Un fallo con varios mensajes

El fallo de la Corte Suprema en favor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires es significante. Por lo que dice, pero mucho más por lo que no dice y ha provocado. Es una sentencia esencialmente sugerente, que establece las coordenadas futuras sobre uno de los déficits mayores de nuestra organización nacional, el federalismo.

La verdad sea dicha: nunca hemos tenido un verdadero cuerpo de doctrina al respecto. Por dos grandes razones. Una condena geográfica, caracterizada por fuerzas centrípetas que llevan a concentrar todo en el puerto, y una dupla de errores constitucionales en 1994: la eliminación del Colegio Electoral, que aseguró el desarrollo de una extravagancia demográfica (el conurbano bonaerense), y el tercer senador por provincia, premio consuelo que reforzó un federalismo formal y sumiso.

Con este trasfondo, el caso que decidió la Corte es simple. En esa línea de federalismo de vasallaje, la Nación detrajo un porcentaje de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires en 2020. Tenía que ver con un traspaso previo de funciones de seguridad, que se había hecho como corresponde, por mutuo acuerdo. La Ciudad se opuso a la quita y pidió una medida cautelar, que le fue concedida. Como con cualquier medida precautoria, la Corte ponderó la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Y aquí sus grandes mensajes. Dijo que cualquier decisión relacionada con la coparticipación debe ser consensual y nunca unilateral. Dejó así en claro que el federalismo es búsqueda de armonía y compatibilización, nunca sometimiento. Lo otro: que la Ciudad había diseñado un presupuesto sobre la base de esta previsión, sobre un servicio público esencial, que se vio gravemente afectado por el cambio súbito. Alteración de reglas de juego, que impactó gravemente en su autarcía (la autonomía financiera).

Vaya mensajes. De un lado, promueve el federalismo de concertación, como dispositivo para propender a la unidad en la diversidad. Del otro, la autarcía: tiempo de que las provincias dejen de lado el argumento de la inviabilidad y empiecen a hacerse cargo, responsables plenas de sus recursos y de sus responsabilidades. Es, en definitiva, la habilitación de una tendencia sanadora y promisoria, de un auténtico federalismo.

Sobrevino la reacción inesperada del Poder Ejecutivo Nacional. En un desatino institucional sin precedente, e intentando no cruzar límites que llevarían a la responsabilidad penal, el Presidente firmó un comunicado en el que afirmó que se trata de “un fallo en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento”. Era un desconocimiento abierto a una sentencia del máximo tribunal, con consecuencias dentro y fuera del país: basta pensar en las defensas en juicios internacionales, en la deuda externa y hasta en juicios comunes locales. Si el Poder Ejecutivo no cumple una sentencia, qué queda para el resto. Ante el precipicio evidente, se mutó la naturaleza del incumplimiento. Ahora se propone pagar con bonos, interponer un recurso de apelación a una sentencia firme de la Corte y una recusación de todos sus jueces. El destino de la estrategia es el fracaso: el tribunal ordenó pagar cautelarmente como a todas las provincias, de manera líquida, inmediata y diariamente, no con bonos. Hay que tener en cuenta que la orden de la Corte a esta altura no es respecto de una deuda, sino de cómo se distribuye el flujo de coparticipación. Por lo demás, el recurso es improcedente; lo mismo la recusación, además de extemporánea.

Jurídicamente hemos visto de todo en estos últimos veinte años de gobierno del partido hoy oficialista, desde declaraciones de defaults, pesificaciones, pasando por expropiaciones mal hechas y luego jugosamente indemnizadas, hasta intentonas de copar el poder judicial con mucha ideología y poco mérito. Pero nunca se había llegado al extremo de incitar el incumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema. Con esto se toca fondo y se abre una caja de Pandora. No es un tema político como se lo quiere presentar. Es un acto irresponsable que toca una de las fibras institucionales más importantes. Para entenderlo con claridad, el Estado de derecho presupone como condición esencial que las sentencias sean cumplidas. En la larga evolución que han tenido las civilizaciones del hecho al derecho, el respeto a las decisiones judiciales es un pilar; sin eso no hay nada más que la vuelta al Estado hobbesiano elemental, de todos contra todos, sin ley. Lo grave es que es el Presidente el que lo promueve, el primero que debiera someterse al imperio de la ley. Federalismo no es quitar a la ciudad de Buenos Aires para darle a la provincia de Buenos Aires; menos juntar para una foto gobernadores que nada tienen que ver, porque no son parte del juicio. Tampoco argumentar livianamente que no se puede cumplir un fallo de la Corte: no prever un eventual resultado adverso en esa instancia es de una improvisación inaceptable en un gobernante.

Estamos en los estertores de un ciclo que muestra su peor faceta: el valor de la palabra presidencial devaluada; la reinstauración del federalismo folclórico y agonal, por sobre el de federalismo de concertación, y la promoción de un debilitamiento institucional desde el incumplimiento. Es insólito, grave y peligroso. No hay excusas. ß