No a los linchamientos periodísticos

La ciudadanía —sobre todo capitalina; menos en provincias— asiste a las denuncias que afectan a Raúl Zaffaroni, como a un linchamiento.

Con ramplona exageración, cierta artillería mediática pretende asociarlo con la trata de personas, la prostitución y otras formas de corrupción inadecuadas para una persona de bien, y muchísimo más si esa persona es uno de los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Más allá de las desmedidas acusaciones, que también estimulan comentarios discriminatorios acerca de su vida privada, lo más reprobable es el linchamiento mediático.

El terrorismo periodístico que se practica hoy en nuestro país se evidencia de manera cada vez más agresiva y torpe. Ahí está, como prueba, la mentirosa denuncia del supuesto asesinato de un bebe en la ciudad de Ayacucho, que generó una así llamada "pueblada" que causó enormes daños, de los que no se hará cargo ninguno de los medios que inventó el "caso", ni ninguno de los noticieros y periodistas que lo exageraron descarada e irresponsablemente.

Si en otros tiempos, no hace mucho, algunos piquetes y escraches podían justificarse porque no había otras opciones para los reclamos, el linchamiento público —incluyendo el periodístico— fue siempre inadmisible.

Y esto, independientemente de lo irritante que es advertir que a los mismos que se escandalizan ante las supuestas faltas de Zaffaroni, no se les movió un pelo frente a casos de jueces federales como Otilio Romano, de Mendoza, denunciado por gravísimas complicidades en crímenes de lesa humanidad. Y a muchos no se les agitaba ni un músculo cuando sostenían a la Corte Suprema de los Milagros, de Carlos Menem. Esa sí fue una vergüenza jurídica.

No podría asegurarse que estemos en el principio del fin de un modo de la protesta y de la acción política —el escrache— que cada vez resulta más incompatible con la legalidad de la vida democrática. Pero a estas alturas de la democracia argentina toda forma de linchamiento sí debe ser, sin duda alguna, reprobada. Lo cual no significa que se coarten o impidan las diversas formas pacíficas de la protesta popular, siempre legítima y necesaria en democracia.

En un sistema de libertad de expresión como el que vive hoy la Argentina resulta indispensable que las empresas periodísticas se hagan cargo de por lo menos esta responsabilidad cívica.

Si hay vías legales, en democracia es obligatorio recorrerlas. Y esto va más allá de la defensa de una persona; se trata, en realidad, de desenmascarar la ya obvia intención de destrucción política del máximo organismo judicial del Estado.

Porque está más que claro que lo que ahora se busca, mediante este burdo linchamiento mediático, es erosionar una Corte Suprema ejemplar, sin dudas la más competente y confiable que ha tenido esta república en por lo menos un siglo.

Lo adicionalmente penoso es que se hayan prestado al juego casi todos los candidatos presidenciales. Algunos mediante el silencio, aunque es presumible su posición servil o complaciente hacia los intereses que buscan esmerilar a la máxima instancia judicial argentina. Y otros mediante expresiones desafortunadas como las de Ricardo Alfonsín.

No es así como se cambia una Corte Suprema y menos en vísperas de resoluciones jurídicas de enorme trascendencia, como la plena vigencia de la Ley de Medios Audiovisuales.