Fortalecer la escuela pública

El número de estudiantes en escuelas privadas ha aumentado muchísimo en los últimos 12 años y el gobierno apenas ha advertido la situación.

Los datos oficiales muestran que se incrementa la matrícula en escuelas privadas en todos los niveles del sistema educativo, que aumenta la proporción de alumnos en escuelas privadas sobre el total y que cae el número de inscriptos en escuelas públicas. Los dos primeros fenómenos son antiguos y ya se observan desde la década del 60 del siglo XX, aunque se profundizan desde 2003. El último es nuevo: desde 2003, las escuelas primarias públicas perdieron a uno de cada diez inscriptos, mientras las privadas aumentaron su caudal en un 25%. Este incremento se da en todas las provincias.

La tendencia a la privatización de la educación sigue muy fuerte. ¿Las causas? Hay quienes las buscan en las condiciones económicas: en países que tienen crecimiento económico -argumentan- las clases medias emergentes migran hacia la escuela privada. Concluyen que la privatización de la educación es consecuencia del pretendido mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

Como toda falacia, el razonamiento se basa en un hecho cierto e identificado desde hace décadas: los hogares pertenecientes a quintiles superiores de ingresos han tendido a abandonar la educación pública. Pero el argumento elude el hecho de que las supuestas mejoras económicas no obligan a pagar por aquello que es un derecho. Es obvio que tanto en países desarrollados como en sociedades como la nuestra un mejoramiento económico no implica, necesariamente, elegir escuela privada.

Tengamos en cuenta que en la Argentina la elección de escuelas privadas no está financiada por el Estado y ni siquiera existen exenciones impositivas para las familias. La subvención estatal a algunas escuelas permite bajar precios, pero las escuelas privadas gratuitas son minoría y el arancel siempre va a ser mayor que la gratuidad de la escuela pública. En suma, la explicación falla al no responder por qué cada vez más las clases medias empobrecidas destinan una parte importante de sus escasos ingresos a pagar cuotas escolares, desaprovechando las vacantes que por ley les corresponden en escuelas públicas gratuitas.

En realidad, este argumento falaz tranquiliza conciencias. Una manera suave de desresponsabilizar a un gobierno que se ufana de enaltecer "lo público" y de "ampliar derechos", mientras decrecen los inscriptos en las escuelas bajo su autoridad. Se trata de una visión capciosa que ve en las políticas educativas las causas de los "éxitos" (como la hiperpublicitada ampliación de los recursos para la educación), pero las frustraciones no serían de su incumbencia.

A diferencia de Chile, donde la elección de escuela privada por parte de las familias es una política financiada por el Estado, aquí hay elección de escuelas privadas "de hecho": la política educativa crea condiciones para que se queden en la escuela pública sólo aquellos que no pueden pagar escuela privada. Se trata de una política de Estado que arranca a fines de los años 50 del siglo XX y, profundizada desde 2003, continúa hoy. Una política educativa en la que se consolida la imagen tan difundida de que la escuela pública es una institución empobrecida, con resultados pobrísimos y a la que concurren los más pobres.

Esto no es casualidad. Nuestros estudios muestran que la privatización de la educación es costo-eficiente respecto del gasto público en educación. Es decir, si el Estado debiera captar en la escuela pública a toda la matrícula privada (y financiarla en su totalidad), el sistema educativo colapsaría. Por eso, la política educativa posterior a 2003 ha conformado el escenario ideal para un incremento inédito en la historia argentina de la matrícula privada.

La buena noticia es que son las herramientas de la política educativa las que pueden arreglar el daño que provocaron. No se trata de sucumbir al sueño neoestatista y recortar total o parcialmente los fondos a las escuelas privadas, sino de dotar a las familias y a las escuelas públicas de recursos públicos (informativos, financieros, pedagógicos, de gestión) para que puedan construir proyectos educativos democráticos, inclusivos, de calidad e interesantes para el presente y el futuro de sus alumnos.

Para que las clases medias puedan volver a considerar a esta escuela pública renovada como una opción posible.

Profesor de la Universidad Torcuato Di Tella