Un salvavidas para Alberto Fernández

El unánime fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que revocó la decisión del Tribunal de Casación Penal provincial, firmada por el controvertido juez Víctor Violini, que dio lugar a un habeas corpus colectivo y permitió la salida de las cárceles y el beneficio de la prisión domiciliaria de numerosos presos, fue un salvavidas para el presidente Alberto Fernández.

Desde el principio, el jefe del Estado quedó atrapado en un debate en el que, más tarde que temprano, se dio cuenta de que no debía ser protagonista. Aunque en los últimos días Fernández trató de alejarse de la discusión sobre las masivas prisiones domiciliarias para detenidos en función del avance del Covid-19 y de plantear que se trataba de una cuestión estrictamente judicial y ajena al Poder Ejecutivo, la indignación social ante la ola de liberaciones y la flexibilidad de los criterios aplicados por los jueces nunca dejó de rozar al gobierno nacional.

Los hechos pusieron en un aprieto al primer mandatario, porque lo forzaban a ponerse del lado de la opinión pública, que en más del 80% rechaza la salida de los presos de las unidades penitenciarias, o del lado del kirchnerismo, sector al que se ve detrás de la cuestionada medida.

De hecho, el mensaje de Alberto Fernández frente a los acontecimientos fue variando. Pocos días después de que el viernes 24 de abril estallara un violento motín en la unidad penal de Devoto, el Presidente respaldó públicamente las excarcelaciones con el pretexto de que se debía disminuir el riesgo del coronavirus en las cárceles.

A medida que se fueron conociendo datos sobre un gran número de concesiones de prisiones domiciliarias a presos por violaciones, femicidios y otros graves delitos, fue creciendo la indignación en la opinión pública, cuya principal manifestación fue el extenso cacerolazo iniciado a las ocho de la noche del jueves 30 en las principales ciudades de la Argentina.

Hasta pocas horas antes de esa protesta, el Presidente hablaba de campañas mediáticas malintencionadas. Aunque sin desdecirse de ese juicio de valor, después del ruido de las cacerolas, buscó tomar una prudente distancia del conflicto, escudándose en que se trataba de un problema pura y exclusivamente judicial. "El tema de los presos lo resuelven los jueces, no el Gobierno", se preocupó por enfatizar Fernández la semana última, al tiempo que aclaró que nunca recurriría a una conmutación de penas o a una facultad presidencial con la que dijo estar en desacuerdo, como los indultos.

¿Podía hablarse de un conflicto netamente judicial cuando el propio secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, había impulsado la prisión domiciliaria para el exfuncionario Ricardo Jaime, condenado por hechos de corrupción? ¿O después de que, tras presiones políticas inocultables, se beneficiara con la detención domiciliaria al exvicepresidente Amado Boudou, condenado y procesado por varios delitos en el ejercicio de la función pública? ¿O frente a las evidencias de que el propio secretario de Justicia, Juan Martín Mena, estrechamente vinculado a Cristina Kirchner, participó de las negociaciones con los presos de Devoto?

Lo cierto es que a la cabeza de las principales preocupaciones en la agenda del cristinismo figura la suerte de los políticos presos –y no presos políticos como afirman muchos dirigentes kirchneristas– y de los no pocos exfuncionarios procesados por hechos de corrupción, incluida la actual vicepresidenta de la Nación en primerísimo lugar.

Las comparaciones suelen resultar odiosas. Pero los episodios de violencia producidos en el penal de Devoto y las posteriores negociaciones entre presos y representantes del Gobierno trajeron a la memoria de muchos argentinos los penosos sucesos de aquel 25 de mayo de 1973, el mismo día en que Héctor Cámpora asumió la presidencia de la Nación, cuando, en medio de movilizaciones de militantes de Montoneros, del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y de otras organizaciones extremistas, y con el pretexto de que las cárceles estaban llenas de presos políticos, se abrieron las unidades penales y se liberó a miles de delincuentes de todo tipo.

Esta vez, la atenta reacción de la ciudadanía impidió un hecho parecido.