La imperiosa necesidad de dar la batalla contra el narcotráfico

Por primera vez en la historia, un presidente argentino decide poner como eje de su administración la lucha contra el crimen organizado, en especial el narcotráfico . Macri convocó a todos los gobernadores sin distinción partidaria, y con apoyo casi unánime lanzó la iniciativa "Argentina sin narcotráfico". No fue una decisión arbitraria, sino fruto del convencimiento: si no se actuaba a fondo inmediatamente, el avance del crimen organizado no tendría vuelta atrás. Para ello se dispusieron recursos humanos y materiales, se fortalecieron la investigación y la inteligencia criminal y se promovieron los cambios legislativos necesarios para frenar un avance casi incontenible, que mata traficantes, consumidores y ciudadanos no consumidores por igual.

El Estado de Derecho y las instituciones también sintieron el impacto de años de inacción y connivencia. Numerosas organizaciones criminales contaban entre sus integrantes con políticos, policías, miembros del Poder Judicial y otros funcionarios públicos con el objetivo de que estos brindaran un paraguas protector a la organización y en muchos casos simultáneamente se asociaran a ella. De todos los vínculos que conectan narcotráfico y crimen organizado la estrecha relación con la corrupción es quizá la más natural y simbiótica, la que más daño hace al Estado.

Desde diciembre de 2015 impera un cambio de paradigma, caracterizado por una estrategia que apunta a erosionar todos los eslabones de esta estructura criminal. Se persigue con intensidad a los importadores, pero también a los transportadores, los acopiadores, los distribuidores y a todos aquellos que dan protección a estas redes criminales. Se ha hecho mucho hincapié en la calidad del trabajo en la frontera, donde se decomisa el 85% del total de la droga incautada, tanto en el noroeste, donde se interdicta principalmente cocaína, como en el nordeste, donde se incauta principalmente marihuana. Contamos con radarización 3D completa las 24 horas en la frontera norte y estamos estableciendo cuatro centros de comando y control en La Quiaca, Aguas Blancas, Salvador Mazza e Iguazú.

Muchas veces se ha puesto en duda el fruto del enorme esfuerzo asumido por nuestro país y nuestras fuerzas para contrarrestar este fenómeno. Los indicadores, vinculados entre sí, resultan una evidencia innegable. En 2017 hemos logrado un récord de 12 toneladas de cocaína incautada, incluyendo dos procedimientos producto de complejas investigaciones por un total de 4000 kilos; Bobinas Blancas, investigado por Policía Federal, en Bahía Blanca y Mendoza, y Halcón 9 trabajado por Gendarmería, en Santiago del Estero. En 2018, marcamos un récord histórico en el decomiso de marihuana, logrando a nivel federal 185 toneladas de incautación. Esto habla de un daño al mercado de marihuana equivalente a una suma de 13.000 millones de pesos al año, más de 350 millones de dólares. Alcanzamos un récord de drogas sintéticas, al pasar de incautar 28.000 unidades en 2015 a 222.201 en 2017.

Sabemos que muchos ponen en duda los indicadores de incautaciones como medida de éxito. A ellos vale aclararles que, simultáneamente, aumentaron los operativos, los detenidos y el precio de las drogas en las calles. Demostrando así que el incremento de las incautaciones fue consecuencia de un aumento considerable en la productividad de las fuerzas federales. Se elevaron también el número y la relevancia de detenidos anuales por violación de la ley de estupefacientes, pasando de 12.853 detenidos en 2015 a 31.820 en 2018, un aumento del 147%. También incrementamos el número de procedimientos de 14.065 a 28.108, lo que demuestra un crecimiento de la tasa de detenidos por procedimientos, ya que se prioriza la desarticulación de grupos criminales.

