Macri busca despojarse del mote de que gobierna para los ricos

El triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil parece consolidar el alejamiento de la región de las posiciones de izquierda que caracterizaron los años del kirchnerismo y del Partido de los Trabajadores de Lula . Sin embargo, fuera del ajuste de las cuentas públicas que contempla el presupuesto 2019, el gobierno de Mauricio Macri no estaría dispuesto a avanzar en más reformas estructurales capaces de hacer que lo tilden de "un Bolsonaro argentino".

Mientras el futuro presidente brasileño anuncia su intención de avanzar hacia una revolucionaria reforma jubilatoria, que contemplaría paulatinamente un sistema de capitalización inspirado en el modelo chileno, el ministro argentino de Producción y Trabajo, Dante Sica , aseguró que no está en los planes del gobierno de Macri discutir una reforma previsional el año próximo.

Llamó la atención la afirmación de Sica por el hecho de que el acuerdo celebrado entre el Gobierno y el FMI señala el compromiso argentino de avanzar en 2019 hacia "reformas de superior calidad", entre las cuales se destaca "examinar una tan necesitada reforma del sistema de pensiones".

Desde hace mucho tiempo, la sustentabilidad del sistema de jubilaciones argentino se encuentra comprometida. Fundamentalmente, porque distintos gobiernos emplearon los fondos previsionales con destinos políticos, diferentes a los que debieron dárseles. Pero también porque la proporción entre la cantidad de aportantes a la seguridad social y el número de beneficiarios ha llegado a ser crítica. Tan insostenible resulta que hay 1,1 aportantes por cada beneficiario. Simultáneamente, al igual que en el resto del planeta, la Argentina ha visto crecer la esperanza de vida desde los 65,8 años en 1966 hasta los 76,2 años en 2014 (80,1 años para las mujeres y 72,4 para los hombres), una tendencia que continuará en aumento y que plantea la necesidad de estudiar el incremento de la edad mínima jubilatoria.

La complicada situación financiera del sistema previsional argentino se agravó durante la era kirchnerista como consecuencia de que, merced a dos procesos de moratorias, se jubilaron más de tres millones de personas que prácticamente no habían efectuado aportes. Y ya en la gestión macrista, la sanción de la ley de reparación histórica obligó al Estado a asumir un pasivo que, en un primer momento, pudo financiarse con los ingresos del blanqueo de capitales concluido en el verano de 2017, pero que hoy exige otras alternativas de financiamiento.

Es probable que la difícil experiencia vivida en diciembre del año pasado, cuando la modificación del cálculo de la movilidad jubilatoria impulsada por el Gobierno desató violentas manifestaciones, haya persuadido a la Casa Rosada de no avanzar con otros proyectos que le permitan a la oposición tildar a Macri de insensible.

Esa inquietud oficial por despojar al Presidente del mote de que gobierna para los ricos fue también clave para que Macri apoyara una iniciativa de ley de alquileres intervencionista que, con la declarada intención de proteger a los inquilinos, podría terminar desalentando la oferta de viviendas en locación y encareciendo los valores de los alquileres, de acuerdo con la opinión de cámaras inmobiliarias.

Si bien el macrismo parece preocupado por quienes lo corren por izquierda, hay sectores que buscan correr al Gobierno por derecha. Se trata de grupos afines a posiciones más liberales que, en su momento, vieron en Macri la salida frente al populismo kirchnerista y que hoy comienzan a pensar en la conformación de un espacio político alternativo. El economista José Luis Espert podría ser un eventual postulante presidencial de ese sector.

Del mismo modo, el senador Miguel Angel Pichetto, uno de los precandidatos presidenciales del peronismo que nada quiere saber con Cristina Kirchner , ha exhibido posiciones más conservadoras que el propio gobierno nacional. Lideró la oposición a la extensión del impuesto a los bienes personales y forzó la introducción de cambios para eximir a la vivienda familiar única de ese tributo. También pidió endurecer la política migratoria.

Tras el ajuste presupuestario con la meta de equilibrio fiscal para 2019, que aprobó la Cámara de Diputados y trataría el Senado el 14 de noviembre, el Gobierno se ha puesto a la defensiva a la hora de hablar de reformas estructurales. Se ha atenuado la velocidad del debate sobre la reforma laboral y de la reforma previsional ya no se habla. En cambio, se acaba de ratificar el impuesto a las ganancias a las indemnizaciones laborales de quienes tengan remuneraciones mensuales superiores a 160.500 pesos y a las rentas obtenidas por la transferencia de inmuebles.

El Gobierno supone que estas formas de hacerse de recursos no enojarán al grueso de la opinión pública, en momentos en que la imagen de la gestión gubernamental y la del propio Macri atraviesan un delicado momento y en que se han conocido encuestas que muestran a Cristina Kirchner con mayor intención de voto que Macri en una eventual primera vuelta electoral.

Según el sondeo de opinión pública de la consultora Reyes Filadoro (1000 casos a nivel nacional relevados telefónicamente y en forma coincidental entre el 22 y el 26 de octubre), la expresidenta tiene una intención de voto del 34%, seguida por Macri con el 28% y por Sergio Massa con el 9%.

Pese a esa proyección, que pierde algo de relevancia por cuanto falta casi un año para las elecciones presidenciales, en la Casa Rosada se deja ver un moderado optimismo, a raíz de que, merced a la estabilidad cambiaria de las últimas semanas, con un dólar que cayó alrededor del 13% frente al peso en octubre, la caída de la imagen de la gestión presidencial se habría frenado e incluso, según otra encuesta, a cargo de Ricardo Rouvier & Asociados, el apoyo al Gobierno habría pasado del 31,9% en agosto al 38,9% en octubre. Según este mismo monitoreo, la imagen positiva de Macri subió en igual período del 35,9% al 41,3%. Su imagen negativa continúa siendo elevada: llega al 55,4%, pero en agosto era del 59,9 por ciento.