Arabela Carreras: "Es un mensaje muy inadecuado que un juez les diga a los vecinos que la solución más rápida es la toma"

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La ocupación de 60 hectáreas en una reserva forestal de El Bolsón y un reciente fallo judicial que exige al Estado en su conjunto dar respuesta habitacional a más de 130 familias allí instaladas, volvieron a dejar al descubierto diferentes miradas sobre un conflicto que ha recrudecido en los últimos meses producto de la pandemia y que genera gran preocupación en intendentes y gobernadores. "Es un mensaje muy inadecuado para una sociedad que un juez les diga a los vecinos que el camino más rápido para encontrar una solución habitacional es la toma", dijo la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, en una entrevista con LA NACION, en una clara apelación al juez Gustavo Zapata, quien hizo ese planteo. De hecho, ayer las autoridades del frente Juntos Somos Río Negro, que integra la gobernadora, acordaron realizar una denuncia conjunta al juez, por negarse a indicar acciones de desalojo.Las mesa de conducción partidaria, de la que participan 18 intendentes, coincidieron en "rechazar las tomas por ser ilegales y dañinas para la sociedad en múltiples sentidos".

-¿Cómo actuará la Provincia frente a este fallo judicial?

-Vamos a seguir por la vía judicial, marcando que el fallo es de imposible cumplimiento. Recibimos una notificación en el Ministerio de Desarrollo Humano y de igual forma el municipio fue notificado, pero como justamente entendemos que es un fallo de imposible cumplimiento lo plantearemos en la Justicia. Ya está el área de Legal y Técnica trabajando en eso.

-¿Cómo evalúa los planteos del juez y el punto donde habla de la ‘deficitaria política estatal en materia habitacional’ y las ‘inmensas porciones de tierras’ que no pueden ser controladas por el Estado y permiten estos asentamientos de familias completas?

-Respecto de las tomas, como es un problema complejo, hay una multiplicidad de miradas, seguro todas aportan algo de cierto. La toma es ilegal, es cierto; la toma es producto de carencias, es cierto. Pero las soluciones son complejas, no son soluciones simples, el juez en su fallo impone a la provincia, al municipio y a la Nación brindar una solución habitacional en el plazo de 15 días. Es de un simplismo muy grande. Si el Estado tuviera la posibilidad de brindar alojamiento a estas y otras familias, se hubiera resuelto mucho antes. Esta es una situación que se está produciendo en todo el país. Cómo un juez habla del Estado como si no fuera parte del Estado, su mirada puede ser real o válida, habría que debatir qué pasa con la tierra, pero más allá de su posicionamiento personal, que un juez hable del Estado sin hacerse cargo que es un actor fundamental del mismo es un poco extraño.

-¿Qué es lo que más preocupa de esta situación?

-Que no se comprenda lo difícil que es y el tiempo que lleva dar una respuesta habitacional. Hay un proceso administrativo, es tener un desconocimiento de los recursos y de lo dificultoso que es el financiamiento para la provincia. Es un mensaje muy inadecuado para una sociedad que un juez les diga a los vecinos que el camino más rápido para encontrar una solución habitacional es la toma. La gente pasa años ahorrando para tener una vivienda, obtener una solución en 15 días es un mensaje irreal que conceptualmente no construye una sociedad del esfuerzo o una sociedad mejor. Lo que más me preocupa es el resultado final de la conclusión del juez: denles una casa.

-¿Cómo se debería actuar frente a la situación de ocupación?

-Hay muchas miradas, cuando uno dice desalojo no tiene que ser algo violento. Puede ser una mesa de diálogo para una búsqueda de soluciones; no es la primera vez que estamos frente a una situación de ocupación irregular de tierra, incluso hemos logrado desalojar predios. Es posible hacerlo sin recurrir a una violencia que tampoco es aceptable, no acuerdo con eso y tampoco con una intervención de las fuerzas federales, en absoluto. Nuestra obligación es buscar esas alternativas, estamos buscando dónde tiene tierras el Estado o cómo adquirirlas a través de un particular, tenemos un programa en el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) que se llama ‘Camino a Casa’ que pone infraestructura de servicios sobre esa tierra para lotear ordenadamente. Pero la tenencia irregular no es aceptable, porque perdemos todas las normas de convivencia que tenemos que mantener para tener una sociedad razonable.

