Una lucha por el derecho

La cultura bien puede definirse como la lucha por el derecho. Eso decía Ihering, recordando el encuentro entre las tribus bárbaras y los romanos: unos, munidos del derecho en su plenitud; los otros de un sistema de reglas más básico, el de las pasturas para su ganado, que los llevaba a una vida errante, valiéndose de la ley de la fuerza.

Las autoridades del Senado de la Nación decidieron desobedecer un fallo de la Corte Suprema. Estamos ante el perfeccionamiento de un modus operandi que ha ido mutando, perdiendo formas y composturas. Empezó con eufemismos como la democratización de la justicia; pasó a la trampa rábula y avanza ahora hacia su expresión más auténtica, la barbarie lisa y llana.

Res judicata pro veritate habetur: la cosa juzgada se tiene por verdad. Este es uno de los pilares de cualquier sistema jurídico mínimamente desarrollado. Una vez que se dicta una sentencia firme, no queda más que cumplirla. Los tiempos de los argumentos y las defensas se extinguen con el proceso previo. No hay después de la sentencia.

Ese principio es la encarnación de una tabla axiológica, que pone a la justicia en el vértice superior de una pirámide. Desconocer una sentencia no sólo es una intentona absurda de convertir el proceso judicial en una circularidad interminable, un laberinto de enredos y dilaciones, sino y sobre todo es un punto de quiebre que puede marcar el inicio de una decadencia irrecuperable.

Para ser más claros, hay hechos que exceden la coyuntura, que permiten entrever algo más grave que la viveza criolla del viejo Vizcacha, protagónica en el comportamiento histórico de este oficialismo de mil caras. Eso parece haber quedado superado por la falta de legitimidad, la torpeza y la contundencia adversa de los hechos. Lo que está ocurriendo es un desafío a la axiología de valores sobre la que se asienta el sistema, y sin la cual no puede funcionar.

Esta primera acción barbárica anuncia, por lo demás, la actitud que desde otro poder del Estado se tomaría con fallos inminentes de la justicia. Sería algo así como: si no tengo argumentos, dilato; si pierdo, desobedezco. La involución civilizatoria del derecho a la barbarie, convirtiendo a la historia en un cementerio de errores más que espacio de aciertos anteriores en los que aprender.

La peor enfermedad institucional es la falta de justicia. Tiene carácter terminal, porque es un valor medular: casi cada acto de gobierno se trata de dar a cada uno lo suyo. Eso es lo que está sufriendo la Argentina y se patentiza en todo, desde los niveles de pobreza e indigencia hasta la animadversión de los mercados, la fuga de jóvenes, hasta el estancamiento económico y la falta de inversión.

Es mucho más que un capricho o una bravuconada política lo que estamos presenciando. Es superar un límite que mejor no franquear, porque como ya lo dijo el jurista Bielsa: “Si la justicia anda bien, aunque todo ande mal, puede andar bien; si la justicia anda mal, nada puede andar bien”.