con liderar solo con el ejemplo, las activistas de los derechos de las mujeres en la Argentina están colaborando con sus pares de Chile, donde el movimiento argentino Ni Una Menos ha inspirado movimientos similares a nivel local.

Aun así, las tendencias regionales sobre el derecho al aborto han variado en los últimos años. En México, donde la interrupción voluntaria del embarazo solo es legal en Ciudad de México, el apoyo de la opinión pública a nivel nacional es cada vez más fuerte. En 2020, la Corte Suprema colombiana generó expectativas cuando aceptó tratar un cuestionamiento a las restricciones que existen para abortar en ese país, aunque el fallo fue ambiguo. Pero en una región católica por abrumadora mayoría, donde hasta la votación en la Argentina el 97% de las mujeres en edad reproductiva vivían en países sin aborto legal, el sentimiento antiaborto sigue siendo muy fuerte. (Además de la Argentina y Uruguay, también Cuba y Guyana permiten el aborto sin restricciones.) En enero, por ejemplo, el Parlamento hondureño endureció la prohibición de abortar a través de una reforma constitucional, medida que fue condenada por las organizaciones de derechos humanos, que señalan que a partir de esa reforma, la legalización del aborto en Honduras será prácticamente imposible.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó recientemente los argumentos de un caso que desafía las draconianas leyes de aborto de El Salvador. En Chile, la mitad de los escaños de la asamblea constitucional estarán reservados para mujeres. Pero Chile sigue restringiendo severamente el aborto. En Brasil, Bolsonaro condenó enérgicamente la legalización del aborto en la Argentina. En México, López Obrador está enfrentado con las agrupaciones defensoras de los derechos de las mujeres e ignorando la creciente tasa de femicidios.

El progreso de la Argentina en el derecho al aborto fue idiosincrásico. El país fue uno de los primeros en adoptar el cupo de género en el Congreso. Actualmente, la Argentina ocupa el puesto 18 del mundo en equilibrio de género en su Parlamento, y las mujeres ocupan más del 40% de los escaños congresales. En la votación de la ley de aborto, el 59% de las legisladoras favorecieron la legalización, en comparación con el 46% de los hombres.

La discusión sobre el aborto en América Latina tardará años en resolverse. Pero la forma en que la Argentina implemente su nueva ley marcaría la agenda del debate en toda la región. Si el gobierno de la Argentina garantiza un acceso generalizado a la interrupción voluntaria del embarazo sin provocar un gran aumento de los abortos o una polarización política permanente, podría allanar el camino para reformas similares en toda la región.

Traducción de Jaime Arrambide