Un camino hacia la concordia

La guerra de los años 70 fue cruel, extremadamente cruel. Por un lado, miles de guerrilleros, adiestrados muchos de ellos en Cuba, la iniciaron y desarrollaron con asesinatos incalificables (el juez Quiroga, Rucci, Sacheri, Genta, Soldati, Mor Roig, etc.), secuestros seguidos de muerte (Aramburu, Ibarzábal, Larrabure, Salustro, etc.), asaltos a cuarteles, bancos, extorsiones, bombas y otros hechos vandálicos, hasta sumar un total de 20.642 entre los años 1969 y 1979. Su objetivo era alcanzar el poder para convertir nuestra república en un Estado totalitario marxista. Estas acciones no distinguieron gobiernos de facto o constitucionales.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales debieron enfrentar la agresión subversiva en defensa del Estado en cumplimiento de decretos firmados por la viuda de Perón e Ítalo Luder y refrendados por sus ministros. Esas fuerzas ejecutaron la orden de aniquilar la acción terrorista, no sin haber cometido extralimitaciones inadmisibles e ilegales. El presidente Alfonsín optó por ordenar el enjuiciamiento tanto de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas como de las cabezas de las organizaciones terroristas.

La sanción de las leyes de obediencia debida y punto final extinguieron todas las acciones penales promovidas contra ambos contendientes a excepción de oficiales superiores y jefes guerrilleros. En 1989 y 1990 se dictaron los indultos que extinguieron todas las acciones y penas privativas de la libertad.

Con la llegada al poder de los Kirchner, se abandonó ese camino hacia la concordia y se impuso un relato falso y asimétrico de los hechos, bajo la proclama de una falsa política de "derechos humanos" declarada política de Estado, bajo cuyo amparo comenzó una persecución teñida de venganza contra los hombres de las Fuerzas Armadas y de seguridad que reprimieron el ataque subversivo. Los agresores pasaron a ser "jóvenes idealistas", premiados con suculentas indemnizaciones y convocados para altísimas funciones públicas como ministros, legisladores, magistrados judiciales, etc. Esta vindicta incluyó también a civiles y religiosos, a designio del poder.

La nueva mayoría de la Corte, instalada a partir de 2003, se encargó de "remover los obstáculos", como sostuvo Lorenzetti, que se presentaban para la concreción de aquella política y, en consecuencia, poder reabrir los procesos y volver a juzgar por los hechos ocurridos 30 años atrás. Para concretar ese designio político de perseguir y castigar de por vida a los defensores del Estado acusados por delitos de lesa humanidad se violó el orden jurídico, no sólo en la materialidad de las leyes positivas que lo integran, sino incluso en los principios que constituyen desde hace siglos patrimonio jurídico y cultural de los pueblos civilizados. Así, se arrasó con el principio de legalidad -pilar de las libertades en el mundo occidental- al aplicar con retroactividad tipos y condiciones de delitos que no existían al momento de los hechos; se emplearon retroactivamente en perjuicio de los imputados leyes más gravosas; se desconocieron el instituto de la cosa juzgada y el de la prescripción, mientras que se privó al Legislativo y al Ejecutivo de los dos instrumentos soberanos -y por ende irrevisables- que la Constitución les dio para consolidar la paz interior, esto es, la amnistía y los indultos para cualquier clase de delitos, especialmente los políticos.

Puede afirmarse, sin exageración, que casi todo el mundo jurídico no ideologizado ha denunciado el atentado cometido contra la Justicia en nuestro país. Como también la herramienta empleada para ese fin, esto es, el proceder de muchos jueces y funcionarios judiciales de todos los niveles, quienes, olvidando el juramento esencial de impartir justicia, se prestaron a la fabricación política de juicios que quedarán, para vergüenza de esta generación de argentinos, como muestras de arbitrariedad, corrupción, fraude y prevaricación. La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, en dictamen del 25 de agosto de 2005, reprobó enfáticamente los pronunciamientos de la Corte.

El saldo de lo ocurrido en la Argentina al cabo de 12 años -que, a mayor abundamiento, se valió de la siembra permanente de discordia entre los argentinos como garantía de éxito- ha sido trágico, no sólo por el daño causado a la República y al bien común, sino porque ya son 344 los hombres que han muerto en cautiverio, la mayor parte de ellos sin haber recibido condena; mientras que más de 1600 ancianos y enfermos, encerrados en cárceles comunes, aguardan en condiciones inhumanas que se cumpla para ellos la misma sentencia de muerte. Con el estigma de lesa humanidad, se los trata como a los esclavos de antaño o a los parias, privándolos de todo derecho o garantía. Son los únicos a quienes se les deniega el beneficio de la detención domiciliaria y se los priva de una elemental asistencia médica. Son los únicos a quienes se mantiene en prisión provisional, sin condena, luego de dos, tres, diez y más años. Son los únicos a los cuales se les niega la aplicación de la ley penal más benigna para el cómputo de sus penas. Son los únicos a los cuales se les niega el instituto de la prescripción. Son los únicos a quienes no se conceden la excarcelación, la libertad condicional o las salidas transitorias de las que gozan legalmente todos los presos, no importa el crimen por el que hayan sido acusados o condenados

Esto debe terminar. El nuevo gobierno, la nueva dirigencia política, despojada de la ideología y del instrumento político del odio que caracterizó al kirchnerismo, hoy constituye una nueva esperanza y es indispensable que restaure la concordia y la vigencia de la justicia. La Argentina conmemorará pronto los 200 años de su independencia. ¿Puede haber fiesta nacional cimentada en el odio de unos contra otros, el deseo de venganza y, como marco general, la indiferencia de muchos?

La sinceridad en el reconocimiento de la verdad, el empeño en practicar la justicia, la inclinación a procurar la concordia, todo esto es necesario -aunque difícil- para asegurar la paz y la unidad nacional.

Presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia