Necesitamos tres buenos gobiernos seguidos

Celebramos 30 años de democracia: el período ininterrumpido más largo en la historia de nuestro país. Además, en 2015 será la primera vez desde la Ley Sáenz Peña, de 1912, que un nuevo presidente asumirá el poder luego de tres gobiernos democráticos sucesivos, sin interrupciones o entregas anticipadas de mando.

Pero hay otro objetivo que aún no conseguimos: tres gobiernos democráticos sucesivos que aseguren un rumbo de desarrollo. Tres buenos gobiernos parece un umbral efectivo para sostener una estrategia de desarrollo que trascienda la audacia de un liderazgo particular o la buena fortuna que puede traer el mundo.

Se acaban de cumplir 10 años del ciclo de los Kirchner en el poder. Néstor Kirchner reconstituyó la autoridad presidencial y restableció el sistema de poder que estalló en 2001. Un gabinete de peso político y técnico agregó volumen de gestión a un gobierno pragmático en la acumulación y el ejercicio del poder y principista en la economía.

La renovación de la Corte, el mantenimiento de los planes sociales iniciados por Duhalde, la no represión de la protesta social y la política de derechos humanos dieron forma a un ideario que aseguró la gobernabilidad. La renegociación de la deuda externa, orientaciones fiscales y monetarias correctas y condiciones externas favorables permitieron crecer en promedio al 8% anual entre 2003 y 2007. El dólar no era noticia, salvo por las compras diarias del Banco Central. El empleo y la disminución de la pobreza reaccionaron positivamente. Al final del gobierno, sin embargo, la intervención del Indec convertiría a los futuros datos de inflación, crecimiento y pobreza en un blanco móvil según quién los indagara.

Kirchner definió su gobierno como una transición hacia la consolidación institucional y económica. A pesar de la fuerte recuperación de la inversión pública (se multiplicó por ocho entre 2003 y 2007) no se plantearon políticas estructurales en materia de energía, transporte o vivienda. El manejo táctico de la inversión pública alimentó la acumulación de poder y dio al Gobierno el recurso clave para disciplinar a propios y ajenos. Las grandes corporaciones, con excepción de las Fuerzas Armadas, no cambiaron su configuración de poder ni su modelo de vinculación con el Gobierno.

En 2007, Cristina Fernández de Kirchner llegó al poder con la promesa de consolidar el crecimiento, lograr mayor inclusión y relanzar una agenda institucional que daría mayor sustentabilidad al modelo. La Asignación Universal por Hijo, la estatización del sistema de pensiones y la movilidad jubilatoria, el récord de inversión en educación pública y el aliento a las paritarias en 2008 y 2009 alimentaron la ecuación redistributiva del Gobierno. Pero en 2007 debutó la inflación de dos dígitos que, con una informalidad laboral de un tercio del empleo -a pesar de políticas de blanqueo en varios sectores-, impactaría en los próximos años en la población más vulnerable.

El crecimiento fue mucho más modesto tras la crisis internacional y el deterioro de los pilares macroeconómicos. La falta de iniciativas estructurales en energía y transporte montaron un sistema de subsidios fiscalmente inviable e inequitativo. Las reformas para sostener el crecimiento fueron pobres, con la notable excepción del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad financió más el consumo de los hogares con préstamos personales que la inversión productiva y en capital fijo. La ausencia de marcos regulatorios restringió el financiamiento privado internacional: según la Cepal, entre 2008 y 2011 la Argentina fue el sexto receptor en la región de inversión extranjera directa, muy por debajo de su tamaño relativo.

La ley de medios y la reforma política fueron las grandes apuestas de Fernández de Kirchner. En el primer caso, hasta ahora la atención se centró en el conflicto político y jurídico por la aplicación de la ley. Por su parte, las primarias abiertas y el financiamiento público de la actividad partidaria aumentaron la democratización del proceso político. No obstante, el Gobierno se ha negado a avanzar en un sistema de boleta única o su versión electrónica, que tienen amplias ventajas de transparencia y condiciones de equidad en la competencia política. Mientras, los recursos con que cuentan quienes gobiernan (en la nación y las provincias) inclinan cada vez más la cancha en la competencia política. El Gobierno nunca promovió la regulación de la publicidad oficial ni avanzó en la sanción de una ley de acceso a la información pública.

Dos cuestiones se deterioraron notablemente. Por un lado, el crecimiento de la subrogancia en la Justicia: según un relevamiento de Cippec, en 2011 alcanzaba a casi uno de cada cuatro juzgados. Además, el Ejecutivo promovió una fuerte intervención en instituciones profesionales del Estado (Indec, entes reguladores, Sigen, Cancillería).

Los comicios de 2011 marcaron el apoyo popular más alto para un presidente después de Perón en 1952. La renovación de los pilares de la competitividad, el combate a la inflación y la reinserción en los mercados internacionales de crédito aparecían como temas estratégicos para el nuevo período. Con una presión tributaria superior al 40% del PBI, la calidad del gasto público se convirtió en una clave de la agenda de desarrollo.

El primer año del segundo gobierno de Cristina Kirchner se caracterizó por un sostenido microintervencionismo en la economía. Restricciones a las importaciones, cepo cambiario, control de precios, intervención en los sistemas de energía, gas y transporte son algunas de las medidas del Gobierno. La reforma de la carta orgánica del Banco Central, el direccionamiento del crédito bancario y la obligación de reinvertir utilidades de las grandes empresas buscan forzar decisiones de inversión que el ambiente de negocios no propicia. La estatización de YPF fue la gran apuesta del Gobierno -hasta ahora sin éxito- para corregir el drenaje de fondos dirigidos a la importación de energía. El dólar recuperó la fama que hacía varios años había perdido.

En 2012, la economía disminuyó fuertemente su crecimiento y registró el nivel de inflación más alto de la región, cercano al 25% según mediciones privadas e inflación en las provincias. Ese año, según la Anses, accedieron 60.000 familias al nuevo plan Procrear. Un paso auspicioso, pero marginal frente al desafío de la vivienda "apta y sin hacinamiento" de más de 3.300.00 hogares según el censo 2010. Un crédito hipotecario todavía está lejos de las posibilidades de la gran mayoría de los asalariados.

Por otro lado, 2012 marcó el inicio del enfrentamiento del Gobierno con la Corte Suprema. En este contexto, el Ejecutivo enunció la idea de "democratizar" la Justicia. Un conflicto de poderes está en puerta a raíz de la evidente inconstitucionalidad de algunos de los proyectos planteados en el paquete de reformas de la Justicia.

En el plano internacional, se fortaleció la alianza con eje bolivariano. El resto de la agenda se asienta sobre la negociación con Irán por la causa AMIA, el activismo crítico del sistema de poder internacional en el G-20 y la causa con los fondos buitres. La alianza con Brasil sigue a salvo a pesar de las crecientes diferencias por cuestiones comerciales.

El balance de los últimos 10 años es indudablemente positivo en inclusión social y reconocimiento de derechos; moderadamente positivo pero en alto estado de alerta respecto del crecimiento y la competitividad, y deficitario en reformas que sostengan un rumbo de desarrollo.

La corrupción estructural, que no es patrimonio exclusivo de los últimos tres gobiernos, no varió.

Necesitamos un sistema político que produzca buenas políticas públicas y alternancia con continuidad de ejes estratégicos. Aunque lejos de una crisis, estamos cerca de perder una vez más la oportunidad de generar bases económicas, sociales e institucionales para situar a la Argentina en un sendero de desarrollo sostenido.

© LA NACION