Federalismo quebrado

La relación entre el gobierno nacional y las provincias suele ser un foco de conflictos desde los tiempos de la Independencia. Tal vez por eso los chisporroteos de estos días en torno del tratamiento de la ley ómnibus suenan a historia conocida. ¿El fondo de la discusión? El dinero, claro. Para tomar “solo” los 40 años de esta democracia, en tiempos de Raúl Alfonsín se había establecido por ley un régimen “transitorio” de coparticipación federal que fijaba un nuevo reparto de los recursos fiscales entre la Nación y las provincias.

Atentos a que resolver esa “transitoriedad” no iba a ser fácil, los constituyentes de la reforma constitucional de 1994 acordaron fijar, en la nueva carta magna, un plazo límite para sancionar una nueva ley con un régimen definitivo. Tal cosa debía suceder “antes de la finalización del año 1996″, dice el texto.

Pasaron 27 años, y la solución definitiva (como sucede en tantos aspectos de la política pública argentina) brilla por su ausencia. En un contexto de crisis permanente, distintos gobiernos vienen echando mano desde entonces de distintas porciones de esa torta, para financiar, sobre todo, los agujeros del sistema previsional. Las advertencias de Milei y Caputo a los gobernadores son expresiones de lo mismo: el federalismo está quebrado.