Télam, la usina oficialista, al pie del patíbulo

Javier Milei busca evitar que le suceda lo mismo que a Mauricio Macri cuando metió mano en la agencia oficial de noticias Télam.

A diferencia de la drástica decisión de cerrarla (promesa preelectoral de La Libertad Avanza), durante el gobierno de Cambiemos se intentó preservar su continuidad, pero racionalizando sus gastos y depurando su superpoblada planta.

No le fue bien: los miembros más radicalizados de esa compañía periodística estatal tomaron la redacción, convirtieron en epopeya su empecinada resistencia y eyectaron a las autoridades de esa etapa hacia una sede lejana y sin mando real. No solo nada cambió, sino que durante los cuatro años del cuarto gobierno kirchnerista, que culminó el 10 de diciembre último, la agencia volvió a expandirse y ejerció una militancia informativa a favor del oficialismo de una ostensible virulencia.

Como los gatos, Télam tiene siete vidas (o más): en los primeros años 60, el presidente Arturo Frondizi la privatizó, en tanto que su sucesor, José María Guido, la clausuró. En la década del 90, Carlos Menem ordenó su liquidación y ya en los 2000, Fernando de la Rúa volvió a intentarlo. Siempre Télam logró sobrevivir. Ahora Milei busca demostrar la eficacia del axioma un tanto brutal que afirma que “lo que no se consigue por las buenas se consigue por las malas”: mandó a vallar la sede central de la agencia y dispensó al personal de presentarse a trabajar.

El operativo relámpago había comenzado con el sorpresivo anuncio presidencial en el Congreso, 48 horas más tarde se vedaba el paso a esas oficinas y se la borraba de un plumazo del mundo virtual. “Página en reconstrucción”, dice en su sitio caído, ilustrado con un escudo nacional. Sus empleados se expresan en somostelam.com.ar.

La supresión, sin previo aviso, de Télam (se verá si de manera momentánea, definitiva o se transforma en algo distinto) ahonda la problemática de “desiertos informativos”, un preocupante concepto investigado por Fopea, que demuestra que casi la mitad del país está subinformado. En aquellas localidades con medios de recursos escasos, Télam les aportaba, más allá de la política, una diversidad temática que desapareció de la noche a la mañana.

“Saluden a Télam que se va”, se ufanó de modo innecesariamente irónico Manuel Adorni, como si aún fuera nada más que el tuitero que se luce ante su núcleo duro de fanatizados seguidores en vez de asumirse como un serio vocero presidencial que le habla a la ciudadanía con aplomo. Debe cuidarse de parecerse a Gabriela Cerruti, su predecesora en el cargo. Más allá de las camarillas de propagandistas entusiastas del oficialismo de turno y de las capas geológicas de capangas sindicales con sus nefastos negocitos, hay en Télam profesionales valiosos que no merecen ese trato, mucho menos si están a las puertas de quedarse sin trabajo.

¿Puede el presidente Milei cerrar Télam por decreto? No hay una respuesta categórica y definitiva. La agencia fue creada por ese tipo de norma no legislativa durante la dictadura militar de la que emergió Juan Domingo Perón, justo en el año clave de su ascenso al estrellato popular: 1945.

Pero fue otro régimen de facto, el encabezado por Juan Carlos Onganía, también por decreto, el que la estatizó lisa y llanamente. Durante su interinato, Eduardo Duhalde la convirtió en sociedad del Estado, aunque no por ley, sino que una vez más se apeló a un decreto. Las sociedades del Estado no pueden bajar su cortina de no mediar una ley del Congreso. Pero Télam no adquirió esa entidad por decisión legislativa, sino por una norma de excepción dictada por un presidente “creado” por el Parlamento. La batalla legal que se viene promete ser colosal.

¿Es necesario contar con medios gubernamentales? La respuesta es: no, definitivamente no.

Aunque distintos gobiernos reorganizaron más de una vez el sistema de comunicación estatal, nunca hubo interés real en sacar de la órbita del poder de turno su manejo efectivo y en redactar un manual de procedimiento que garantice la ecuanimidad y calidad de sus contenidos. Raúl Alfonsín vislumbró ese problema y lo consignó en su plataforma preelectoral, pero durante su gobierno no quiso, no supo o no pudo avanzar para resolverlo.

De los 78 años que tiene Télam, 40 los pasó en la órbita de gobiernos peronistas variopintos que hicieron uso y abuso de ella convirtiéndola en arma propagandística de altísimo calibre. Otros 17 años obedeció los férreos dictados de dictaduras militares. En los 21 años restantes no se destacaron en prestigiarla las administraciones no peronistas, que tampoco se privaron de hacer un uso, aunque más solapado, a su favor.

Es verdad que hay temas que los medios privados no suelen desarrollar por no ser de su interés editorial, resultar poco rentable su cobertura o concitar poca audiencia. En esa instancia, el medio público de calidad se torna necesario complemento del menú informativo propuesto por la comunicación comercial. Puede cumplir un rol relevante en caso de catástrofes naturales o campañas sanitarias, liderar en temas de salud y cultura, y hacer docencia cívica en la agenda institucional, tan maltratada por la politiquería y los zamarreos mediáticos.

¿Es necesario, entonces, contar con medios públicos? La respuesta es: solo si no fueran gubernamentales, algo que jamás le interesó instrumentar formalmente a la Argentina.