El gobierno de la ética y la eficiencia

La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces", dijo, alguna vez, el escritor francés Paul Valéry.

La frase es oportuna para referirnos a un político y estadista verdaderamente excepcional, el doctor Arturo Umberto Illia, así como a un ciclo político tan breve como singularmente exitoso: el gobierno del radicalismo clausurado por el golpe del 28 de junio de 1966.

El primer recuerdo que despierta aquel gobierno es el de su honestidad. En un ranking anual con las 100 personalidades más honestas de la historia que elabora Giacobbe & Asociados, el ex presidente radical comparte, año tras año, los primeros lugares junto a notables figuras como René Favaloro, Manuel Belgrano, el papa Francisco, Teresa de Calcuta y Raúl Alfonsín.

El hallazgo es impresionante, además de justo.

En efecto, don Arturo nunca dejó de ser el austero médico rural que vivió y murió "con lo puesto", sin presumir de nada que pueda ser considerado superfluo, con la determinación -asentada por una coherente filosofía de vida e inquebrantable compromiso de doctrina- de hacer de la máxima responsabilidad del Estado un ejemplo de virtud para la sociedad. No hay discusión sobre esa parte del legado del presidente Illia. Sus propios adversarios lo han reconocido.

Menos consenso, en cambio, ha provocado el legado socioeconómico del gobierno radical de 1963-1966. Lamentable, puesto que de esos años viene uno de los impulsos más sólidos al progreso nacional en la historia de nuestro siglo XX. Basten estos solos indicadores: la participación de la educación en el PBI pasó del 12% en 1963 al 17% en 1964 y al 23% en 1965 (además del impulso a la investigación científica y el respeto irrestricto de la autonomía universitaria); la tasa de desempleo se redujo del 8,8% en 1963 al 5,2% en 1966 (técnicamente, casi pleno empleo); un incremento del salario real del 8% en los tres años de administración; la actividad industrial creció 18,9% en 1964 y 13,8% en 1965, mientras que el PBI lo hizo en un 10,3% y 9,1% en cada uno de esos años, incrementando así la participación de la industria en la producción de riquezas (mayor calidad de empleo y capacidad de desarrollo autónomo argentino); la participación del factor trabajo en los ingresos evolucionó del 36,4% en 1964, al 38% en 1965 y al 41% en 1966, lo cual revela cómo se avanzó en una distribución más equitativa; la deuda externa se redujo de 3400 millones de dólares a 2600 millones en los tres años de gobierno; las exportaciones argentinas fueron en 1966 un 60% más que en 1961.

Quiere decir que la política económica del gobierno de Illia, implementada por los ministros Eugenio Blanco primero y Juan Carlos Pugliese después, logró revertir la tendencia recesiva con la que recibió el país en 1963. No sólo se generó más riqueza, sino que se mejoraron sustancialmente los principales indicadores de bienestar.

Así pues, la ética de aquella administración radical fue inescindible de la eficiencia. Lamentablemente, y como lo han dicho los historiadores César Tcach y Celso Rodríguez en un estudio ya clásico, el sueño fue breve. El contexto político y social en el que se desenvolvió el gobierno (alta incidencia de voto en blanco, proscripción del peronismo, exilio de Perón, alta politización del Ejército, rasgos de modernización que originaron lo que el politólogo Guillermo O'Donnell llamó "Estado burocrático autoritario") condicionó fuertemente su viabilidad. A pesar de esas limitaciones, y acorde con lo prometido durante la campaña electoral, el PJ comenzó a participar de la vida política. Y, tal como fue reconocido por muchos protagonistas de la época, se terminó la persecución política en el país.

Pero bajo la marketinera imagen de la tortuga, la CGT y los sectores más concentrados de la economía, expresados a través de los principales medios de comunicación, hostigaron con encarnizamiento al gobierno. El movimiento obrero, por su sorda disputa con Perón. Las empresas, producto de iniciativas populares como el salario mínimo, vital y móvil; el control sobre el precio y la calidad de los medicamentos; la anulación de concesiones petroleras con vicios de ilegitimidad y dañosas a los intereses nacionales; el financiamiento del Estado a sectores clave de la economía. Medidas que, como vimos, no generaron menos sino más riqueza.

Los años de Illia transcurrieron en un escenario que Tcach y Rodríguez llamaron de "oposición destructiva y bifacial".

Nunca se repiten las mismas condiciones para un ciclo histórico. Pero si así y todo la historia es una ciencia, y de su enseñanza podemos extraer conclusiones que inspiren a la sociedad, veremos que el gobierno de don Arturo, aquel médico ejemplar de Cruz del Eje, aquel estadista eficaz, no sólo es digno de ser recordado, sino también imitado.

Conciliar intereses y suturar brechas, todo en aras de un engrandecimiento nacional: he aquí el legado interrumpido por aquel fatídico 28 de junio.

Diputado de la Nación, presidente del bloque de la UCR y presidente del interbloque Cambiemos