El servicio de Justicia cuando se supere la emergencia sanitaria

Nadie sabe aún cómo terminará la crisis generada por el Covid-19 y cuándo surgirá una vacuna que nos pueda garantizar el regreso a la cotidianeidad. Esta certeza nos obliga a movernos en distintos frentes. Se impone la necesidad de delinear nuevas estrategias tanto en temas de política interior o exterior, en seguridad interior, en saber cuál será el papel del Estado que, en este momento de crisis, ha crecido en forma desorbitada, con menos límites en materias de libertades individuales y que podrá ser contralado con un mayor fortalecimiento institucional, entre los cuales está el servicio de justicia.

Una de las principales características que identifica a un país republicano es la división de poderes. Y no funciona el sistema cuando todas las decisiones son tomadas exclusivamente por uno solo de ellos. Es lo que hoy ocurre en nuestro país, donde la crisis concentró la toma de medidas en el Poder Ejecutivo, que gobierna a través de DNU, sin que exista actividad del Congreso para el dictado de leyes y normas de emergencia, y donde el Poder Judicial únicamente atiende cuestiones excepcionales. La Corte Suprema de Justicia justificó este accionar en que "tiene que acompañar desde su ámbito las decisiones de las autoridades sanitarias competentes". Esta casi completa parálisis del servicio de justicia podría haberse evitado si su modernización hubiera sido implementada hace ya más de una década, como ocurrió en otros países. Los intereses de algunos sectores, donde la tramitación de un juicio lento es un negocio, dilataron su proceso de digitalización.

Esta pandemia nos ha dado la posibilidad de ver dónde estamos parados en este proceso de renovación. Además, nos abre el camino para involucrarnos en los avances tecnológicos pendientes, como por ejemplo, la digitalización completa de los expedientes. Para ello, no es necesario mirar a los Estados Unidos o a los países más desarrollados, sino a países como Chile, pionero en la materia, y a México o a Uruguay, que son ejemplos o espejos interesantes donde los hombres de derecho, magistrados judiciales o abogados nos podemos observar.

A través de recientes acordadas dictadas por la Corte Suprema se aprobó el uso de la firma electrónica y digital en el ámbito del Poder Judicial, estableciéndose que, en caso de su uso, no será necesario el papel. Además se permitió ese formato para la interposición de recursos directos y de queja ante las cámaras de cada fuero.

El expediente electrónico va a agilizar sin duda el servicio de justicia, al permitir el ingreso de demandas y trámites engorrosos que hasta la fecha se deben efectuar en papel (pago de la tasa de justicia, presentación física ante un tribunal para el sorteo, etc.). A la par de estos trámites, deberán modificarse otros, como la mediación previa obligatoria y/o acreditación del pago de bonos previsionales. La necesidad actual está obligando a mutar a un formato digital completo que incluya el libramiento de cheques electrónicos, las pólizas de seguros de caución o la traba de medidas cautelares. Los pedidos de informes a distintas reparticiones y las notificaciones en forma remota a quienes ya están presentados en el expediente han reducido los plazos, pero este sistema mixto que hoy tenemos se advierte obsoleto en una situación extrema como la que estamos viviendo.

La simplificación del proceso a través de actuaciones electrónicas permitirá a los tribunales y a los abogados acceder fácilmente a cualquier parte del expediente, utilizando los motores de búsqueda, e impedirá el extravío o deterioro de las constancias en formato papel. A su vez, los dispositivos remotos o virtuales facilitarán la inmediación del juez con las partes o los testigos, incluyo los que se encuentran en extraña jurisdicción y hoy deben declarar por medio de exhortos que demoran innecesariamente el trámite de un expediente. Asimismo, una futura reforma procesal o acordada de cada tribunal superior, como ya existe en los trámites ante la Corte Suprema, podría establecer un límite a la cantidad de hojas para cierto tipo de escritos (demandas, alegatos o recursos) que facilite a las partes y al juez interviniente un rápido conocimiento de las cuestiones controvertidas.

Es necesaria la voluntad política que prevea las partidas presupuestarias para la adquisición de los equipos tecnológicos indispensables en este proceso aún inconcluso hacia el expediente electrónico y también resulta imprescindible el compromiso de quienes tenemos que ser agentes de esa transformación, para evitar que situaciones imprevistas paralicen el funcionamiento del servicio de justicia

Presidente de Será Justicia