A 27 años de la voladura de Río Tercero, los damnificados reclaman indemnizaciones adeudadas y piden imputar a Taiana

CÓRDOBA.- Ayer se cumplieron 27 años de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero que dejó siete muertos, 300 heridos y casas destruidas, y todavía hay unas 9.000 personas que esperan cobrar la indemnización por daño moral y gastos fijada por la ley.

Ante la falta de pago, el abogado Daniel Ponce, representante de los damnificados, pidió que se impute al ministro de Defensa, Jorge Taiana, por “desobediencia a la autoridad”. El juzgado ya le corrió vista al fiscal, que ahora debe decidir si avanza.

En 27 años, el Estado pagó unas 2000 indemnizaciones por sentencia judicial. La respuesta de Defensa es que la demora se debe a la “inacción” de la gestión anterior; cambios en el bono de pago y a que la oposición no aprobó el presupuesto 2022.

El pago de indemnizaciones fue fijado por la ley nacional 27.179, sancionada en 2015, que recién fue reglamentada en 2018. La Justicia determinó que la explosión fue intencional para encubrir un faltante de armas para venderlas a Ecuador y Croacia, durante el gobierno de Carlos Menem. Las condenas cayeron solo sobre mandos medios.

Hace 14 meses, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, emplazó al Estado Nacional a que en 30 días pagara las indemnizaciones pendientes en 400 casos representados por el abogado Ponce, quien patrocina a unas 8.000 personas. Después de varios meses, al inicio de este año, desde el Ministerio de Defensa plantearon que saldrían 200 pagos mensuales, lo que no se cumplió.

Ochoa, además, fijó que el Estado debe pagar $1000 por persona de multa diaria por la demora en pagar. En un caso Defensa apeló, pero en otros 400 no lo hizo oportunamente, por lo que por ahora corren $400.000 diarios.

Ponce se presentó ayer ante la Justicia. Presentó un escrito en el que señaló que “dotados los damnificados de una paciencia sin límites” esperaron la reglamentación del Bono de Consolidación Décima Serie (PR 10), que era la causa esgrimida por Defensa “para no cumplir”. La reglamentación salió el 5 de septiembre por la resolución 571/2022 dictada por Sergio Massa.

“A casi sesenta días de contar el Ministerio de Defensa con la reglamentación del bono de consolidación (PR 10), ha incumplido con la manda judicial de realizar los depósitos en la cuenta y por tanto corresponde que se haga efectivo el apercibimiento”, reclama el abogado.

En 1995 Menem, por decreto, fijó los montos indemnizatorios “a cuenta” de la cifra que surgiera después para fallecidos, lesionados, daños en vehículos y en viviendas. No abarcaba el daño moral. Esos pagos se comenzaron a realizar, pero el 24 de noviembre hubo una segunda explosión del material acumulado, lo que provocó un impacto psicológico extra.

En 1997, en el marco del proceso penal, se plantearon 14 acciones civiles que representaban a unas 10.000 personas por daño moral y psicológico y gastos derivados de las explosiones. El fuero federal decidió que las acciones civiles se dirimieran en la órbita civil y en 2003 se armaron 5000 expedientes. La causa llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se le asignó el caso 13.525.

En 2007 se suspendieron los procesos para que las indemnizaciones salieran por ley, pero el primer proyecto perdió estado parlamentario. En 2015 otro fue sancionado. La reglamentación surgió como consecuencia de un amparo judicial. Las indemnizaciones que faltan pagar son de los casos en los que se suspendió el proceso judicial para que saliera la ley. Incluso por la norma, quienes cobraron, pueden reclamar una diferencia.

“El 30% de los damnificados murió, lo que complica la situación porque hay que seguir con los herederos -dice Ponce a LA NACION-. Cuando empecé todo esto, pedí el beneficio de litigar sin gastos porque la mayoría de la gente no tenía para pagar”.

Mientras los damnificados esperan cobrar, avanza en el Congreso una iniciativa para crear una universidad nacional en Río Tercero en concepto de “reparación histórica por los daños y perjuicios” que provocó la explosión. Tiene el aval de rectores de universidades públicas.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Gabriela Brouwer de Koning, oriunda de Río Tercero, es la autora del proyecto y además reclama al Gobierno que “cumpla con el pago de las indemnizaciones”.

La respuesta oficial

Consultado por LA NACION, el Ministerio de Defensa respondió que “las demoras se deben a la inacción de la gestión que gobernó entre 2015 y 2019″.

“Es nuestra gestión la que inició los pagos y asumió el compromiso de llevar adelante el proceso de regularización administrativa”, dijeron.

Explicaron que se creó la Comisión de Trabajo Río Tercero en la jurisdicción del Ministerio de Defensa y resumieron lo hecho. “Se comenzó la tramitación en más de la mitad de los expedientes iniciados (aproximadamente 6000) y se finalizó el trámite interno de 500 expedientes que cuentan con una liquidación conforme a los bonos de 8va serie y esperan documentación faltante de la parte actora, y/o se encuentran a revisión de los organismos de control”.

Describieron que “hasta mayo de 2022 se venía pagando con bonos de 8va serie”, lo que después cambió por los “Bonos de Consolidación Décima Serie”. Esa transición, indicaron, “alteró” el procedimiento provocando “severas demoras” ya que vuelven “a efectuarse consultas a los Órganos de Control y a Economía (intercambios de correos, comunicaciones oficiales y reuniones) a fin de consensuar modelos de documentos a presentar, determinar el curso a seguir respecto de diferentes situaciones que surgen en la tramitación de las indemnizaciones e incluso, la adecuación de resoluciones de esta jurisdicción relacionadas con la temática abordada”.

“Actualmente se han suspendido los pagos porque la oposición no votó el presupuesto 2022 y no haya bonos para esos pagos”, añadieron.