Todos los Caputo de Milei conducen a la casta

Santiago Caputo fue el negociador más destacado del gobierno con la oposición por la fallida ley ómnibus. Un protagonismo que el asesor presidencial de mayor influencia en Javier Milei cedió parcialmente a Nicolás Posse en esta etapa. El jefe del Gabinete intenta acordar que una versión más acotada de esa norma sea tratada por el Congreso en abril. Entre las propuestas eliminadas del proyecto original, sobresalen las referidas a la reforma del régimen electoral. Sobre todo las que modificaban sustancialmente el financiamiento de la actividad política.

A quienes lo escucharon en el plenario de comisiones, les sorprendió que Caputo se haya concentrado en ese punto: defendió enfáticamente la supresión de cualquier tipo de límite a los aportes económicos de personas físicas y jurídicas a los partidos políticos y el incremento del dos al 20 por ciento de sus contribuciones a las campañas electorales. Una iniciativa que, además, incluía el fin de cualquier financiamiento público al proselitismo y la impresión de boletas.

La mayoría del plenario tuvo la impresión de que promovía un blanqueo para dejar a salvo de sanciones a supuestos infractores a la ley vigente. Si bien la Justicia Electoral es la que interviene en caso de su eventual violación, las causas abiertas por ese motivo tienen las características de un proceso penal y el acusado puede acogerse a las penas previstas por la ley más benigna aunque su sanción sea posterior al hecho que se juzga.

Quizás inspirados en las supuestas malas artes que Milei le atribuye a la casta, los diputados asociaron la vehemencia de Santiago Caputo con su tío, Nicolás. Más conocido por “Nicky” en el mundo de los negocios, sobre este Caputo giró uno de los debates que provocó la ley ómnibus. El gobierno no supo explicar por qué en medio de un ajuste brutal mantiene medidas excepcionales de protección a los ensambladores de productos electrónicos en Tierra del Fuego. El Estado perdería cerca de 1500 millones de dólares anuales por ese régimen. Nicolás Caputo es la cara visible de Mirgor. Junto a Newsan de Rubén Chernajovsky, las empresas más conocidas en esa actividad. Igual que Misiones, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires, Tierra del Fuego es de las provincias donde las leyes que regulan el funcionamiento de los partidos políticos no prevén un tope a los gastos en las campañas para elegir autoridades y legisladores provinciales.

A excepción de Corrientes, donde no hay financiamiento público, en las otras cuatro esos aportes se combinan con los privados. Por características y ubicación geográfica, estas jurisdicciones están entre las más vulnerables al narcotráfico y su reconocida versatilidad para colonizar instituciones públicas y privadas a través de su aparentemente infinita capacidad de financiamiento ilegal. Un detalle riesgoso en el que tal vez no haya reparado el ímpetu por liberalizar los gastos de campaña expresado por Caputo.

En abril del 2023, la Cámara Nacional Electoral instó a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a enviar las causas judiciales por narcotráfico que involucren a partidos políticos, dirigentes, apoderados o funcionarios públicos. El dictamen del tribunal que preside Alberto Dalla Vía hizo hincapié en “la creciente incidencia” de la “financiación ilegítima de la política” y “el flagelo que las contribuciones de la delincuencia organizada constituyen al diseño de un régimen de financiamiento de partidos y la actividad política que permitan salvaguardar la soberanía y la democracia.”

La Cámara solo audita gastos de campaña en las elecciones nacionales pero celebró convenios con organismos del Estado para controlar su financiamiento. El pedido de cooperación a las provincias se inscribe en la creciente inquietud por el desafío crucial que la penetración del narcotráfico plantea a la Seguridad y la Justicia en las provincias. Un fenómeno desnudado por la ola de homicidios en Rosario tras el endurecimiento de las condiciones de reclusión a los jefes de las organizaciones narco criminales.

Sicarios vinculados a la banda de Los Monos asesinaron a Mauricio Cordara de nueve disparos en Colón, provincia de Buenos Aires, a fines de 2022. Probablemente, el hecho más resonante de la actividad que los narcos despliegan en el triángulo conformado por Rosario y los partidos bonaerenses de San Nicolás y Pergamino. Colón es atraída por su cercanía a esa imaginaria figura geométrica cruzada por rutas provinciales y nacionales. Pero surcada también por caminos de tierra que los narcos habrían convertido en su propio corredor productivo.

Cordara era el chofer del diputado Pablo Ansaloni, que para esa fecha competía con José Voytenko por la conducción del sindicato de Peones Rurales (Uatre). Ese conflicto de poder sigue siendo la principal hipótesis del móvil del crimen para los fiscales. Los sicarios confundieron a Cordara con Ansaloni. La investigación por ese homicidio no experimentó grandes avances. En los penales bonaerenses hay 7200 detenidos por delitos vinculados al narcotráfico. Es decir, el 12,1 por ciento de la población carcelaria.

