La reforma judicial, a cuarentena

Sabemos por la dura experiencia que estamos viviendo que ante la presencia de un virus con gran potencial de daño y contagio corresponde poner a quien lo porta, o presuntamente lo porta, en cuarentena.

Esto es exactamente lo que pasa con el marco en el que se presenta el proyecto de ley de reforma judicial. La política judicial del gobierno está presentando síntomas claros y preocupantes.

No tiene fiebre, pero pone a los testigos protegidos en la órbita del Poder Ejecutivo. No se manifiesta una pérdida del gusto, pero sí una sospechosa desvalorización de la utilidad de la ley del arrepentido. Por suerte no suspende el olfato (muy por el contrario: lo aviva en muchos) pero designa Procurador del Tesoro a un representante de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien justamente, está procesada. Tampoco se manifiesta con tos seca, pero propone para Procurador General de la Nación al candidato también de la vicepresidenta procesada. No se registra dolor de garganta, pero incentiva la renuncia de jueces con un cambio en el sistema jubilatorio para cubrir las vacantes con subrogancias que puedan serles favorables al actual gobierno. No se observa fatiga, pero sí la ofensiva contra el Procurador General de la Nación presionando por su renuncia. No hay dolor de cabeza (todavía) pero defienden en el Consejo de la Magistratura a los jueces sometidos a juicio político por enriquecimiento ilícito. Podría seguir describiendo otros síntomas, porque la lista es larga, pero con esto nos basta para impulsar la cuarentena que proponemos.

La suma de todos estos síntomas da cuenta de un potente y sistemático avance sobre el Poder Judicial en busca de impunidad en los diversas causas que por corrupción se están llevando adelante.

Tanto la reforma judicial como el eventual aumento de miembros de la Corte Suprema, en este marco, tienen un gran potencial de daño y contagio. El sistema judicial en su conjunto podría sufrir una parálisis en las causas de corrupción o la aceleración de sentencia absolutorias, que establezcan que en la Argentina todo vale y los actos ilícitos no tienen consecuencias. Puede contagiar y expandir la idea de que la democracia se degrada y que el Estado de Derecho y el imperio de la ley retroceden.

El sistema judicial en su conjunto podría sufrir una parálisis en las causas de corrupción o la aceleración de sentencia absolutorias, que establezcan que en la Argentina todo vale y los actos ilícitos no tienen consecuencias

En una sociedad que necesita ponerse a trabajar, que necesita inversiones para ello, este síntoma es una pésima señal que debe ser evitada.

La difícil situación que atravesamos nos enfrenta a fuertes incertidumbres. Mantenemos sí algunas certezas. Entre ellas el saber que contamos con un potencial productivo en condiciones de generar riqueza, trabajo y las siempre indispensables divisas. Sabemos también que por varios años la tasas de interés en el mundo serán muy bajas, lo que hace más atractivas las posibilidades de inversión que tanto necesitamos.

También sabemos que si algo no debemos agregar a la incertidumbre actual es la inseguridad jurídica que campea lamentablemente en muchas de las iniciativas y anuncios del gobierno.

Detectando estos síntomas y atentos al gran esfuerzo que todos los argentinos estamos haciendo, decididamente necesitamos señales de que nada está escondido debajo del poncho y que se esté trabajando para superar los síntomas negativos que tanto nos preocupan.

Estamos en medio de la peor crisis que hayamos vivido en décadas. Todavía no está claro cuán hondo vamos a caer ni cuánto tiempo, esfuerzo y sufrimiento va a implicar la recuperación.

Lo que por lo menos debería estar claro es que solo un esfuerzo colectivo de magnitud nos pondrá en condiciones de encarar la tarea.

No hay dudas de que la Justicia en la Argentina debe ser reformada. Debe ganar en independencia, agilidad, celeridad. Pero este proyecto está inmerso en sus circunstancias y estas son preocupantes y nos obligan a estar alertas.

Hay dos urgencias enfrentadas: por un lado la legítima de la sociedad argentina de contar con una profunda reforma del Poder Judicial, sobre todo en el fuero federal, y por el otro, la de que con esta excusa, acomodar las cosas para garantizar impunidad de los procesados por corrupción. Una es la que el país necesita, otra es por la que trabaja la vicepresidenta de la Nación.

Está en el presidente Alberto Fernández elegir cuál es el camino y en quién se apoya para lograrlo. Si elige por una reforma de la justicia en que se trabaje libre del objetivo de lograr la impunidad para los procesados por causas de corrupción, contará con una oposición seria y responsable que colaborará en este propósito. Si insiste en someterse a la presión de los que buscan la impunidad, encontrará la más firme e implacable de las oposiciones.

La Argentina en 1983 empezó a construir una democracia para siempre, entre otras cosas, por la firme decisión del presidente Alfonsín de no consentir las presiones por la amnistía al terrorismo de Estado. La Argentina de hoy logrará encaminarse a un futuro de progreso, crecimiento y bienestar si resiste las presiones por lograr la amnistía a la corrupción. Sobre firmes bases morales se hizo entonces, sobre firmes bases morales deberá hacerse ahora.

Diputado nacional por CABA (UCR-Juntos por el Cambio)