-¿Cree que hay intereses generados detrás de las tomas, más allá de la necesidad?

-Es importante entender que hay una variedad de situaciones y realidades en las personas que están hoy en la toma de El Bolsón y en otras que hay en la provincia. No me gusta caer en la generalización, evidentemente detrás de la necesidad suelen colarse otros intereses. Hay situaciones de madres solas con chicos, y hay que tener una mirada diferente sobre esa situación de vulnerabilidad, frente a otros que quizás podrían esperar. Por eso tenemos que generar ámbitos de trabajo para distinguir estas realidades, lo que no podemos hacer es magia.

-¿Cómo se trabaja para hacer frente a esta problemática?

-Trabajamos de manera constante, hay mucha tierra en el país pero poca disponible cerca de las ciudades, no cualquier tierra es suelo urbano, si no tiene servicios no es habitable. En este momento estamos construyendo 1005 viviendas en toda la provincia, y entregamos 216 desde el 10 diciembre cuando asumimos, son planes que vienen de larga data y que se llevan adelante con fondos propios de la provincia.

-¿La reserva forestal de El Bolsón es una de estas áreas no urbanizables?

-Sí, es el caso de la reserva forestal -propiedad del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)-, así como mucha otra tierra que parece disponible pero que no lo está.

-¿La situación de tomas se replica en otros puntos de la provincia?

-Hay algunos municipios con distintas situaciones de ocupación, se dieron más en el último tiempo. En muchas situaciones a las 2 de la mañana hemos llamado a un fiscal para que intervenga y hemos logrado tener diálogo con esas personas que intentaban tomar un lugar, con un rol muy importante de los intendentes en su capacidad de diálogo con los vecinos, de la policía, del procurador general y los ministros.

-¿Es un tema solo de la zona Andina, Bariloche y El Bolsón? ¿Cómo sigue la situación en Villa Mascardi?

-No es sólo de la zona Andina, en las zonas del Valle también hubo. Prefiero no especificar, pero se han dado en varios lugares en el último tiempo. En cuanto al tema Mascardi no quiero mezclar porque es una situación totalmente distinta.

-¿Hubo experiencias de desalojo pacífico?

-Hubo experiencias de desalojo y de otras situaciones donde se evitó la ocupación cuando hay algún referente que avisa. Lo que se hace es atender la necesidad, se genera un registro teniendo en cuenta las situaciones de vulnerabilidad. Pero una cosa es ese registro y otra la solución habitacional, en este caso hay una dificultad material, aun teniendo el dinero, quién puede construir una casa o 130 casas en 15 días.

-¿Hay apoyo del gobierno nacional para dar respuestas?

-Hace 4 años que la Nación no invierte en viviendas. Hubo una política nacional de no invertir, se generaron planes durante el gobierno de Cristina Kirchner como el Programa Techo Digno, que se otorgaban a través de los municipios pero que en muchos casos no tuvieron la capacidad económica y técnica para avanzar. La provincia tomó ese compromiso y desde que asumí no se ha parado la construcción. Ahora hay dos aspectos en los que estamos trabajando que no se han concretado materialmente. Uno es para construir 1700 nuevas viviendas, es decir duplicar las que se están construyendo al momento, que están con tierra y proyectos de obra a la espera de que Nación genere un financiamiento. Y el otro es un programa en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para la identificación de tierra urbanizable.

-¿Cree que el discurso de algunos referentes como la ministra de Seguridad Sabina Frederic alientan estas situaciones de toma?

-Hay distintos discursos, seguramente hay detrás algún movimiento que le da un marco o que lo alienta, pero bueno en democracia todos los pensamientos son posibles, el tema es cómo responde el Estado y las instituciones. Y la Justicia es el Estado, pero en este caso –en relación a la ocupación en El Bolsón- la Justicia cree que el Estado son los demás.