Un número mágico para la Corte Suprema

La década del 90 comenzó con una mancha en la vida institucional argentina: a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional, el Congreso de la Nación aprobó la ampliación de la Corte Suprema. Pasó de tener cinco jueces (su número histórico) a contar con nueve.

Detrás de la ampliación flotó siempre la percepción de que el nuevo número respondía a la conveniencia del gobierno de turno. Le llevó años a la sociedad purgar esa impresión instintiva y fundada. Si ello se logró fue seguramente gracias a que ninguna de las presidencias que siguieron a la de Carlos Menem amplió el tamaño de la Corte. Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri tuvieron esta coincidencia: no tocaron la Corte con fines políticos. En un país en el que nos resulta fácil mirarnos al espejo sin encontrar manchas, la señalada coincidencia aparece como una inusitada bendición, digna de aplauso.

El actual presidente decidió sumarse temprano al precedente de sus cuatro antecesores y al poco de asumir declaró que no tenía intención de cambiar el tamaño de la Corte Suprema. Sin embargo, en estos días de pandemia que corren, en que los comités de expertos producen magias otrora vedadas, podría ocurrir que un nuevo comité ayudara a borrar con el codo lo declarado con la mano. A lo cual se suma la flamante y acaso provocativa presentación de un proyecto de ley de ampliación de la Corte, por parte del senador Adolfo Rodríguez Saá. Todo ello justifica repasar el problema del tamaño del más alto tribunal del país.

Lo primero que conviene entender es que no hay, en el plano de los principios, un número mágico de miembros para la Corte Suprema. Si lo hubiera, los actuales vientos de reforma podrían tener más sentido. Como no lo hay, el posible cambio pasa a ser automáticamente sospechoso, como ocurrió con la ampliación dispuesta por Menem hace treinta años.

En la Constitución de 1853, el número de miembros de la Corte Suprema estaba fijado, en nueve jueces, por el texto mismo de la Constitución. Esto cambió en la reforma de 1860, cuando se quitó el número de la Constitución y se lo dejó en manos del Congreso (tal como había hecho antes la Constitución de los Estados Unidos).

En 1862, el Congreso argentino fijó el número en cinco, cifra que se mantuvo intacta durante casi cien años. En 1960 se amplió el tamaño de la Corte a siete integrantes, pero ello duró poco: en 1966 se lo retrotrajo al histórico número de cinco, hasta que en 1990 se dispuso el ya recordado drástico aumento a nueve.

Por iniciativa de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, una ley de 2006 resolvió que se operaría una reducción gradual del número de integrantes, de nueve a cinco, a medida que los jueces se retirasen del tribunal, por la razón que fuera. Así fue como llegamos al número actual de cinco, de los cuales, recordemos, el más antiguo (Maqueda) fue propuesto por Duhalde; dos (Highton de Nolasco y Lorenzetti), por Néstor Kirchner; y dos (Rosenkrantz y Rosatti), por Macri.

Entonces, lo que importa no es tanto el número de miembros de la Corte sino que ese número se mantenga. Eso podemos aprender de las experiencias propias y ajenas en esta materia. No existe, reitero, un número mágico en sí mismo. El tribunal puede funcionar bien y cumplir su rol con cinco jueces y también con nueve (por poner dos cifras cercanas a nuestra práctica institucional). Habrá argumentos, menores, a favor y en contra de esos dos tamaños, algunos de los cuales fueron expuestos en estas páginas por un diputado de la oposición. Pero ninguno de estos argumentos, especialmente en nuestras circunstancias de un país inevitablemente agobiado y empobrecido, supera la razón para dejar, hoy, el número tal como está. Todo cambio sería hoy sospechado, máxime si se tiene en cuenta que, como pasaba a principio de los noventa, el oficialismo (con sus aliados) cuenta con los suficientes votos en las dos cámaras, dado que una ley como esta solo requeriría mayoría simple.

Los poderes públicos tienen mucho, y mucho importante, para hacer en estos tiempos de pandemia. Parece un poco tirado de los pelos sumar a la agenda un proyecto que en el peor de los casos podría minar la autoridad institucional del tribunal que se pretendería teóricamente mejorar. Hoy la Corte Suprema tiene un "número mágico". Ese número es el actual.

Profesor de Derecho Constitucional