¿Qué queremos hacer con los presos?

Los años de condena son relativos, no absolutos. Tal vez bajo esa premisa resulte más fácil entender parte de la polémica que se suscita no sólo en torno a la salida de los presos, sino a su estada tras las rejas.

Dieciocho años son 216 meses. Pero la Justicia no se rige por los formalismos del calendario. Cuando los jueces condenan a, por ejemplo, 18 años de prisión por un homicidio, los familiares de las víctimas deben saber que en 9 años el asesino estará en la calle: primero por 12 horas, después por 24, más tarde 48, hasta que progresivamente alcance la libertad condicional. Pero 9 años tampoco son necesariamente 9 años sin salir del penal. Si bien es cierto que a partir de la mitad de la pena los condenados con sentencia firme pueden solicitar salidas transitorias, hay otras situaciones para contemplar. Por ejemplo, que la perversidad de un sistema judicial relentecido hace que el sesenta por ciento de los presos sean procesados sin sentencia firme. Entonces, contra toda lógica, piden ser tratados como condenados para obtener sus beneficios. También habrá que contemplar que, además, existen los traslados. Que si bien en un principio se trataba de casos excepcionales para que los presos pudieran asistir, por ejemplo, al velorio de un familiar o al nacimiento de un hijo, hoy se han extendido a las llamadas salidas culturales. Intramuros y extramuros.

Entonces, 18 años tienen poco y nada de 18 años. Y 9 tampoco son 9. Sólo así, si se explicita todo esto, los familiares de Wanda Taddei o de cualquier otra víctima puedan comprender que quienes delinquen probablemente pisen la calle mucho antes del tiempo que a ellos les llevará elaborar un duelo. El dolor de los familiares de las víctimas es de por vida. Las condenas a sus victimarios, no. Nunca. Sin entrar en tecnicismos, ése es el espíritu de la hoy famosa ley 24.660: que la reinserción del condenado sea progresiva y no abrupta. Que la readaptación sea gradual. Que no se encuentre un día del lado de afuera de las puertas de un penal sin saber qué hacer ante esa otra realidad social que después de tantos años le resulta tan ajena.

Tomar el ejemplo de los "18" años que recibió Eduardo Vázquez por homicidio calificado no es arbitrario. Por la repercusión mediática del hecho que lo condenó y por las imágenes que lo muestran haciendo percusión sobre un escenario a sólo diez días de ser condenado, su caso permite ponerle rostro a un tema que pocas veces suele tenerlo. Porque los jueces decidieron autorizarlo a salir, pudiendo no haberlo hecho: los integrantes del TOC 20 analizaron la oportunidad, el mérito y la conveniencia y le dieron la autorización después de haberlo condenado ellos mismos días antes. ¿Y la oportunidad de sus víctimas, exhaustas tras un largo proceso en el que escucharon una y otra vez la agonía de su hija, rociada con alcohol y prendida fuego? ¿Y la conveniencia de esos abuelos que no terminaron de explicarles a sus nietos que el asesino de su mamá estaba preso cuando tuvieron que empezar a explicarles que sí, que había salido? ¿Cuánto mérito pudo haber hecho Vázquez en los diez días que pasaron de su condena para gozar de un beneficio? Los jueces no parecen haberlo tenido en cuenta.

Pero la polémica no empieza ni termina en ellos ni en su tan legal como cuestionada resolución. La polémica empieza mucho antes del "para qué salió". El verdadero tabú no tiene nada que ver con el Vatayón Militante, joya de la corona del jefe del Servicio Penitenciario, Víctor Hortel. Más allá del impacto que genere verlo disfrazado de hombre araña en un penal o murgueando con asesinos y violadores que probablemente capitalicen intramuros tan preciada relación con la jefatura, la pregunta que nadie parece querer verbalizar es, como sociedad, qué hacemos con los presos. ¿Qué queremos hacer?

La oposición se rasga las vestiduras ante el episodio mediático y el kirchnerismo sobreactúa enarbolando nuevas banderas como históricas. Pero, antes, ¿quién quiso pisar las cárceles? Fuera de las históricas incursiones de Franja Morada y otras agrupaciones estudiantiles con el proyecto de educación en las cárceles UBA XXII, y organismos de derechos humanos como, por ejemplo, la APDH o la Liga por los Derechos del Hombre, la Universidad de las Madres, ahora la llegada de Vatayón Militante tras la caída en desgracia de Sergio Schoklender, las cárceles y su temática nunca fueron un polo de atracción para los políticos. No es un negocio electoral: el impacto del padrón es mínimo. Aunque está claro que la murga de Hortel difunde sin disimulo un proyecto político partidario y no sólo una gestión al frente del SPF convencida de la necesidad de cortar con los viejos vicios del sistema. ¿Buscan los aparatos partidarios mano de obra violenta? Probado está que es más efectivo utilizar barras bravas.

El tema es denso, poco redituable y menos marketinero. Pero en algún momento, y tal vez sea éste, la pregunta nos estallará en la cara. Otra vez: ¿qué queremos hacer con los presos? Bienvenido el debate si algún legislador se anima a darlo sin temer ser tildado de abolicionista o partidario de la pena de muerte. Eduardo Vázquez salió a tocar porque la ley se lo permite. El violador que asesinó a Soledad Bargna, también. No hubo nada ilegal en esas salidas. Y ese hecho contundente y claro hace tanto más compleja la explicación y urgente el debate que todavía resulta esquivo. ¿Se hizo justicia?

No hay condenas a perpetuidad que confinen a un preso a una vida tras las rejas. No importa lo que haya hecho. Si no muere antes a manos de las torturas, de las peleas de presos, de las facas o de las condiciones infrahumanas de muchos de los penales, va a salir. Antes de cumplir la pena efectiva a la que lo condenó un tribunal. Porque la ley así lo estipula. ¿Queremos otra ley? ¿Queremos que quien viola o mata provocando un daño irreparable no obtenga los mismos beneficios que quien trafica o roba? ¿Es siquiera posible algo así o la sola idea atenta contra el espíritu de todos los tratados internacionales sobre derechos humanos? ¿Qué queremos como sociedad? ¿Cómo queremos que pasen los años en el penal? ¿Nos importa? Porque van a salir. Más temprano que tarde. Y no a tocar el bombo por un ratito con alguna agrupación más o menos política. Van a salir a trabajar o a reincidir. Ya están saliendo. Trabajando o reincidiendo.