La Procuración General Bonaerense y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) se integraron en los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) para coordinar acciones en el combate a ese tipo de delito. Los ECI están detrás de la ruta que intentan seguir Los Monos en el conurbano. Gracias a una denuncia de la Federación Argentina de Autotransporte de Cargas (Fadelac), se desbarató el robo de camiones en la zona Sudeste que, con documentación adulterada, se vendían después en el Sur de Córdoba.

Río Cuarto corre el riesgo de convertirse en el vértice que transforme en un rombo al triángulo de Rosario-San Nicolás y Pergamino. Las autoridades cordobesas también colaboran con el ECI. El robo de vehículos, que incluye el de automóviles para su desguace en autopartes, sería el modo con que Los Monos están financiando la anexión de bandas locales en el Segundo y Tercer Cordón del conurbano. Una situación que vuelve comprensible la reacción de Axel Kicillof a la crisis en Rosario.

El gobernador bonaerense le envió al de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, casi un centenar de vehículos policiales. Esa solidaridad manifestada de forma casi espontánea le habría hecho incurrir a Kicillof en algunas omisiones, como la firma de un convenio de cooperación entre las dos provincias. Detalles accesorios frente a la urgencia que, según los constitucionalistas más exigentes, debería haberse resuelto con un pedido de autorización a la Legislatura. El Legislativo es un poder al que en apariencias Kicillof le reserva intervenir solo en cuestiones de extrema trascendencia.

Como el impuestazo aplicado a los contribuyentes y el endeudamiento para cubrir la pérdida del diez por ciento del total de ingresos de la provincia que Alberto Fernández le garantizó durante sus cuatro años de gobierno con fondos discrecionales: casi un billón de pesos al año. La Legislatura votó esas dos iniciativas el 28 de diciembre. El Día de los Santos Inocentes fue aprovechado por el kirchnerismo para incorporar a La Libertad Avanza a la Cámara de Diputados, el cuerpo que resiste como puede la entrega de la documentación que la exige la fiscal Bettina Lacky por la investigación de Julio “Chocolate” Rigau. La cálida bienvenida a los libertarios consistió en la creación de la secretaría de Relaciones con la Comunidad presentada el 28 de diciembre. Nahuel Sotelo propuso en la sesión de ese día que Matías de Urraza ocupe ese cargo. Sotelo es el jefe de la bancada libertaria que responde a Javier Milei.

De Urraza tiene una larga trayectoria en Diputados. Fue asesor de la diputada kirchnerista María Ratto y hasta 2023 de Carolina Buitrago, cuyo mandato finalizó ese año. Buitrago fue elegida por Juntos gracias a la intervención de Joaquín De la Torre, exministro de Gobierno de María Eugenia Vidal y actual senador provincial. De la Torre apadrinó también a Juan José “Juanjo” Esper para que encabece la lista de candidatos a diputados de Juntos en la Primera Sección.

El primer acto de Esper como legislador fue romper con la alianza por la que fue elegido. También en la sesión del 28 de diciembre, Esper comunicó su pase a la bancada de Sotelo. Entre las sospechas que cercan a la Legislatura, la más inquietante es la de ser la principal fuente de financiamiento ilegal de toda la política bonaerense. Sobre todo en períodos electorales. Otra, no menos importante, es que la cantidad de lugares entre las autoridades de la Cámara de Diputados expresaría la proporcionalidad con que se distribuyen esos recursos entre las representaciones legislativas.

La fractura de La Libertad Avanza en la Legislatura motivó en que el gobierno nacional fuerce el pedido de licencia de Sebastián Pareja a dos meses de ser electo senador provincial. Pareja fue el encargado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Fue designado subsecretario de Integración Socio Urbana para disimular la intervención de ese distrito que, en los hechos, ejerce Nicolás Posse.

Parece difícil que Sotelo haya propuesto a Urraza sin consultar al jefe del Gabinete en una situación tan delicada. No es la única que atiende el gobierno. Milei se presentó en el IEFA Latam Forum para anunciar el despido de 70 mil empleados públicos delante de Rodrigo Valdés. El jefe del Departamento Occidental del FMI había reclamado minutos antes que el ajuste no caiga sobre los trabajadores. Una crítica recurrente al plan de otro Caputo. Luis, ministro de Economía y primo hermano de Nicolás. ¿Celoso guardián del régimen especial de Tierra del Fuego? Conjeturas.

A Santiago Caputo se lo vincula también con la propuesta para que Ariel Lijo se sume a la Corte. La eventual designación del juez federal sigue sumando rechazos. El de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) podría guardar una sintonía muy remota con la irritación que causó en círculos diplomáticos que Milei le desee a Donald Trump su regreso a la Casa Blanca.

El Presidente saludó a Trump en un acto del Partido Republicano después de haber recibido en Buenos Aires a Anthony Blinken, secretario de Estado del presidente Joe Biden. El temor es que esa incorrecta intromisión en los asuntos internos de los Estados Unidos pueda repetirse cuando viaje a Miami para ser reconocido como “embajador internacional de la luz” por la comunidad judía. En sus dos últimas apariciones públicas, el Presidente pidió que la iluminación sea apagada. Tal vez para disimular que todos los Caputo de Milei conectan con la casta.