Otra cajita –huele a curro– que, si fuera de juridicción nacional, ya el presidente Javier Milei seguramente le estaría pegando un vistazo. Se trata de un mecanismo consentido por la AGIP (la porteña Administración Gubernamental de Ingresos Públicos).
En estos tiempos de vacas flaquísimas no es raro que haya contribuyentes que se atrasen con el pago del oneroso ABL si sus famélicas cuentas no alcanzan a cubrirlo.
Pero hay algo mucho peor que cajonear esa factura. El día en que puedan ponerse al día, antes deberán atravesar un inesperado infierno ya que, pasado cierto tiempo, la deuda se judicializa. La misma puede ser normalizada en seis meses sin intereses. Pero no se puede avanzar si antes no se le abona al “mandatario” judicial, que hasta entonces no ha movido un solo dedo y que solo lo hará para cobrar del desgraciado deudor los siguientes ítems: sus abultados honorarios ($173.811,50), lo que corresponde a la Procuración ($61.456,50), $1902 más en concepto de tasa judicial y otros $300 por “gastos”. Total: la friolera de $237.470 (que exigen en riguroso contado). Paradójicamente puede resultar una cifra más alta que la deuda original que, a continuación, se puede pagar en cuotas. De locos.