Si bien la presencia en el país de carteles internacionales del narcotráfico resultó esporádica, a nivel local se consolidaban grandes bandas y clanes familiares que explicaban el aumento de la violencia en centros urbanos como Rosario, Santa Fe y partidos del Gran Buenos Aires. De haber continuado con la política de inacción del gobierno anterior bajo el modelo de "contención pacífica", el panorama hoy sería mucho más complicado y varias de esas bandas hubieran evolucionado hacia un estadio más complejo y violento.

En los últimos tres años, varios de estos clanes se han ido desarticulando. El más conocido es el de Los Monos, en Rosario, cuyos cabecillas en Santa Fe y Buenos Aires fueron detenidos durante nuestra gestión, y fueron enjuiciados en los fueros provinciales y federales con penas acumuladas de 11 a 36 años. También logramos apresar a Delfín Castedo y sus laderos, quienes lideraban un importante clan familiar en Salta dedicado al tráfico de cocaína y caracterizados por su violencia, incluido el asesinato de personas que no cedieron sus campos en zonas claves fronterizas.

Otro de tantos casos paradigmáticos fue la desarticulación de la red de tráfico de marihuana en Itatí y de su paraguas protector político-judicial. El trabajo integrado entre poderes del Estado, Gendarmería Nacional y el equipo de fiscales de Diego Iglesias, de la Procunar, concluyó con tres fallos ejemplares del juez federal Sergio Torres, quien dictaminó la detención del intendente, el viceintendente, miembros de las policías provinciales y federales y el procesamiento de varios miembros del Juzgado Federal de Corrientes.

Producto de este nivel de decomisos y detenciones, la Argentina de hoy resulta un país mucho más hostil al narcotráfico. Esta política está dificultando el acceso a las drogas, sobre todo a los más jóvenes, ya que se restringe la accesibilidad a estas sustancias, encareciendo el producto y volviéndolo menos disponible. El gramo de cocaína pasó de $118 a $350 entre septiembre de 2016 y marzo de 2018, lo que representa una tasa de aumento considerable, superior a la inflación de ese período. Se ha avanzado notablemente en la lucha de lavado de dinero narco, con la colaboración y el impulso de una UIF mucho más proactiva y la cooperación de la Procelac en los procesos. El golpe asestado a la economía de las organizaciones criminales alcanzó los 593 millones de dólares, cifra récord en 2018.

También es destacable el control de los precursores químicos esenciales para la fabricación de drogas ilegales. Aumentamos en esta gestión un 44% las inspecciones y un 30% los controles de ruta. Actualizamos la ley de precursores agravando seriamente las penas. Lejos quedaron los días del gobierno anterior, caracterizados por la importación ilegal de efedrina para producir metanfetaminas y su estela de corrupción en las campañas del FPV y de muerte, como el triple crimen de General Rodríguez y los asesinatos por encargo en Unicenter.

No menos importante es mencionar que avanzamos en mejorar el marco legal, prohibiendo más de 100 drogas nuevas, y multiplicamos la colaboración y cooperación internacional. Aprobamos novedosas técnicas de investigación, como el agente revelador, y decretamos la extinción de dominio para recuperar los bienes del crimen organizado. Esta se transformará en una herramienta clave para afectar el capital de trabajo de las organizaciones criminales golpeándolas donde más les duele: la estructura del negocio criminal y su red de corrupción.

El consumo de drogas es un fenómeno multicausal, que requiere de una aproximación multidimensional para reducir su daño social y humano. Pero el narcotráfico es un delito y su persecución no puede ser una elección: es una obligación ineludible. No existen fórmulas mágicas. No hay ni habrá una derrota definitiva del narcotráfico, pero sí su reducción a la mínima expresión posible, disminuyendo su capacidad de actuación e influencia como redes criminales con impacto en la sociedad. Estos objetivos son alcanzables en tanto y en cuanto los argentinos sigamos manteniendo la lucha contra el narcotráfico como una verdadera política de Estado, sin ambigüedades ni grietas.

Secretario de Seguridad de la Nación